Decenas de miles de reclusos en las cárceles de California, incluidos asesinos en serie, violadores y reos en el corredor de la muerte, están acusados de estafar al Departamento de Desarrollo Laboral de California para sacarles la asistencia de desempleo relacionada con el coronavirus, anunciaron los fiscales de distrito en una conferencia de prensa el martes.
Los fiscales de todo el estado describieron el caso como “el fraude más importante a los fondos de los contribuyentes en la historia de California” y las estimaciones del fraude podrían acercarse a $1 mil millones.
La fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, dijo que alguien ha presentado una demanda por desempleo a nombre del asesino convicto Scott Peterson, la cual es una de las al menos 35,000 reclamaciones por desempleo realizadas en nombre de los reclusos entre marzo y agosto.
Schubert dijo que el estado ha pagado al menos $140 millones en beneficios. Se han presentado al menos 158 denuncias contra 133 presos condenados a muerte.
Peterson fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de matar a su esposa embarazada en un caso que atrajo la atención nacional. Pero la Corte Suprema de California anuló recientemente la sentencia de muerte de Peterson y ordenó a un tribunal inferior que revisara su condena por asesinato para ver si debería recibir un nuevo juicio.
Los fiscales no dijeron cuánto dinero se asoció con el reclamo de desempleo de Peterson, citando una investigación en curso.
Schubert dijo que también se presentaron denuncias a nombre de múltiples asesinos condenados notorios, incluido Cary Stayner, condenado por matar a cuatro personas en el Parque Nacional Yosemite en 1999; y Susan Eubanks, una mujer de San Diego condenada por matar a sus cuatro hijos en 1997.
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En algunos casos, los fiscales recibieron información al escuchar las llamadas telefónicas grabadas desde la prisión mientras los reclusos se jactaban de cómo estaban engañando al sistema para cobrar los beneficios por desempleo.
“Francamente, los presos se están burlando de nosotros”, dijo Schubert.
Schubert y otros fiscales dijeron que el problema se agravó por la disfunción en el Departamento de Desarrollo del Empleo de California, que dijeron que no compara las reclamaciones de desempleo con una lista de presos, como hacen muchos otros estados.
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El fraude está tan extendido que los fiscales dijeron que se vieron obligados a enviar una carta al gobernador Gavin Newsom el lunes pidiéndole que interviniera personalmente. El fiscal de distrito del condado de El Dorado, Vern Pierson, dijo que la oficina del gobernador le pidió a Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, que interviniera.
Los fiscales dijeron que la mayoría de los casos involucraban a personas fuera de la prisión que presentaban beneficios en nombre de los presos. En el condado de Kern, hogar de cinco prisiones estatales, se utilizó una dirección para recibir beneficios a nombre de 16 reclusos diferentes.
“En mis casi cuatro décadas nunca he visto un fraude de esta magnitud”, dijo la fiscal de distrito del condado de Kern, Cynthia Zimmer.
Los fiscales están instando al gobernador a tomar varias medidas de inmediato para abordar el problema del fraude: agregar recursos y personal para ayudar al Grupo de Trabajo Estatal a investigar y procesar los casos, e implementar un sistema de comparación para verificar los datos de encarcelamiento con las reclamaciones del EDD.