El pasado septiembre, 45 personas partieron hacia Alemania en un viaje del Ayuntamiento de Yesilyurt, municipio de la provincia turca de Malatya. Iban a participar en un proyecto de concienciación medioambiental en la ciudad de Hannover. Solo dos de ellos regresaron a Turquía. Cuando trascendió la noticia, a mediados de abril, las redes sociales se llenaron de chanzas sobre lo que parecía una escena de la Guerra Fría en la que los participantes de un viaje oficial -para más inri organizado por una alcaldía del AKP, el partido que gobierna Turquía- desertan en territorio enemigo.
Pero las investigaciones de la prensa turca han revelado que tras este incidente se esconde algo mucho más oscuro: un sistema de tráfico ilegal de personas mediante el uso de pasaportes oficiales. En esta red -o redes, según otras fuentes- están supuestamente implicados asociaciones, ayuntamientos, políticos y empresarios en Turquía y Alemania. “Sabemos que siempre ha habido redes dedicadas al tráfico de personas que llevaban turcos a Francia y Alemania, lo grave de este caso es que se hace a través de ayuntamientos y con pasaportes oficiales”, denunció el analista Rusen Çakir en su medio digital Medyascope. “Es un ejemplo claro de la podredumbre en que nos hallamos”, añadió.
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Tras saltar la polémica, el Gobierno turco ha ordenado el despido de varios cargos provinciales y que, de forma temporal, los pasaportes grises no se otorguen a nadie que no trabaje para la Administración. El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación y la ha extendido a varios municipios en manos de la oposición. Irem Himam, el alcalde de uno de ellos, reconoce que una empresa de viajes convenció a su ayuntamiento de que pidiese pasaportes de servicio para que 34 personas participasen el pasado febrero en un festival folclórico en Macedonia del Norte. Solo regresaron 13: “Uno de los vehículos regresó, el otro no. Incluso el conductor se quedó… ¡Nos engañaron!”. Sin embargo, los demás ayuntamiento de la oposición investigados han dejado claro que sus viajes al extranjero fueron para participar en actividades “reales” y que sus vecinos sí regresaron. “Esto se hace para cubrir el escándalo de tráfico de personas que afecta a los municipios del AKP”, criticó Ferhat Yilmaz, alcalde de Yerköy.
Los diarios turcos Sözcü y Habertürk han publicado documentos que apuntan a una docena de municipios -la mayoría en manos del AKP- que supuestamente han enviado al menos a 500 inmigrantes de forma irregular a Alemania durante los últimos dos años. Sin embargo, la periodista Sevilay Yilman asegura que, de acuerdo con sus fuentes, más de 2.000 turcos han emigrado irregularmente con este sistema. De hecho, hay pruebas de que al menos a otros 11 ayuntamientos y diversas asociaciones (desde organizaciones de ayuda a personas con diversidad funcional a clubes de fútbol amateur) se les propuso participar de este trama, pero los viajes no se llegaron a producir.
El método funcionaba de la siguiente manera: los traficantes proponían a un Ayuntamiento -generalmente pequeño y con pocos recursos- organizar una visita a Alemania y la participación en talleres de formación o seminarios (inexistentes), y ofrecían el nombre de una empresa o asociación (real en algunos casos, ficticia en otros) que se haría cargo de los gastos del viaje. Las listas de quienes iban a viajar las ofrecían los traficantes, pero se incluía también a personal del Ayuntamiento, que, a su vez, solicitaba a la Delegación del Gobierno la emisión de pasaportes de servicio para todos los participantes. Estos documentos, conocidos como “pasaportes grises”, están destinados a miembros de la Administración que tienen que hacer viajes cortos al extranjero y permiten entrar en la Unión Europea sin necesidad de visado. En ocasiones, también se otorgan a personal no administrativo y a periodistas.
