En medio de acusaciones de que opositores han sido objeto de vigilancia ilegal en Polonia, este miércoles la fiscalía de ese país declaró que no investigaría una denuncia que señala que el teléfono de un crítico gubernamental de alto perfil fue hackeado.
Los informes de que el sofisticado software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group se había utilizado contra opositores al gobierno, incluida la fiscal Ewa Wrzosek, han provocado acusaciones de que los servicios especiales están socavando las normas democráticas.
En noviembre, Wrzosek, del grupo Lex Super Omnia, recibió una notificación de Apple de que su teléfono podría haber sido intervenido, utilizando el software Pegasus de NSO Group.
Además, este mes, Associated Press informó que el proyecto Citizen Lab en la Universidad de Toronto había descubierto que Wrzosek era uno de los tres críticos del gobierno polaco cuyos teléfonos habían sido pirateados.
“La única indicación de que un ciberataque podría haber ocurrido fue un mensaje del fabricante del teléfono”, dijo Aleksandra Skrzyniarz, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito en Varsovia, en un comunicado emitido para explicar la negativa de investigar el caso.
“Sin embargo, el mensaje no afirmaba categóricamente que se había producido un ataque cibernético, sino que contenía un descargo de responsabilidad de que la alerta podría ser falsa”, dijo Skrzyniarz.
Asimismo, dijo que Wrzosek se había negado a entregar el teléfono para su análisis. Pero Wrzosek declaró a la emisora privada TVN24 que apelará la decisión.
“No veo el más mínimo requisito legal o justificación para negarse a iniciar este procedimiento”, dijo.
Los servicios de seguridad polacos no informan sobre los métodos que utilizan o si han investigado a personas en particular. Sin embargo, el portavoz Stanislaw Zaryn negó cualquier insinuación de que los servicios polacos estuvieran involucrados en batallas políticas internas.
El primer ministro Mateusz Morawiecki calificó de noticias falsas aquellas que sugieren que los servicios polacos utilizaron spyware contra figuras de la oposición.
Por su parte, NSO asegura que fabrica tecnología para uso de los gobiernos y las agencias dedicadas a combatir el crimen y el terrorismo, y tiene salvaguardas para prevenir el uso indebido.
Sin embargo, los investigadores de derechos digitales aseguran que Pegasus se ha utilizado para espiar a la sociedad civil en varios países.
Semanas atrás, Israel anunció que los países interesados en comprar sus tecnologías cibernéticas tendrán que comprometerse a usarlas para prevenir solo una lista limitada de actos terroristas y delitos graves.
En México, una investigación de Aristegui Noticias y Proceso documentó que el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group.
En este caso, se identificaron al menos 30 empresas “fachada” constituidas en México, Panamá y Estados Unidos, así como una serie de transferencias de dinero entre compañías fachada. A través de dicha red, Ansbacher vendió las actualizaciones y licencias del malware Pegasus a tres dependencias federales: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), de acuerdo con facturas, oficios y comprobantes de transferencias de dinero que una fuente conocida como Cazador de Cazadores entregó en un primer momento a los periodistas.
Con información de Reuters
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