Félix Vásquez encabezaba un grupo de defensa de la tierra en el país centroamericano, donde hace cuatro años se registró el homicidio de Berta Cáceres, otra líder ambientalista de la misma etnia, lenca, cuyo deceso tuvo una fuerte repercusión internacional.
Un líder indígena y ecologista murió el fin de semana en Honduras, en un hecho que las autoridades dijeron el lunes que investigan, mientras familiares y organizaciones civiles denunciaron que fue asesinado por un grupo hombres enmascarados y armados con pistolas y machetes.
Félix Vásquez encabezaba un grupo de defensa de la tierra en el país centroamericano, donde hace cuatro años se registró el homicidio de Berta Cáceres, otra líder ambientalista de la misma etnia, lenca, cuyo deceso tuvo una fuerte repercusión internacional.
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“Se ha reportado la muerte de este dirigente campesino en el departamento de La Paz (centro) y de inmediato las autoridades policiales han determinado iniciar la investigación correspondiente para dar una respuesta”, dijo a la prensa Kevin Hernández, portavoz de la policía hondureña.
Vásquez, quien era secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo y aspiraba a ser candidato a diputado por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), falleció la noche del sábado en la aldea El Ocotal, según familiares y organismos defensores de los derechos humanos.
“El Estado es responsable directo de su asesinato por sus omisiones frente a los graves riesgos de los cuales tuvo conocimiento oportunamente”, afirmó en un comunicado la Coalición contra la Impunidad (CCI), al recordar que el activista había denunciado persecución política desde 2017.
El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, pero el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que Vásquez había denunciado ante la Fiscalía “algunas irregularidades de tierras y la construcción de una represa que estaba afectando un río” en la región.
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Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el líder social había protestado también por la supuesta ocupación por parte de latifundistas de terrenos en la cuenca hidrográfica El Jilguero, que perjudicaría a más de 300 familias indígenas de la zona. (Europa Press)