Los inmigrantes pagaban a los traficantes entre 5.000 y 20.000 euros que dejaban depositados en un negocio de la localidad de la que partían. “Nos dieron los pasaportes grises expedidos a nuestros nombres. Nuestro viaje en autobús duró una semana y no tuvimos ningún problema”, aseguró un inmigrante turco que utilizó esta vía para salir de Turquía en enero de 2020 y fue entrevistado por el medio turco-alemán ArtiGerçek. Al llegar a Alemania, todos eran obligados a devolver los pasaportes a los organizadores y cada uno partía hacia diferentes ciudades germanas.
Según varios testigos citados por la prensa turca, incluidas fuentes policiales, el jefe de la trama es presuntamente Ali Ayranci, antiguo alcalde del pueblo de Servi, en la provincia oriental de Bingöl, y miembro del AKP. De hecho, estas fuentes afirman que ha participado en varios viajes de este tipo. “Es el arquitecto de este sistema. Es un tipo con importantes conexiones en la región”, aseguró un turco emigrado a Alemania por este sistema en julio de 2019, que el diario Habertürk identificó solo por sus iniciales, H.B. “Todos los que viven en Bingöl saben que este es el modo de ir a Alemania. Basta que pagues 6.000 euros. Entre 2019 y 2020 salieron de Bingöl entre 450 y 500 personas, yo mismo conozco a unas 150”, afirmó. Bingöl es una provincia pobre de Anatolia Oriental y parte de su población comenzó a emigrar a Alemania en la década de 1970 (cuando, además, un terremoto dañó considerablemente la capital provincial). En los noventa, cuando arreciaba la insurgencia del grupo armado kurdo PKK, la política de tierra quemada de las fuerzas de seguridad turcas empujó a muchos habitantes a emigrar a las grandes ciudades de Turquía y Alemania.
A cambio de un camión de segunda mano
Este sistema de inmigración ilegal también se ha extendido a otros municipios de provincias vecinas. Sabahttin Kaya, alcalde de Akçakiraz (provincia de Elazig) y también del AKP, explicó al diario Sözcü que se le ofreció tres o cuatro veces un viaje así y finalmente aceptó. De hecho, reconoció saber cuál era el objetivo final: “No tenemos universidades ni industria, nuestros ciudadanos están en paro. Creímos que los jóvenes podían encontrar un trabajo allí [en Alemania]. Aquí son una carga para Turquía. Me pareció un buen arreglo”. A cambio de facilitar las gestiones, los traficantes regalaron al Ayuntamiento un camión de segunda mano valorado en unos 10.000 euros.
En los protocolos firmados por los ayuntamientos aparece varias veces otro nombre: Ersin Kilit, de origen turco y residente en Hannover, y varias empresas de su familia, Nord Bau y Mega Kilit. Ahora la Fiscalía de Hannover ha abierto una investigación sobre Kilit, al que acusa de “falsedad documental”, “violación de las leyes de extranjería” y “tráfico internacional de seres humanos”. Kilit, que ha respondido a las entrevistas de varios medios turcos, niega ser el culpable y alega que se limitó a enviar una carta de invitación a un Ayuntamiento a petición del propio consistorio. En su opinión, son los alcaldes, concejales y las oficinas provinciales de los gobernadores (designados por el Gobierno central y encargados de autorizar los pasaportes de servicio) quienes están involucrados en la trama, e incluso apuntó a la exministra del AKP y actual alcaldesa metropolitana de Gaziantep, Fatma Sahin, que lo niega y ha anunciado una querella contra Kilit. Un ex alto funcionario del Ministerio del Interior turco citado por el diario Habertürk afirma que todo el asunto huele mal: “Si incluso antes de otorgar un pasaporte ordinario investigamos a la persona por arriba y por abajo, resulta imposible entender por qué no se han investigado en este caso de los pasaportes grises”.
Este asunto, además de aumentar las suspicacias sobre la comunidad turca en Alemania (1,4 millones de personas), amenaza con alejar la perspectiva de la exención de visados para los ciudadanos turcos que viajen a la zona Schengen, una antigua aspiración que el Gobierno de Ankara ha reiterado recientemente a la Unión Europea para mejorar las relaciones.
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