Un ataúd sin cuerpo. Un cuerpo equivocado. O un cuerpo entregado a una madre en una bolsa negra de plástico sin sellar. Los familiares de personas desaparecidas en México han documentado la crisis forense que existe en el país, donde más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar, según los datos solicitados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos a través de Transparencia y publicados este jueves en un informe. Una emergencia que las autoridades ya han reconocido y se han comprometido a frenar. El próximo lunes, se dará un paso con el nombramiento del directorio del nuevo Mecanismo de Identificación Forense, un órgano de siete personas impulsado por los familiares de víctimas para hacer los peritajes sobre los cuerpos o restos óseos. Pero las asociaciones critican que la implementación de las medidas es todavía “muy limitada”.
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La mayoría de los Estados mexicanos identifican cada mes menos del 20% de los cadáveres que reciben, de acuerdo con información oficial citada en el informe publicado este jueves, que pretende ser un diagnóstico de la situación que sirva al equipo independiente y multidisciplinario del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que será nombrado el 30 de agosto por el Gobierno y la ONU. La situación es “particularmente grave” en ciertas entidades federativas como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, que concentran entre todos el 72% de las personas cuya identidad aún se desconoce.
Este rezago se ha acumulado en los últimos 15 años. Los familiares de desaparecidos lo atribuyen principalmente a dos razones. Uno es el aumento de la violencia a partir del año 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces. La violencia sigue llevándose varias vidas incluso con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió cambiar la estrategia. En 2020 el país registró 27,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. El número de personas reportadas como desaparecidas supera los 90.000 desde 1964.
La segunda razón que señala el informe es el funcionamiento “deficiente” en los servicios forenses. Una de las críticas de los familiares de desaparecidos es la “falta de independencia” de estas instancias, que dependen de las fiscalías estatales pese a que diferentes organismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México lo contrario. “La situación actual de subordinación incrementa la impunidad, la fabricación de culpables, la tortura y la persecución penal por motivos políticos”, indica el informe.
De acuerdo con los familiares de víctimas, además, estos servicios cuentan con personal insuficiente que tiene una formación “inadecuada” y cuenta con “bajos sueldos y contratos temporales”. En México hay 4.111 peritos oficiales asociados a la identificación humana, de acuerdo con el Movimiento Nuestros Desaparecidos, pero no están dedicados exclusivamente a esa tarea. Incluso aunque la contratación de peritos ha aumentado, el volumen de trabajo ha crecido de tal manera en los últimos años que por lo menos 20 entidades han reconocido que conservan cuerpos identificados sin entregar, al menos 2.186 en los últimos 15 años.
Bases de dato “rudimentarias, incompletas y poco actualizadas”
El estudio apunta también al “poco trabajo interdisciplinario”, los “protocolos deficientes”, la “falta de insumos y equipamiento” y las bases de dato “rudimentarias, incompletas y poco actualizadas” que “están subutilizadas y escasamente interconectadas” –14 servicios forenses del país, por ejemplo, no cuentan con un registro electrónico del ingreso de personas fallecidas no identificadas–.
Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, resume el sentimiento de los familiares: “No hay credibilidad en las instancias que están al frente de estas identificaciones”. “Hemos tenidos casos en los que se entregan cuerpos equivocados, donde los procesos son victimizantes y donde no se respetan muchos procedimientos y protocolos”, señala. Villalobos, cuya cuñada permanece desaparecida desde hace 17 años, describe que situaciones así les generan a los parientes “mucha angustia e incertidumbre”.
“Necesitamos que haya esa voluntad para que toda la información esté disponible y se pueda parar con este rezago”, reclama. El vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecido sostiene que “con la construcción y el ordenamiento de esas bases de datos” habría “más facilidad para que las personas sean encontradas y restituidas en los primeros días de la desaparición”.
La creación de registros estatales ha sido uno de los reclamos de las asociaciones a las autoridades. En junio de 2019 el Gobierno federal prometió la realización de esta y otras nueve acciones para atender la emergencia forense, con una inversión de 401 millones de pesos. Por ejemplo, la construcción de cementerios forenses o la homologación de identificadores genéticos. Pero “muy pocas” de esas medidas se han implementado, según critican los familiares de desaparecidos. Las familias también han reclamado la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, según lo establece la ley.
En Coahuila, un avance “fundamental”, según Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, ha sido la creación de un centro regional de identificación humano. “Es el único en su tipo en México y América Latina que tiene un enfoque de búsqueda generalizada: todos los cuerpos que tenemos en Coahuila y la región del noreste se contrastan con toda la información genética de las familias de esa región”, explicaba Quintana en un pódcast de este periódico y agregaba: “Parecería una obviedad, pero lamentablemente eso no sucede en México”.
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