La exdirectora general de Auditoría Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, denunció una serie de acciones y omisiones de funcionarios de la Auditoría, encaminados a encubrir el desvío de recursos en la Sedesol.
La actual Auditoría Superior de la Federación “tiene la obligación de conocer el tema, litigar el tema, y aportar al MP todos los elementos” del caso Rosario Robles y los desvíos en la Sedesol “si no queremos que caiga el caso porque esto es un paso (la prisión preventiva) pero faltan muchas cosas por hacer y si no hay un apoyo en esta investigación complementaria para revelar todo esto, este caso se cae… porque ¿quién conoce las tripas de este entramado tan complicado?“.
Así lo manifestó la exdirectora general de Auditoría Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, en entrevista para Aristegui en Vivo, tras cuestionar por qué en auditorías presentadas tras su salida de la institución se omitieron los nombres de empleados de las dependencias investigadas y de los proveedores implicados, y por qué no se ha interpuesto alguna denuncia a partir de las últimas auditorías realizadas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha evidenciado, a través de una serie de acciones y omisiones, que intenta encubrir el desvío de 7,500 millones de pesos, presuntamente realizado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
“Hay un ocultamiento y una complicidad para poder liberar de responsabilidad”, expuso Buchahin, haciendo referencia a la imputación por omisión que interpuso la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles, cuando existen pruebas de que participó activamente en el esquema de ocultamiento del desvío de fondos, y que, tanto ella como su sucesor, José Antonio Meade, acudieron a las reuniones con la ASF en las que se les informaba sobre las irregularidades en Sedesol detectadas durante las auditorías realizadas.
Buchahin recuerda que a las reuniones acudían entre entre 10 y 12 personas, incluidos Robles o Meade, así como Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol, y los titulares de las áreas de recursos materiales, recursos financieros y otros funcionarios más.
Muna Dora apunta que cuando les informaban sobre las irregularidades detectadas, nadie se preocupaba en preguntar cómo se dieron las cosas ni mostraban ningún asombro, sólo negaban los hechos, aseguraban que habían presentado los entregables y responsabilizaban a las universidades.
Otro de los elementos que la lleva a sospechar de un encubrimiento, es el nombramiento de un funcionario de la Sedesol durante la gestión de Robles, Isaac Rojkind, al área de Seguimiento de la ASF, una unidad administrativa que decide si se investiga más a profundidad o un caso o queda solventado.
“¿Cómo es posible este conflicto de interés tan grave?”, cuestiona Buchahin, quien aseguró que, aún siendo auditada, Rosario Robles acudió de visita entre tres y cuatro ocasiones a la ASF.
La exfuncionaria advirtió que, a la Fiscalía General de la República se le podría “caer el caso” contra Robles, si no cuenta con toda la información recabada durante años por la ASF, y, sobre todo, no podrán recuperar los miles de millones de pesos presuntamente desviados.
En la ASF “tienen la obligación de conocer el tema, litigar el tema, y aportar al MP todos los elementos si no queremos que caiga el caso porque esto es un paso pero faltan muchas cosas por hacer y si no hay un apoyo en esta investigación complementaria para revelar todo esto este caso se cae… porque ¿quién conoce las tripas de este entramado tan complicado?”, señaló.
“Si ellos (ASF) no asumen su papel institucional y persiste su intención de encubrir todos estos hechos, como lo han realizado todo este tiempo, y fue una de las razones por las que se desmanteló (la ASF), vamos a estar en manos de información que no está completa, tendrían ellos que aportar todos los elementos y coadyuvar con el Fiscal para integrar todas las conductas que puedan ser delitos”.
Contrario a lo que se requiere de una instancia fiscalizadora, la ASF ha mantenido “un silencio absoluto”, opinó Buchahin.
“Tienen que ponerse a estudiar los expedientes, y aportar todas las pruebas: dónde está el dinero, quiénes fueron los involucrados, qué testimonios se van a pedir, los entrevistados, todo lo que nos vaya a ayudar a conocer esa verdad histórica de los hechos para poder aportarlas a la Fiscalía”.
Entrevista completa: