El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el nuevo contrato programa de Telemadrid, lo que permitirá financiar el funcionamiento de la compañía entre 2021 y 2023. El acuerdo entre las dos partes, enfrentadas desde hace meses, no supone que se entierre el hacha de guerra. Al contrario. En paralelo, Isabel Díaz Ayuso estudia la posibilidad de aprovechar su victoria electoral para aprobar con Vox una reforma de la ley que relaje los requisitos para cambiar a la dirección de la cadena. El deseo de influir en la gestión de la televisión y la radio públicas supuso, precisamente, uno de sus encontronazos más sonados del gobierno de coalición formado por PP y Cs la pasada legislatura.
La Comunidad rectifica y financiará a Telemadrid con 10 millones
Telemadrid, el servicio público como arma política
“Acabamos de aprobar el contrato programa para los tres próximos años, que mantiene la misma cuantía que los anteriores”, ha dicho Díaz Ayuso sobre los 74,8 millones que recibirá la cadena este año, y que serán revisados los dos siguientes con vistas a su actualización, previsiblemente, al alza. “Lo más importante es que la viabilidad de la cadena está asegurada”, ha añadido la presidenta en funciones. “Veremos si se negocia o no la ley”, ha rematado sobre la posibilidad de reformar la normativa que rige sobre Telemadrid, aprobada por amplio consenso durante la presidencia de Cristina Cifuentes para garantizar la independencia de la radio y la televisión públicas.
Para impedir la injerencia del Gobierno en los programas de la compañía, la actual normativa prevé, entre otras medidas, que su dirección no pueda ser cambiada salvo que esa propuesta obtenga un apoyo muy mayoritario en la Asamblea (mayoría de dos tercios). Ese es uno de los aspectos que querría cambiar el equipo de Díaz Ayuso, que lleva meses enfrentado al de José Pablo López, el director de Telemadrid, cuyo mandato expira en febrero de 2023. Justo a la puerta de las próximas elecciones.
¿A qué se debe ese pulso? Todo empezó en la campaña de 2019, cuando la televisión pública no accedió a la petición de separar lo máximo posible el debate de candidatos de la cita con las urnas. Desde entonces, las relaciones entre la dirección de la cadena y el equipo de Díaz Ayuso han empeorado. La presidenta llegó a decir que el canal “ya no es un servicio público esencial”.
También se quejó por carta sobre el contenido de un programa de la cadena. La consejería de Hacienda denegó fondos para financiar coberturas concretas bajo el argumento de que el 31 de diciembre de 2020 caducó el contrato programa que regula el día a día del ente, renovado ahora. Y en una decisión sin precedentes, la candidata del PP anunció que no participaría en el debate electoral de Telemadrid para el 4-M, una decisión que luego tuvo que rectificar.
Pero hubo más desencuentros. El último, decidir que Telemadrid no produciría la señal del acto que celebra el día de la Comunidad de Madrid, y externalizarla bajo el mando de la dirección general de medios gubernamental. Señal de que el pulso no ha hecho más que empezar.
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