La ambición de Aung San Suu Kyi de ver Myanmar convertido en un país democrático queda lejos de momento. La tensa relación entre la Nobel de la Paz, conocida como la dama, y las Fuerzas Armadas ha estallado tras una temporada en punto muerto al ser detenida por el Ejército, que este lunes declaró el estado de emergencia durante un año y desmanteló el Gobierno civil. La toma de control de los militares demuestra el poder detentado aún por el cuerpo castrense, pese a una década de transición democrática, si bien se prevé que no sea suficiente para erosionar el apoyo civil logrado por Suu Kyi durante este tiempo.
Se anticipaba que sería uno de los puntos calientes de la nueva legislatura, pero no ha habido ocasión para ello. Las relaciones entre el Gobierno civil, liderado en la práctica por Suu Kyi, y el Ejército –conocido como el Tatmadaw– era uno de los retos del nuevo Parlamento, que tomaba posesión este lunes tras los comicios del pasado noviembre, en los que la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de la Nobel obtuvo una aplastante mayoría.
Una victoria no reconocida por los militares, que se han escudado en acusaciones de un fraude electoral no documentado para dar el golpe de Estado y detener a Suu Kyi, de 75 años, al presidente, Win Myint, y a otros líderes del Gobierno civil. Así, la sesión parlamentaria en la que hoy se esperaba la designación del nuevo presidente y los vicepresidentes del país durante los próximos cinco años, así como la aprobación de los nombramientos de ministros, no ha llegado a ocurrir.
“La declaración del estado de emergencia y la detención de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y otros líderes y activistas pro democracia demuestra el poder que el Ejército tiene en Myanmar”, enfatiza Alistair Cook, experto en el sureste asiático del programa de relaciones internacionales del Instituto Rajaratnam, de Singapur.
El balance de poder entre Suu Kyi y los militares ha sido un quebradero de cabeza desde que la NLD ganó en 2015 los primeros comicios libres de Myanmar (antigua Birmania), que había iniciado una transición democrática en 2011 tras medio siglo de Junta Militar (1962-2011). Según la constitución de 2008, redactada por los uniformados, el Ejército aún controlaba las carteras ministeriales de Interior, Defensa y Fronteras, así como el 25% de los escaños parlamentarios. También de acuerdo a una cláusula de la Carta Magna impuesta ad hoc para alejar a Suu Kyi del poder oficialmente, el cargo de presidente no podía ser ocupado por alguien con familia extranjera, como es el caso de la Nobel, con dos hijos del académico británico Michael Aris.
La misión de Suu Kyi, que pasó 15 años bajo arresto domiciliario por su lucha a favor de la democracia hasta ser liberada en 2010, era muy complicada. Por un lado, tenía que buscar puntos de entendimiento con las Fuerzas Armadas si quería permanecer en el poder tras ser nombrada consejera de Estado en 2015 –la líder de facto del país–, y por otro debía intentar ganar terreno al Tatmadaw para poder consolidar las reformas democráticas.
En este juego de malabares ha habido un punto especialmente delicado, sobre todo fuera de Myanmar: la persecución y expulsión de la minoría musulmana rohinyá, que huyó al vecino Bangladés en masa en agosto de 2017 en lo que la ONU investiga como un posible genocidio por parte del Ejército. Suu Kyi llegó a defender a las Fuerzas Armadas birmanas en La Haya en diciembre de 2019, generando un torrente de críticas por parte de la comunidad internacional, si bien la causa rohinyá no cuenta apenas con popularidad en Myanmar, de mayoría budista. Por ello o por convicción, la política birmana, en su día vista como defensora de los derechos de las minorías –fue galardonada con el Nobel de la Paz en 1991 por ser “un ejemplo extraordinario del poder de los que no lo tienen”–, nunca se ha enfrentado públicamente al Ejército por la situación de los rohinyá.
Pero la defensa de Suu Kyi de los militares en La Haya no le ha servido de mucho. Su relación ha sido tensa desde que fue nombrada consejera de Estado, y los conflictos fueron a peor tras los intentos de la dama de modificar la Constitución para limitar la influencia del cuerpo castrense en el Gobierno, algo que se esperaba continuara haciendo durante esta legislatura. “Ahora mismo no había casi comunicación directa entre Suu Kyi y Min Aung Hlaing [comandante en jefe de las Fuerzas Armadas]. Los dos se reunían en privado hasta 2018, pero desde entonces el diálogo paró”, apunta la publicación nipona Nikkei, citando una fuente cercana al Gobierno.
Las elecciones de noviembre han sido cruciales. Sin apoyos a sus denuncias de fraude, representantes del Ejército y el Gobierno se reunieron en Naypidaw el pasado 28 de enero para intentar sin éxito llegar a un acuerdo. Los militares pedían un nuevo recuento de los votos y el aplazamiento de la inauguración del Parlamento, a lo que el Gobierno de Suu Kyi se negó.
Mientras el Ejército anuncia ahora la celebración de unas elecciones “libres y justas” sin fecha determinada, la NLD de Suu Kyi habría urgido a la población a no aceptar el golpe y a iniciar protestas en un comunicado cuya autoría no ha podido ser corroborada. “Llamo a la gente a no aceptarlo, a responder y protestar con firmeza contra el golpe militar”, reza el texto, firmado en principio por Suu Kyi.
Aunque criticada los últimos años por su inacción frente a las atrocidades cometidas contra los rohinyás, no han faltado las voces pidiendo su liberación, entre ellas Estados Unidos o el secretario general de la ONU, António Guterres. Suu Kyi, hija del héroe de la independencia del país, el general Aung San, sigue siendo percibida como la única con capacidad de consolidar la democratización de Myanmar. Un proyecto ahora abortado, pero que no todos pierden la esperanza de recuperar. “Las elecciones de noviembre de 2020 mostraron el gran apoyo popular con el que cuenta Aung San Suu Kyi, y una intervención militar no lo va a hacer desaparecer”, advierte Cook.
Source link