QUITO, Ecuador – Dos ataques con artefactos explosivos en Ecuador se sumaron el viernes a la ola de atentados perpetrados en menos de dos días y que han sido calificados por las autoridades como un intento de amedrentar al Estado para frenar las intervenciones que buscan desarmar las cárceles y aislar a los reclusos peligrosos.
Una de las explosiones se produjo a las 3 de la madrugada del viernes en un puente que conecta las ciudades de Machala y El Guabo, en la provincia costera de El Oro, informó a The Associated Press el comandante de policía de esa zona, Luis García. El hecho no dejó heridos ni víctimas pero el paso permanece cerrado mientras se evalúa la estructura.
Otra detonación de un tanque de gas de uso doméstico al cual se le adhirieron tacos de dinamita ocurrió el jueves en la noche debajo de un puente que une las ciudades de Archidona y Tena, en la provincia de Napo, informó a AP el comandante de la policía local, Fausto Martínez.
Relató que durante la captura de tres adultos y un menor que se movilizaban en un taxi se encontraron 50 tacos de dinamita que “ya estaban sincronizados en un artefacto explosivo” con mecha lenta y cápsulas detonantes y que fueron desactivados en dos explosiones controladas por agentes especializados.
Martínez dijo que se desconoce la pertenencia de los detenidos a algún grupo criminal y el motivo del ataque.
El experto y analista en seguridad Hugo Acero señaló desde Colombia a The Associated Press que “es un libreto de los narcotraficantes, es un libreto viejo que hace referencia a la época de Pablo Escobar” y aseguró que estas acciones buscan “intimidar, crear terror, mostrar poder y exigir que no se toque a esas estructuras criminales”.
Manifestó que la ola de atentados provoca una presión social hacia el gobierno justo cuando se realizan los traslados de algunos jefes de las estructuras criminales a otras cárceles.
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Estos hechos se suman a dos explosiones de coches bomba en Quito y otros dos en la provincia costera de El Oro, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, así como a la detonación de otro artefacto explosivo que afectó un vehículo en Cuenca.
Por los dos primeros eventos un juez dictó la prisión preventiva de 10 detenidos acusados de terrorismo, que según la ley penal ecuatoriana se sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión. La Fiscalía informó en la red social X, ante Twitter, que la etapa de investigación durará 30 días.
Consuelo Orellana, gobernadora de la provincia de Azuay, cuya capital es Cuenca, confirmó que fueron liberados 44 guardias carcelarios y policías que estaban retenidos en la cárcel de esa ciudad. De los otros 13 el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad aún no ha dado información. Esa institución indicó que los ataques serían “una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros carcelarios”.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo la víspera que el Estado irá “hasta las últimas consecuencias” en su lucha contra el crimen organizado, cuyas bandas han reaccionado a las incursiones de la fuerza pública en las cárceles para despojarlas de armas, explosivos, municiones y otros objetos prohibidos.
La Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador hicieron un operativo en una cárcel que alberga a 5,700 reclusos.
En tanto, el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, ratificó en una radio local el jueves que las explosiones y la retención de los agentes penitenciarios “quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las Fuerzas Armadas y la policía de controlar estos centros”.
El analista de seguridad y docente de la universidad Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, dijo a AP que la situación es un hecho “sistemático y claramente planificado”, se preguntó “¿qué hace la inteligencia estatal ante estas situaciones?” y sostuvo que “no ha hecho nada, aunque las órdenes seguramente salen desde las prisiones a través de celulares”.
Añadió que lo ocurrido tiene la clara intención de generar un clima de psicosis en la población e incidir en el ambiente político con miras en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre y advirtió que “estamos viendo una escalada del problema y ante el nivel de incompetencia del Estado más adelante podemos esperar atentados contra la población”.
Ecuador está asediado por la violencia. El país se conmocionó el 9 de agosto por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un acto político.
El viernes la postulante Luisa González reveló a una radio local que existe una alerta por un supuesto intento de atentar en su contra y que aceptó la protección de las Fuerzas Armadas.
En las cárceles de Ecuador ejercen su dominio bandas de delincuencia organizada que las han convertido en centros de operación desde donde ordenan asesinatos, robos, secuestros y extorsiones. También han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre reos que desde 2021 hasta la actualidad han dejado más de 400 presos asesinados.
La ola de violencia es adjudicada por las autoridades a disputas de poder y al afán de controlar territorios y rutas del narcotráfico.
Un detonante para la creciente violencia fue el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, entonces líder máximo de la peligrosa banda local Los Choneros que tiene nexos con cárteles de México y cuyo vacío generó una encarnizada batalla entre otras agrupaciones delictivas por captar su liderazgo y controlar el negocio ilícito.
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