Las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Diversidad de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa que propone prohibir las llamadas terapias de conversión sexual.
Con 56 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, los diputados aprobaron el Dictamen que reforma y adiciona el Código Penal Federal y se adiciona un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.
Con la Iniciativa se propone sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie terapias de ‘reorientación sexual’ u Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig). Esto incluye cualquier tratamiento, terapia, servicio o práctica que “obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género”.
Quienes incurran en ello, podrían enfrentar una pena de dos hasta seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esta sanción podría aumentar al doble cuando se realice en contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Lo mismo sucederá si el perpetrador tiene con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación.
Igualmente, se aplicará al doble cuando se emplee violencia física, psicológica o moral, así como para quien se valga de función pública para cometer el delito, quien además será destituido del cargo por un tiempo igual a la pena impuesta y en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.
Además, se cancelará el registro de la cédula profesional a las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con estas prácticas.
En los casos donde el perpetrador sea el padre, madre o tutor de la víctima, se aplicará la amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
La iniciativa fue suscrita en 2018 por las senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, de Morena, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Partido Verde, y Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano. Fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado el 11 de octubre de 2022 y turnada a la Cámara de Diputados.
Asimismo, fue impulsada por diversos colectivos LGBTIQ+, Genaro Lozano y la organización Yaaj México, quien celebró el fallo y calificó dichas prácticas como “tortura”. Asimismo, reiteró que no tienen justificación médica. En cambio, apuntó, causan traumas psicológicos y físicos
Durante la reunión extraordinaria, la diputada Frinné Azuara Yarzábal reiteró que son practicas “crueles y discriminatorias”. Asimismo, reiteró que “carecen de indicación médica y representan una grave amenaza a la salud”.
A su vez, la morenista Salma Luévano Luna reiteró como mujer trans que no se deben de permitir estas terapias.
“Esos estigmas nos están matando”, subrayó.
En contraste, la diputada panista Anabey García Velasco se pronunció en contra y sostuvo que la iniciativa era imprecisa en sus términos, por lo que podría dar lugar a interpretaciones de la norma.
Igualmente, argumentó que las penas no eran proporcionales al hecho, ya que afirmó que podrían haber distintos grados de afectación. Sobre esto, distinguió entre quien imparte las terapias y quien obliga a tomarlas. Añadió que la práctica podría incluir otras conductas delictivas como tortura o lesiones.
A su vez, se pronunció en contra la panista Mariana Mansillas, quien sostuvo que las personas LGBTIQ deberían de poder elegir si quieren tomar la terapia y no deberían de ser castigados los padres o terapeutas.
“Que no tengan que estar los psicólogos en la cuerda, floja ni los papás en la cuerda floja de si pueden o no recibir una penalización por hacer lo que consideran prudente”, dijo.
Por el contrario, la morenita María Sierra aseveró que no se debe denigrar o marginar al sector implicado.
“No se deben de realizar estos tratamientos hormonales porque yo he tenido pacientes que a veces por la presión social, por la angustia de no aceptación, caen en este tipo de tratamiento”, relató.
La diputada Claudia Selene Ávila Flores expresó que se deben de proteger los derechos de este sector y aclaró que la iniciativa no busca que “padres y psicólogos vayan a la cárcel”, sino que se refiere a prácticas que menoscaben la integridad y violenten los derechos humanos de las personas.
“Si le ponen electrochoques o la llevas a una mal llamada terapia de conversión donde la violen o donde la torturen, pues me parece que sí caemos en estos supuestos”, concluyó.
Margarita García, del Partido del Trabajo, también se pronunció a favor de la iniciativa y afirmó que “las preferencias de los seres humanos se tienen que respetar”.
“Tenemos que terminar con prácticas de tortura donde efectivamente consideremos o creamos que tener a una persona diferente a un hombre y a una mujer hay que llevarla a la terapia”, expresó.
El legislador Emmanuel Reyes Carmona explicó que la legislación no tiene una perspectiva religiosa sino laica y busca atender a los derechos humanos.
“No hay nada que curar porque quien ha manifestado ser parte de la comunidad de la diversidad sexual me parece que está en su legítimo derecho”, concluyó.
La priista Sue Ellen Ewing señaló que la reforma no violenta a los padres o a las creencias religiosas.
“Es importante dejar claro que no estamos ni acusando a padres de familia, ni acusando profesionales. Simple y sencillamente estamos buscando garantizar los derechos de niñas, niños adolescentes”, recalcó.
La minuta pasará al Pleno de la Cámara y, de ser aprobada, será enviada al Senado de la República.
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