El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, la reforma constitucional que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones y fue enviado los congresos locales para su ratificación, que requiere de al menos el aval de la mitad más una de las legislaturas estatales. Se desecharon todas las reservas presentadas.
Los votos a favor correspondieron a casi la totalidad del grupo parlamentario de Morena (199), las bancadas completas de PVEM (41) y PT (32), la mayoría de los legisladores del PRI (64) y tres diputados del PRD.
En contra votaron los grupos parlamentarios del PAN (133), Movimiento Ciudadano (25), así como 12 diputados del PRD, dos del PRI y los morenistas Inés Parra, Roberto Valenzuela y Manuel Vázquez Arellano -antes conocido como Omar García-, sobreviviente de Ayotzinapa.
Las abstenciones correspondieron a la diputada morenista Adela Ramos y a la priista María José Sánchez.
Luego de ocho horas de discusión, los legisladores aprobaron el proyecto con las modificaciones hechas en el Senado de la República, que incluyen la creación de una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso, que ahora serán semestrales.
Además, los titulares del Gabinete de Seguridad federal podrán ser citados a comparecer ante dicha comisión, y desde 2024 se observará la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con partidas presupuestales especiales.
Entre los cambios introducidos por el Senado, está el de la creación de un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios a partir del ejercicio fiscal 2023. Este fondo no podrá ser menor porcentualmente que el incremento en los recursos destinados a la Fuerza Armada permanente y a la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.
Este fondo se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el número de habitantes con que cuenta cada estado, según datos del INEGI.
Diputadas y diputados de los siete grupos parlamentarios, fijaron su postura con relación al proyecto. El diputado morenista, Óscar Cantón Zetina, aseguró que se pretende brindar tiempo y confianza a las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad pública lograr la consolidación de la Guardia Nacional.
Aplaudió la labor de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y señaló que la reforma busca aprovechar su disciplina, adiestramiento y valores para combatir la inseguridad: “Millones de mexicanos quieren paz y justicia”.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Humberto Aguilar Coronado aseguró que la reforma significa la derrota del poder civil frente al poder militar.
Señaló que, de acuerdo con su partido, el despliegue de las Fuerzas Armadas debe ser con estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos: “Este poder no ha sido capaz de vigilar y supervisar el uso que se hace de la Fuerza Armada; no se ha podido fortalecer a la Guardia Nacional y se ha renunciado al principio básico del mando civil”.
Mientras duró su intervención, legisladoras y legisladores blanquiazules lo flanquearon y exhibieron carteles con las frases “sí a la democracia”, “sí a la paz”, “sí a la policía civil”, entre otros.
El diputado priista Carlos Iriarte Mercado, encargado de fijar la posición de su partido, aseveró que la reforma es un paso importante en la misión de un México seguro, reafirma la ampliación del plazo de actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, determina que esa ampliación no puede transcurrir inobservada y señala que su participación será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Agregó que cualquier esfuerzo en esta materia será insuficiente si no se acompaña de las previsiones presupuestarias necesarias, por lo que defendió el establecimiento del fondo permanente a los estados y municipios a partir de 2023: “Buscaremos más recursos para cumplir con la deuda histórica que se tiene con las y los policías”.
El petista Gerardo Fernández Noroña criticó que la oposición cuestione que se destinen recursos para crear policías estatales profesionales, “pero mientras tuvieron el gobierno y los fondos no las hicieron en décadas; policías municipales bien preparadas, capacitadas y bien pagadas que no lo hicieron en décadas”. “Hay policías municipales que no tienen ni seguridad social”, dijo.
“Este difícil momento en el que nos encontramos nos obliga a tener una visión realista porque en política se hace lo que se puede con lo que se tiene, no necesariamente lo que se quiere”, puntualizó el diputado.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, aseguró que la militarización significa “más muertos, más desparecidos, más delincuencia, más poder al narco, más violaciones a derechos humanos y más restricciones de nuestras libertades”, mientras que la emecista Mirza Flores Gómez aseguró que no hay estrategia de seguridad pública que funcione en un Estado democrático si no es por la vía civil.
El coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que “la estrategia del gobierno actual es una estrategia fallida” y lo que único que se pretende con el proyecto “es que tengamos una Guardia Nacional operada por Fuerzas Armadas y que operará en los estados sin tiempo y sin limitación, y estos estados han sido previamente debilitados desde la Federación”.
Es obvio, continuó, “que los estados y los municipios con problemas solicitarán siempre de manera natural la intervención del Ejército y la Guardia Nacional, pero no hay una estrategia, se carece de estrategia, y se limita a la realización de rondines. Cuando hay enfrentamientos directos, tienen la instrucción de “no repelerlos con fuego”.
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