La violencia contra los periodistas en México no se detiene. El cuerpo de Francisco Romero, excolaborador del semanario Playa News, ha sido encontrado en la madrugada de este jueves en la localidad turística de Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo, al sur del país. Romero cubría informaciones de sucesos en el popular destino vacacional y había denunciado amenazas ante las instituciones, por lo que estaba en un sistema oficial de protección para activistas y comunicadores. Es el sexto reportero asesinado en lo que va de 2019 según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés).
El cadáver de Romero ha sido hallado junto a una motocicleta, en el exterior del bar La Gota del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), y ha sido trasladado al servicio forense para determinar las causas de la muerte. Aunque estas todavía no han trascendido, el cuerpo presentaba golpes y el rostro estaba desfigurado, según un informe policial al que ha tenido acceso la agencia Efe.
Romero es el segundo reportero que muere este año pese a estar acogido al programa de defensa de periodistas del Gobierno federal – el comunicador Rafael Murúa, asesinado en enero en Baja California Sur, fue el primero-. Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, señala que estos episodios muestran las fallas de un mecanismo que no cumple su objetivo. “La cobertura es insuficiente para garantizar la protección de los periodistas. Seguimos esperando una política contundente e integral de parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, asegura. Además de formar parte de este mecanismo, Romero había denunciado amenazas hacía tan solo cuatro días ante la Fiscalía estatal, según ha reconocido este jueves la institución en un comunicado.
El comunicador se inició en la profesión hace cinco años como fotógrafo y ahora escribía “nota roja”, como se conoce en México el género dedicado a cubrir el crimen, para varios medios digitales locales en Playa del Carmen. Esta meca del turismo mexicano se halla inmersa en una fuerte escalada de violencia desde hace dos años. El semanario Playa News, para el que Romero había colaborado, ha sido una víctima importante de esta ola. Su fundador, Rubén Pat, fue asesinado en julio del año pasado, un mes después de que tirotearan a otro colaborador del mismo medio, José Chan Dzib, en vísperas de las elecciones presidenciales.
Tras la muerte de Pat, Romero decidió alejarse de Playa del Carmen por un tiempo, pero a los pocos meses regresó para retomar su actividad periodística y volvieron las amenazas, algunas de ellas de parte de funcionarios públicos, según relató en ese momento a CPJ. El trabajo de Romero como reportero de calle que cubría temas de delincuencia le hacía especialmente vulnerable. Aunque todavía no se ha establecido el móvil del crimen, Hootsen apunta a cambios de poder entre bandas y a la volatilidad del ambiente imperante como una posible explicación.
El incremento general de la violencia en el país ha sacudido de manera especialmente intensa a Quintana Roo, el Estado que alberga Playa del Carmen además de otras joyas del turismo como Cancún y Tulúm. El Índice de Paz México, un compendio basado en varios factores como el número de homicidios y de delitos con violencia, sitúa a esta entidad como la cuarta más peligrosa, tras caer seis posiciones en el ránking de un año a otro. El 13 de mayo un ataque armado en un bar de Playa del Carmen dejó un muerto y 11 heridos, algunos de ellos graves. Un día después, el Gobierno de Quintana Roo asumió las competencias de seguridad que antes ejercía el cuerpo municipal.
Con seis periodistas asesinados en tan solo cinco meses, 2019 va camino de convertirse en el más mortífero en años para la profesión. Según el conteo de la ONG de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, nueve fueron asesinados en 2018, último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, durante el que murieron 47 reporteros. Más del 99% de estos casos se queda sin resolver, según la organización. Frente a esta situación, Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía estatal que investigue el ataque a Francisco Romero de “manera inmediata y cabal”.
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