El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de dar la razón al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que recurrió al organismo en enero de 2016 después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación al ordenar las escuchas del caso Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP. El comité recuerda en su dictamen que otros jueces tomaron medidas similares sin que fueran castigados por ello, afirma que la actuación de Garzón “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo” y exhorta a España a borrar sus antecedentes penales, “compensar” al magistrado y tomar medidas para que nada parecido vuelva a suceder. Apenas unas horas después de conocer el dictamen, Garzón explica sus próximos pasos a EL PAÍS.
Pregunta. El dictamen del comité reclama a España “una reparación integral” y “una compensación adecuada por el daño sufrido”. ¿Cuál cree que sería esa compensación adecuada? ¿Pedirá el reingreso en la judicatura?
Respuesta. Es un dictamen muy contundente. El comité asegura que fue una condena “arbitraria e imprevisible”, es decir, que me condenaron porque les dio la gana. Habla de reparación integral a la persona cuyos derechos han sido violados, dice que el Estado tiene la obligación, entre otras cosas, de borrar mis antecedentes penales y de proporcionar una compensación adecuada. Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado. El comité está pidiendo que se borren mis antecedentes penales y siguiendo esa interpretación, que considera que no se respetaron mis derechos, que no tuve un juicio justo, blanco y en botella: la reparación económica es lo menos importante. Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan. Eso es lo que tendría que ser.
P. ¿Quiere volver a la judicatura?
R. Yo soy juez, es como me siento. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Lo tengo que solicitar porque sé que de oficio no lo van a hacer. Esto afecta a organismos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que tomar una posición. Todo esto es absolutamente novedoso porque el comité, el máximo organismo de defensa de los derechos humanos a nivel universal, lo que dice es que esto nunca debió haberse producido. Solicitaré la reintegración, claro que sí.
P. ¿Qué le ha supuesto esa condena además de su retirada forzosa de la judicatura? ¿Cómo cambió su vida?
R. Mi vida cambió radicalmente, yo no, porque siempre he mantenido mis convicciones, siempre me he sentido un servidor público y creo que hice lo que tenía que hacer, con aciertos o desaciertos, en defensa de la sociedad y del Estado de derecho. Jamás he tenido conciencia de haber cometido un delito. Pero fue muy duro ver cómo acababan con una profesión a la que había dedicado más de 30 años. Dictaron siete resoluciones en un día para propiciar mi suspensión cuando yo ya había pedido el traslado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, había un interés especial en que aquello fuera así. Todo el proceso fue estrambótico, limitaron las pruebas… Cambió todo, mi vida profesional y personal. Mi familia sufrió mucho. Una de las cosas que más alegría me ha dado ese dictamen es que mi madre ha podido verlo.
P. ¿Qué le dijo su madre?
R. Ha sido muy emotivo. Me dijo que lo sabía desde el principio, pero que está bien que me lo reconozcan, que se hace justicia.
P. Es un juez con antecedentes penales. ¿Le han condicionado alguna vez desde la condena?
R. Ahora lo que dice el Comité de Derechos Humanos es que se borren. Yo jamás he pensado que esos antecedentes eran la medida de lo que había hecho. Quien tomó esa decisión es quien debe revisar su conciencia. Pero sí, han sido un lastre y ha habido mucha gente que se ha encargado de recordármelos. Estoy seguro de que esas mismas personas ahora se van a olvidar de reconocer esta decisión y minusvalorarán el dictamen del comité, pero me alegra mucho que me los quiten porque de alguna manera es un reconocimiento, en el caso del franquismo, a muchas víctimas. Fui injustamente suspendido cuando empezó la investigación. Y con Gürtel igual. Era muy difícil entender que me condenaran por algo que otros hicieron y pese a todas las precauciones que tomé.
P. El comité establece que no tuvo un proceso con garantías y jueces imparciales. ¿Cree que ha ocurrido más veces en España?
R. Fue tan flagrante… El comité recuerda que otros jueces hicieron lo mismo. Fue muy duro, muy penoso soportar día a día las sesiones del juicio. Naciones Unidas ya ha llamado la atención otras veces sobre el tema de la doble instancia. El Tribunal Supremo se agarra a que el Tribunal de Estrasburgo habla del número de jueces, pero el dictamen en este aspecto es muy claro: no se trata de que haya más o menos jueces, tiene que haber un tribunal superior que pueda revisarlo, al que poder recurrir.
P. ¿Ha seguido la evolución del caso Gürtel? ¿Siente esas condenas como una forma de reparación?
R. He seguido las sentencias y sin lugar a dudas son una reparación porque demuestran que la instrucción era correcta y que lo que ocurrió no tiene sentido.
P. No pidió el indulto. ¿Por qué?
R. Lo pidió Medel, la asociación de magistrados europeos por la democracia y las libertades. Yo no me opuse porque era una petición de compañeros, pero primero la perdieron durante un año y después dijeron que no había lugar y se acabó. Yo no lo pedí personalmente porque para eso tendría que tener conciencia de haber cometido un hecho delictivo y yo no quería el indulto, sino que se reconocieran mis derechos, como hace ahora el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
P. En los últimos días ha habido varias resoluciones judiciales polémicas, como la de devolver al general franquista Millán Astray una calle en Madrid. ¿Qué le parece?
R. Me parece muy grave que no se tome conciencia de que esas decisiones pueden afectar negativamente a la estabilidad de derechos conquistados. No se pueden permitir estos retrocesos. No puedo meterme en cuestiones de independencia judicial e interpretación de las leyes, pero siento que esa visión conservadora de algunas resoluciones judiciales es preocupante. Decidir el nombre de una calle va más allá de lo que deberían hacer los jueces y creo que revictimiza a quienes nunca han sido reparados.
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