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Mantener abiertos los colegios e institutos y conseguir una tasa de presencialidad mayor que el curso pasado es un buen paso, fruto del acuerdo entre Gobierno y comunidades, especialmente justificado por la capacidad que tuvo el sistema educativo en España de navegar por la pandemia con las aulas ocupadas y bajos contagios. Mientras las escuelas de países vecinos se cerraban por completo y extendían la enseñanza en la Red, los profesores y alumnos consiguieron en España cumplir con el objetivo de la aconsejable convivencia y sociabilidad, a la vez que se garantizaba la seguridad. Conviene no olvidar que la experiencia de enseñanza por pantalla de los meses más duros de la pandemia dejó descolgados a los sectores más vulnerables y desconectados de entre los menores.
El curso que ahora se inicia debe aspirar a mantener las aulas abiertas, a aumentar en lo posible la enseñanza presencial —y así se han comprometido a ello— pero al mismo tiempo con la dotación suficiente de profesionales para seguir haciendo posible descongestionar las clases mediante ratios más bajas. El curso pasado, la contratación de entre 35.000 y 39.000 profesores hizo posible crear más grupos para conseguir esas clases con menos alumnos, una realidad que además mejora sustancialmente el desempeño educativo. El acuerdo alcanzado en mayo y ratificado esta semana, sin embargo, relaja esa ratio al pasar de 20 a 25 niños en infantil y al permitir en secundaria una distancia de 1,2 metros entre alumnos, en lugar del 1,5 del curso anterior. Varias comunidades han anunciado ya que mantendrán o incluso aumentarán la contratación de profesores para garantizar el refuerzo necesario. No es el caso de la Comunidad de Madrid y Andalucía, que los reducirán sustancialmente.
El acuerdo de mayo se aprobó cuando la incidencia era mucho menor que en esta quinta ola y, sobre todo, antes de que surgiera la variante delta con todo su potencial infectivo. Esto inquieta a epidemiólogos, a padres y a profesores. Las principales medidas de seguridad se mantienen: la mascarilla obligatoria a partir de seis años, que por ejemplo no es necesaria en Reino Unido y Países Bajos, y la ventilación de las aulas, que algunos países solo recomiendan. Pero toda insistencia en la necesidad de mantener una alta tasa de contratación de profesores es pequeña. Los buenos datos de vacunación entre los más jóvenes (más del 63% de los menores de 12 a 17 años ya tienen una dosis y más del 18%, la pauta completa) permiten afrontar el curso con mayor optimismo que el año pasado, pero es imprescindible mantener las normas y una buena dotación de profesores. Los fondos de 13.486 millones que el Gobierno traspasará a las comunidades en otoño para mejorar servicios públicos encontrarán en la educación su mejor destino.
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