La alta comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, la chilena Michele Bachelet, ha hecho un llamamiento este jueves en nota de prensa a que las fuerzas de seguridad de Myanmar “detengan su violenta represión a manifestantes pacíficos”. El llamamiento llega después del día más violento de represión a las protestas, con un balance de al menos 38 personas muertas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que la policía y el ejército son los responsables de la muerte de al menos 54 personas desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero. Sin embargo, la institución cree que la cifra real de muertos puede ser aún más alta.
Bachelet ha recalcado: “El ejército de Myanmar debe dejar de asesinar y encarcelar a los manifestantes. Es abominable que las fuerzas de seguridad estén disparando fuego real contra manifestantes pacíficos en todo el país”. La alta comisionada también ha dicho estar “horrorizada” por las ataques a personal médico y ambulancias que intentaban ayudar a los heridos.
De las muertes documentadas por la ONU, al menos 30 han ocurrido en las ciudades de Yangón, Mandalay, Sagaing, Magway y Mon este miércoles. Una persona ha muerto el martes y otras 18 el pasado domingo. No hay un número concreto de personas heridas, pero la oficina de la ONU estima que la cifra sobrepasa el centenar.
La nota también denuncia detenciones y encarcelamientos que califica como arbitrarias. Desde el 1 de febrero, más de 1.700 personas han sido arrestadas por participar en protestas o actos políticos. La lista incluye parlamentarios, activistas políticos, defensores de derechos humanos, profesores, sanitarios, periodistas, funcionarios, monjes y celebridades. Entre los arrestados están la líder de facto del Gobierno civil, Aung San Suu Kyi, y el presidente, Win Myint.
El número de detenciones ha aumentado en los últimos días: solo el miércoles fueron al menos 700 las personas arrestadas. Sin embargo, la oficina alerta de que el número puede ser aún mayor, ya que las protestas se extendieron por 537 localidades en el país. Algunos de los detenidos ya han sido condenados a penas que van desde siete días hasta dos años.
Bachelet también ha expresado su preocupación por los ataques contra periodistas: al menos 29 periodistas han sido detenidos en los últimos días, ocho de los cuales han sido acusados de delitos, incluidos incitación a la oposición, odio al gobierno o asistencia a una reunión ilícita.
La alta comisionada afirma que muchos de estos arrestos pueden ser considerados desapariciones forzadas y pide la liberación inmediata de los que permanecen “detenidos arbitrariamente”. Según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida por (o con el consentimiento de) actores estatales, y no hay información oficial sobre su bienestar o paradero.
“Insto a todos aquellos con información e influencia, incluidos los funcionarios de Myanmar que ahora se están uniendo al movimiento de desobediencia civil, a que apoyen los esfuerzos internacionales para responsabilizar a los líderes militares por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido tanto ahora como en el pasado”, ha dicho Bachelet, citando el trabajo del Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar y los procesos ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. “Este es el momento de cambiar el escenario hacia la justicia y poner fin al dominio militar sobre la democracia en Myanmar”, ha rematado.
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