La renta valenciana de inclusión (RVI) nació en 2018 como último recurso de protección institucional frente a la pobreza, un derecho subjetivo al que se accede tras reunir una decena de documentos acreditativos de la urgencia del solicitante, de su condición vulnerable. Para recibirla es necesario residir un año en la Comunidad Valenciana e ingresar menos de la cuantía que establece la renta. Los papeles suelen llegar con prisas a los servicios sociales municipales, pero pronto se atascan en las cañerías de la administración y los solicitantes pierden el rastro de su expediente. Aparcan la necesidad y se arman de paciencia. Aunque el plazo para resolver es de seis meses (tres de ayuntamientos y tres de Conselleria), algunas personas tardan dos años en recibir la carta con el sello de Igualdad.
Pablo Mimbela está cerca de alcanzar esa demora. El 10 de enero de 2019 solicitó la ayuda en el Ayuntamiento de Puçol y cinco días más tarde mandaron su expediente a la Dirección Territorial de Valencia, donde aún espera resolución. “Necesito que me den una respuesta y me saquen de este limbo”, reclama. Cuando Mimbela llegó a Valencia procedente de Perú en 2017 enseguida encadenó trabajos de operario y comercial que le hicieron creer en un futuro apacible, pero fue un espejismo; desde 2018 busca empleo sin éxito y sobrevive gracias a un bienhechor. “En una casa de diez habitaciones trabé amistad con un chico húngaro y juntos nos fuimos a un piso más pequeño, luego me quedé sin trabajo y ahora es él quien me paga el alquiler y la comida mientras yo cocino y aseo la casa”, narra. “Tiene el corazón más grande que España, sin su ayuda yo viviría debajo de un puente”.
En mitad de la espera Mimbela tuvo que presentar el enésimo documento, un resguardo de solicitud del ingreso mínimo vital. Este ingreso, de alcance estatal, ha originado tiranteces con la Generalitat valenciana desde antes incluso de ser implantado. La vicepresidenta Mónica Oltra llegó a pedir en euskera la cogestión de dicha ayuda al considerar que invade competencias autonómicas. No lo consiguió, de modo que la Generalitat acopló la renta valenciana al ingreso mínimo vital mediante un decreto de complementariedad que obliga a solicitar el IMV a quienes ya perciben o han solicitado la RVI. Otro escollo más en el acceso a las ayudas valencianas. Mientras tanto, en el ámbito institucional, Oltra y el ministro Escrivá han trasladado sus hostilidades a una comisión bilateral Estado-Generalitat, convocada para aclarar posibles problemas competenciales y evitar que el asunto acabe en el Constitucional. “El IMV está más colapsado, así que puedo olvidarme de esa ayuda también”, dice Mimbela, quien seguirá viviendo del altruismo de su compañero.
No todos los solicitantes viven de la caridad. Unas 55.000 personas han atravesado el largo silencio administrativo y reciben la renta valenciana mediante una dotación presupuestaria de 229 millones de euros, algo que valoran desde las entidades sociales. “La ley es fantástica porque permite combatir la pobreza, pero también crea falsas expectativas y demoras constantes que cronifican las situaciones de exclusión social”, afirma Mari Luz Vicent, de Cáritas Valencia. “Resulta extrañísimo ver un expediente resuelto en plazo”, corrobora el Síndic de Greuges tras registrar 248 quejas de RVI en lo que va de año. Eulalia Hernández no se queja. Pidió la renta en junio de 2019 y desde entonces ha sobrevivido del crédito exprimido a una tarjeta que le dieron trabajando para una aseguradora. Ayer recibió el dinero y por fin podrá pagar la deuda. “Es un alivio porque me iban a cortar el crédito, estoy sola, nadie me da trabajo y no tenía plan alternativo”, reconoce. Tampoco hay plan B en casa de Luis Gonzalo, una familia huida de la guerrilla colombiana que invierte sus escasos ingresos en asistir a una hija con epilepsia. “Pedimos la RVI en diciembre y no sabemos nada, vivimos de la parroquia”.
