Diez desactivadores de minas fueron asesinados a sangre fría en Afganistán el martes por la noche, según ha confirmado este miércoles Halo Trust, la organización de desminado sin ánimo de lucro para la que trabajaban. Hasta ahí los hechos. La autoría del ataque es objeto de disputa. El Gobierno de Afganistán ha responsabilizado a los talibanes, pero un portavoz de la guerrilla lo ha negado y el director de la ONG ha declarado que la rama local del grupo ayudó a sus empleados a repeler a los asaltantes.
El ataque se produjo el martes a las 21.50 hora local (las 19.20 hora peninsular española) cuando unos pistoleros irrumpieron en el campamento de desminado de Halo en la provincia de Baghlan, al norte de Kabul. Diez empleados resultaron muertos y otros 16 heridos, según el comunicado de Halo. En el momento de la agresión había en el campamento unos 110 hombres, “miembros de las comunidades locales, que había terminado su trabajo en los campos de minas de los alrededores”. Los asaltantes fueron “cama por cama” disparándoles “a sangre fría”.
Tanto la policía de Baghlan como el portavoz del Ministerio de Interior, Tareq Arian, han responsabilizado a los talibanes. Según fuentes gubernamentales, la guerrilla ataca con frecuencia a quienes se ocupan de las tareas de desminado porque esos trabajadores ayudan a las autoridades a desactivar los artefactos explosivos que sus milicianos esconden en las carreteras. Sin embargo, la organización de desminado evita acusar directamente a nadie y atribuye la agresión a “un grupo armado desconocido”.
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Además, su director ejecutivo, James Cowan, ha declarado a la BBC que los talibanes locales acudieron en ayuda de sus empleados y lograron echar a los agresores. “No sabemos quiénes fueron los asaltantes. Podríamos especular, pero no voy a hacerlo. Considero que en Halo Trust tememos la capacidad de actuar en ambos lados de este horrible conflicto”, explicó este antiguo militar británico que está al frente de la ONG desde hace seis años.
La guerrilla talibán, cuyo objetivo declarado es derribar al Gobierno afgano respaldado por la comunidad internacional, han negado su implicación y condenado el ataque. “Tenemos relaciones normales con las ONG, nuestros combatientes nunca llevan a cabo semejantes actos brutales”, ha tuiteado su portavoz, Mujahid Zabihullah.
Desde que el año pasado los talibanes firmaron en Doha un acuerdo con EE UU para la salida de las tropas extranjeras, se han producido numerosos atentados y asesinatos que nadie se atribuye y que alientan el miedo entre la población. Pero esa guerrilla, que se comprometió con Washington a no atacar los grandes centros urbanos y reducir las víctimas civiles, no es el único grupo insurgente que opera en Afganistán. La rama local del Estado Islámico, que surgió en 2014, a menudo está detrás de las acciones más brutales.
Un vídeo que la policía de Baghlan ha compartido con los periodistas afganos parece apuntar en ese sentido en el ataque contra los desactivadores de minas. En él, uno de los supervivientes dice que, antes de disparar, los asaltantes preguntaron si había algún miembro de la comunidad hazara. “Llegaron cinco o seis hombres armados, nos condujeron a una habitación. Primero nos quitaron el dinero y los móviles, preguntaron quién era nuestro líder y si había algún hazara entre nosotros”, cuenta antes de añadir que le respondieron que no había ningún hazara. A pesar de resultar herido en la cabeza, el hombre dice que logró escapar por una ventana.
Los hazara, una minoría étnica que profesa la rama chií del islam, están en el punto de mira del Estado Islámico, un grupo supremacista suní que no reconoce su credo y les considera infieles. Han sido objetivo de numerosos atentados. El más reciente, el pasado 8 de mayo, contra una escuela de niñas en Kabul, dejó 85 muertos y 147 heridos. Sin embargo, ni el Estado Islámico ni los talibanes se responsabilizaron de este ni de otros ataques recientes.
Incluso cuando el Estado Islámico se atribuye un atentado, el Gobierno afgano culpa de forma rutinaria a los talibanes e insiste en que aquel fue desmantelado hace dos años cuando se destruyeron sus bases en la provincia de Nangarhar. Según el portavoz de Interior, entre el 24 de mayo y el 7 de junio, los talibanes han llevado a cabo 30 asesinatos, 115 ataques con bomba y 6 atentados suicidas, con el resultado de 75 civiles muertos.
La guerrilla talibán no sólo lleva dos décadas atacando a uniformados y civiles que trabajen para el Gobierno, sino que ante la retirada de las fuerzas extranjeras del país está tratando de ganar terreno, sobre todo en las zonas rurales. Sus milicianos disputan el control gubernamental en 26 de las 34 provincias del país y en los últimos días han logrado capturar diez distritos, según fuentes oficiales. Desde hace varias semanas, Baghlan es escenario de fuertes combates entre ellos y las fuerzas de seguridad.
Después de cuatro décadas largas de guerras sucesivas, Afganistán está sembrado de minas y munición sin explotar. Varias organizaciones trabajan para eliminar el peligro que plantea para la población, un esfuerzo que se redobló a partir de que EE UU echara del poder a los talibanes en 2001. Halo es la mayor de ellas y cuenta con presencia en el país asiático desde 1988. La mayoría de sus empleados no son artificieros sino habitantes de las zonas en las que trabajan, que conocen el terreno y a quienes la ONG forma para las tareas de desminado.
La salida de las tropas internacionales de Afganistán, que debe concluir antes del 11 de septiembre de este año, coincidiendo con el aniversario de la intervención estadounidense, ha desatado el pánico de los afganos que han trabajado con los ejércitos extranjeros y también entre el personal de las ONG. Temen que los talibanes tomen represalias contra ellos. A principios de semana, los talibanes difundieron un mensaje tratando de tranquilizarles y asegurando que, si se arrepentían de lo que habían hecho, no deberían tener ningún temor. El aumento de solicitudes de visados por parte sobre todo de traductores, es una muestra tangible de la desconfianza que generan.