La fotografía encierra todos los elementos de un pasado de violencia y dolor, un presente radicalmente distinto y un futuro marcado por la incertidumbre y las esperanzas. Desde la mesa, el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirige a un grupo de excombatientes de las FARC de Llano Grande, que hasta 2016 fue un campamento de la extinta guerrilla y hoy es un espacio de reincorporación que crece como una aldea que va camino de convertirse en pueblo. Junto a él, autoridades gubernamentales, territoriales y Pastor Alape, antiguo comandante de la organización insurgente. Duque, que se opuso a los acuerdos de paz alcanzados por su antecesor, Juan Manuel Santos, y cuando ganó las elecciones en 2018 trató de modificar el proceso, celebra la entrega de un nuevo terreno destinado la construcción de viviendas para las familias de exguerrilleros. Asegura que es un paso que cambiará sus vidas, pero también escucha sus reclamos, relacionados sobre todo con los problemas de seguridad y el incesante goteo de asesinatos de líderes comunitarios. “Aquí vinimos hoy a darle inicio a un proceso que es transformacional”, afirmó el pasado jueves.
Las montañas de Dabeiba, un municipio rural entre Medellín y la costa del Caribe, fueron uno de los escenarios más sangrientos de la guerra que azotó al país andino durante medio siglo. Además de las FARC, aquí también operaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mafias de paramilitares y sectores desviados de las Fuerzas Armadas. Hace cuatro años sus habitantes apoyaron, con casi el 65% de los votos, la paz entre el Estado y la guerrilla más antigua de América. En ese plebiscito, sin embargo, ganó el “no” por la mínima, lo que llevó a cambiar el texto de lo pactado. Duque era entonces uno de los portavoces de la campaña que rechazaba los acuerdos, aunque hoy, como jefe del Gobierno, tiene la obligación de gestionar su aplicación.
A pesar de los avances en Llano Grande, el presidente sigue desvinculándose de ese proceso. “La idea mía de paz con legalidad es un concepto que no está atado al antes o al después del proceso. La realidad es que tenemos un grupo muy importante de personas en proceso de reincorporación y nos hemos concentrado en que este proceso salga bien”, asegura en conversación con EL PAÍS durante el vuelo de regreso a Bogotá. “Y lo segundo es que hemos ido construyendo seguridad en el territorio y también aparato judicial. Hoy podemos decir que este año vamos a cerrar con la menor tasa de homicidios en 46 años. El año pasado tuvimos la tercera menor tasa en 44 años. Tenemos las dos menores tasas de secuestros en más de cuatro décadas y una mejora también en otros delitos, tradicionalmente estamos llegando con la institucionalidad al territorio a construir infraestructura, a construir bienestar”, continúa.
Duque, que destaca también una inversión millonaria en inclusión social, recurrió a los mismos datos para defender ante los excombatientes su trabajo en materia de seguridad. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió la semana pasada que el Gobierno proteja a la población. El último informe de su oficina es demoledor y documenta 66 matanzas en las que fueron asesinadas 255 personas este año. La ONU registró también el homicidio de 120 defensores de los derechos humanos y, desde la firma de los acuerdos de paz, ha contabilizado 244 asesinatos de guerrilleros que se desmovilizaron y dejaron las armas. El mandatario colombiano atribuye al narcotráfico y a sus estructuras este ecosistema perverso.
“Los asesinatos de líderes sociales no son algo que hayan empezado a ocurrir en mi Gobierno, viene de atrás y más atrás. Lo que ha mostrado el esclarecimiento de la Fiscalía en estos casos es que en un 78% están detrás grupos como Las Caparros, Los Pelusos, el ELN, el Clan del Golfo, la Narcotalia, que son todas estructuras que viven del narcotráfico. Entonces lo que hemos dicho es a más coca menos paz”, mantiene Duque. “Nosotros veníamos hasta el año 2014 en Colombia con una tendencia de reducción sustancial, habíamos pasado de 188.000 hectáreas del año 2000 a menos de 50.000 en el año 2014 y entre 2015 y 2018 llegamos a 207.000 hectáreas. Yo dije, cuando llegué a la presidencia, vamos a parar el crecimiento. Lo paramos. Pero necesitamos tener todas las herramientas. Y en la medida en que tengamos más erradicación manual, más sustitución, más desarrollo alternativo y aspersión con precisión le quitaremos a la coca espacio y eso asegurará más seguridad en los territorios”.
La comitiva presidencial se desplaza en helicóptero de Llano Grande, donde ahora viven 212 personas, a la vereda El Mango, un asentamiento campesino de difícil acceso. Duque, acompañado de Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, el embajador de Chile y el presidente de la cadena de supermercados Éxito, Carlos Mario Giraldo, exhibe otro logro con la inauguración de una central cafetera. El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, asegura que el cambio “es muy palpable”. “Antes se veía sobre el papel, éramos un poco incrédulos, sobre todo los que somos víctimas, me pegaron cinco impactos de bala, mataron a mi hermano mayor y a la mamá de mis hijos. Es una esperanza grandísima para nosotros, sabemos que vamos por muy buen camino”, afirma.
En el cementerio del municipio fue hallada hace un año una fosa común con 54 posibles víctimas de asesinatos extrajudiciales por parte del Ejército. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra, entregó el pasado noviembre los restos de cuatro desaparecidos a sus familiares. El camino a la reconciliación y el cierre de las heridas es uno de los objetivos de esa corte, instituida a partir de los acuerdos de paz. Sin embargo, el propio Duque intentó, sin éxito, reformar el tribunal y el sector más radical del partido de Gobierno, el Centro Democrático, vinculado al expresidente Álvaro Uribe, no ha renunciado a ese propósito.
“El asunto”, justifica el presidente, “no es revocar o no revocar la JEP, sino que la JEP cumpla el propósito para el cual fue creada, que es garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que es lo que en Colombia no está ocurriendo”. “Los máximos responsables de las FARC no han entregado bienes para reparar, no han dicho la verdad sobre el narcotráfico, sobre el reclutamiento de menores, sobre los crímenes registrados por las mujeres de Rosa Blanca de violaciones y abortos presionados. Y salen a reconocer alguna vez expresamente alguno que otro homicidio con toda la tranquilidad de que no van a ir a la cárcel. Si eso sigue ocurriendo, lo que va a pasar es que van a revictimizar a las víctimas y van a deslegitimar el propósito de la justicia transicional”, mantiene.
Con todo, en la Colombia que más sufrió el conflicto armado, la paz avanza a pesar de los obstáculos. Ese es el principal legado de los acuerdos de La Habana. EL PAÍS visitó el día de Nochebuena de 2019 el espacio de reincorporación de Llano Grande. Se respiraba un clima de cambio, una tensión entre el deseo de no olvidar y la necesidad de pasar página. Un año después, las familias de los excombatientes tendrán 17 hectáreas más para construir su futuro.
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