Bonilla asumió el cargo en medio de una serie de recursos presentados ante la Suprema Corte por la ampliación de su periodo de gobierno al frente del estado.
Jaime Bonilla Valdez rindió este viernes protesta como gobernador del estado de Baja California por un periodo de cinco años, ante el Congreso local y con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Poco después de la 01:00 horas, el presidente del Congreso local, Catalino Zavala, al hacer uso de la voz aclaró que Bonilla Baldez rinde protesta como gobernador constitucional para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2024.
Por su parte, Bonilla Valdez, al rendir protesta como jefe del Ejecutivo estatal se comprometió a desempeñar leal y patrióticamente el cargo “de gobernador que el pueblo me ha conferido”.
Ante la presencia de Olga Sánchez Cordero, quien no habló en el acto, Bonilla agregó que gobernará “mirando en todo por el bien de nuestro estado y la prosperidad de la unión y del estado”.
Durante la sesión solmene en el Congreso local, su presidente refirió que hoy es un momento histórico para el pueblo de Baja California, “sin embargo durante los últimos 30 años se traicionaron las esperanzas de los ciudadanos, padeciendo los peores gobiernos neoliberales que defraudaron a la población con políticas antipopulares y con una profunda corrupción que ofende”.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como “legal” la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador del estado de Baja California por cinco años.
Cuestionada en el marco de la toma de protesta de Bonilla, señaló que “hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas. Entonces, hay una presunción de legalidad”.
Ante la pregunta de si está de acuerdo en que Bonilla vaya a gobernar por un periodo de cinco años, la funcionaria federal aclaró que ella no puede estar o no de acuerdo porque el Congreso emite la norma y el tribunal constitucional va a resolver.
Finalmente, reiteró: “cinco años hoy es legal, porque hay una norma emitida por un Congreso local que estableció la legalidad de los cinco años, hoy, pero todavía falta que se resuelva en la Corte”.
Previamente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, anunció que se decidió interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación de mandato de 2 a 5 años, sumándose así a otros recursos ya interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra sobre el asunto:
Con la convicción de que extender el mandato de la gubernatura de BC es un atropello a la democracia y vulnera la voluntad expresada en las urnas, el @INEMexico presentó hoy una Acción de Inconstitucionalidad ante la @SCJN . Le toca a ésta rescatar la democracia constitucional. pic.twitter.com/3JIRWFtHG0
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) 1 de noviembre de 2019
Dicho recurso presentado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, busca que la Corte declare inconstitucional el Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California el 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.
El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el 17 de octubre contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.
“El INE hizo valer sus facultades constitucionales implícitas, considerando que el recurso ante la SCJN se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo”, subrayó.
Recordó que la Constitución señala en su Artículo 105 que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Aseguró que el decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en el país.
“El INE, con base en el mandato que la Constitución le ha encomendado, continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia en nuestro país y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía de Baja California”.