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Ayuso anuncia el fin de tres impuestos que recaudaban 0,7 euros al año por habitante de media

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su Gobierno pretende eliminar todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región. Esos impuestos, que afectan a la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y al depósito de residuos, supusieron 3,4 millones de euros en recaudación en 2020 (0,7 euros por habitante de media al año). La reforma debe ser aprobada en la Asamblea, donde el PP probablemente cuente con el necesario beneplácito de Vox, y afectará a una tasa “obsoleta” y a otra que se “solapa” con una estatal de próxima aprobación, por lo que habría que dejarla en suspenso en cualquier caso cuando esta entre en vigor, reconoce la Comunidad. En consecuencia, la oposición ha tildado de “populista” el anuncio.

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Ocurre este miércoles. El anuncio llega a bombo y platillo, y rodeado por la solemnidad de una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, pero pronto queda contextualizado por la realidad. Como el Congreso va a aprobar una tasa nacional de basuras, la de Madrid iba a desaparecer previsiblemente, quisiera o no el Ejecutivo regional, para no gravar dos veces la misma cosa.

Del mismo modo, el impuesto a la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados se considera obsoleto desde la propia Administración autonómica: solo existía en Madrid, y la Comunidad lo considera residual porque el grueso de la tributación se concentra en la tasa fiscal sobre el juego (144,6 millones en 2020).

Además, la región cuenta con un tercer impuesto propio, el de recargo sobre las actividades económicas, pero no lo aplica desde 2009.

“Es una nueva pantomima neoliberal”, ha lamentado Mónica García, la líder de Más Madrid y de la oposición en el Parlamento regional. “Su gran anuncio es la supresión de unos impuestos que, o bien pasan a ser estatales, o eran irrelevantes. Es un nuevo ejercicio de marketing”.

“El anuncio es puro humo”, ha criticado Hana Jalloul, la portavoz del PSOE en la Asamblea regional. “Populismo”.

“La vuelta al cole de Ayuso se traduce en una barra libre a la ludopatía y una desprotección al medio ambiente”, ha opinado Carolina Alonso, de Podemos. “Propone la eliminación de unos impuestos clave, que ya no eran recaudatorios, sino disuasorios, lo que va a suponer un aumento de la ludopatía y una desprotección del medio ambiente”.

La desaparición de esos tres impuestos tendrá un impacto recaudatorio insignificante en los Presupuestos de la región, de más de 20.000 millones de euros. Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, las tasas que se quieren suprimir suponen el 0,02% del total de la recaudación, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de tan solo 3,4 millones de euros.

“Tenemos que volver a liderar la creación de empleo y la recuperación. Les anuncio que la Comunidad va a ser la única región de España de régimen común que no va a tener impuestos propios”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso tras la reunión semanal de su consejo de Gobierno. “Frente a los 13 impuestos propios de Cataluña, o los cinco de Extremadura, vamos a suprimir tres de ellos”, ha ejemplificado. “Queremos seguir bajando impuestos para liderar el crecimiento económico y el empleo en España, con menos impuestos y menos burocracia. A esta medida se unirá la inminente reducción del IRPF, y la línea abierta contra la hiperregulación”, ha recordado.

Ha sido un intento de marcar el inicio del curso político tras la vuelta de las vacaciones. Las grandes cuestiones tributarias, sin embargo, siguen pendientes. El Gobierno aún tiene que llevar a la Asamblea su propuesta de rebajar medio punto todos los tramos del IRPF (que beneficiará especialmente a las rentas más altas). También, su proyecto de Presupuestos para 2022, cuya aprobación depende de Vox: el Gobierno de la Comunidad de Madrid, locomotora económica de España, lleva sin aprobar unas nuevas cuentas desde que el Ejecutivo de Ángel Garrido sacó adelante las de 2019.

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