El atasco en las resoluciones convive con un defecto técnico que directamente impide el acceso de muchos migrantes a la renta valenciana de inclusión. Tras una queja de Valencia Acoge sobre el caso de Ricardo Mederos, que espera la RVI desde hace año y medio, la Conselleria ha reconocido que el aplicativo informático no permite tramitar solicitudes de quienes sólo presentan el pasaporte. Igualdad dice haber “solucionado este problema” y, según afirman, están “comenzando a introducir en el sistema a todas las personas que se encontraban en esta situación”, pero Valencia Acoge quiere plazos concretos. “No nos consta que hayan resuelto ninguna solicitud de personas en situación administrativa irregular como la de Ricardo Mederos, pues dicen tener un problema del aplicativo informático. Si lo han arreglado, que concreten un plazo para resolver estos expedientes”, reclama Paco Simón, de Valencia Acoge, “No quisiéramos pensar que el defecto informático pudiera servir de excusa para ahorrarse ayudas a personas que realmente las necesitan”.
Los motivos del atasco
Después de aprobar el anteproyecto de la ley en marzo de 2017, Mónica Oltra anunció que ésta acogería entre 94.000 y 95.000 personas cuando estuviera completamente desarrollada en 2020. Hoy las quejas siguen acumulándose en el archivo del Síndic y no siempre responden al contexto actual. Según el Defensor del Pueblo autonómico la pandemia acentúa problemas administrativos previamente localizados, y en un informe interno con 28 ayuntamientos (de diciembre de 2019) ya se describían deficiencias del aplicativo informático y carencias de personal para resolver un proceso excesivamente complejo. También Igualdad identifica el atasco con factores anteriores al coronavirus: “Por un lado, la Comunidad Valenciana sufre un grave problema de infrafinanciación que en el caso de la RVI está siendo totalmente asumido desde el Gobierno valenciano, que asume los cerca de 230 millones de euros que se han destinado al pago de esta ayuda en lo que va de 2020 y que se ampliarán en 47 millones de euros más antes de que acabe el año. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la gestión de la RVI es compartida entre la Generalitat y los ayuntamientos. Lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos es que la petición de las personas agota todo el plazo de resolución sin salir del ayuntamiento. Un ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Alicante, donde el mismo Síndic de Greuges señala que sólo en registrar las solicitudes el consistorio triplica el plazo máximo legal para emitir la resolución”.
Entretanto, bajo el choque de responsabilidades institucionales siguen pidiendo auxilio personas que no se sienten escuchadas, como la que presentó tres alegaciones seguidas durante el pico de la pandemia y en la última, del 8 de abril, decía: “Llevo 5 días con mucha angustia ya que aún no he recibido la RVI, escribo con mucha pena, tristeza y dolor porque no sé qué más hacer, hoy he llamado por teléfono y nadie quiere saber nada, esto está siendo muy doloroso”. Tardaron 19 meses en resolver su expediente. O como la mujer en situación grave cuyo expediente fue priorizado por el Ayuntamiento de Ontinyent y tras 15 meses de espera sigue sin cobrar la RVI (recibirá el dinero acumulado de todo ese tiempo). “Llamamos mucho a la Generalitat pero nadie nos coge el teléfono”, dice su hija.
No son lamentos excepcionales. En Cáritas Valencia advierten de que las situaciones desesperadas han aumentado tras el confinamiento, y de hecho sólo los servicios sociales de la capital del Turia atienden hoy 1.260 citas semanales. En este escenario de emergencia e incertidumbre cualquier ciudadano tiene derecho a obtener información continuada, suficiente y eficaz sobre la renta valenciana de inclusión (artículo 11 de la ley). Pero lo único que obtiene cuando llama al 012 y pregunta por la RVI es un mensaje automático: “La renta valenciana de inclusión ya tiene propuesta la orden de pago, para cualquier consulta diríjase a su entidad financiera”. Entonces el banco señalará la casilla de salida.
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