El 27 de febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en el cuartel general de la Banca Privada d’ Andorra (BPA). Bajo la escrutadora mirada de sus propietarios, los hermanos Ramón e Higini Cierco, la cúpula del banco examinaba en la sala de juntas los balances de América Latina. Argentina, Uruguay, Panamá…. Todo parecía funcionar como un motor engrasado. Pero había una excepción. “Se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”, reflejó escuetamente el banco en un acta de su comité de control.
El vaticinio no se cumplió. Y la BPA mantuvo su red comercial en México hasta marzo de 2015, cuando el Tesoro de EE. UU. empujó la intervención del banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América. Pero ¿qué ocurrió en 2012 para que la entidad financiera amagara con marcharse de México, segunda economía de América Latina?, ¿un banco para ricos que se esfumaba de un país que ese año registraba 1.900 fortunas de más de 30 millones de dólares, según la firma Wealth-X?
EL PAÍS ha tenido acceso a documentos internos del banco, informes policiales y auditorías confidenciales que aclaran algunas de estas incógnitas. Y explican la accidentada travesía de la entidad en México. Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones. Todos, casos desvelados por este periódico.
Para entender este relato hay que retroceder hasta octubre de 2006. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México autoriza la apertura de BPA en este país. Con señuelos como la confidencialidad del secreto bancario, la estabilidad de la vieja Europa y una engrasada red comercial poco dada a hacer preguntas sobre las misteriosas fortunas, el banco se hace un hueco en el país.
Transcurre solo un año. Y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución pilotada a más de 9.000 kilómetros de Ciudad de México. Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder… Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana.
Un alto funcionario de Hacienda, pionero
Giovanni Zenteno era coordinador del gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006. Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su condición de alto funcionario. “La decisión de abrir una cuenta en el extranjero obedeció a razones de seguridad y fiscales”, confiesa por correo Zenteno, que también fue secretario de Hacienda de Chiapas (1994-2000) y coordinador nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (1999-2000). El exjefe fiscal elude precisar cuánto ocultó en Andorra. La Fiscalía del país europeo le investigaba en 2017 por su conexión con una firma relacionada con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, que fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por desviar recursos públicos a través de una telaraña de empresas fantasma. No fue el único. El pasado año, el ministerio público andorrano mantenía abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA y, cuando se intervino el banco, en 2015, estas pesquisas ascendían a 80, según confirman fuentes conocedoras del caso.
Zenteno formó parte de la primera camada. Una cartera que incluía a Juan Sigfrido Millán Lizárraga, gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, y con el que este periódico no ha podido contactar. También, a una irregular nómina de perfiles. Una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007…
Al año de nacimiento, el tinglado de BPA-México está a punto de desplomarse. El chófer de la filial envía un informe a Andorra que revela que sus jefes, Manuel Urdangaray y José Miguel Díaz, blanquean cuatro millones de dólares mensuales de la droga. Trabajan en la sombra, dice, para un cliente venezolano, Gabriel Ignacio Gil Yáñez, exasesor del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013). Y cobran una comisión del 1,5% por actuar de lavadora de fondos. La dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. Obvia la conexión de Yáñez con el narco. También, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a través de la casa de cambios mexicana ByB.
BPA intenta sofocar el fuego. Pero lo hace a medias. La entidad mantiene la vinculación con el banco del empleado bajo sospecha Díaz, según un correo de septiembre de 2017 del director general adjunto, Xavier Mayol.
La institución de los hermanos Cierco se sobrepone al envite. Y, pese los coletazos de la crisis financiera de 2008, crece. Lo hace con un nombre propio, el de su delegado Joan March Masson. El ejecutivo consigue que el operador de un desconocido país europeo tapizado por lagos, bosques y estaciones de esquí se extienda en silencio en los cenáculos del poder como garantía de discreción. Las cifras le avalan. La institución financiera capta en México en 2010 a 122 clientes y suma 192,6 millones de volumen de negocio. En 2012, son ya 174 los enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones, según datos internos.
Corre 2013. Y BPA cierra su embajada en México, pero mantiene su presencia en el país. Hasta la intervención del banco, en 2015, Masson pilota un equipo de tres empleados que carece de sueldo fijo. Y, con el acicate de las comisiones, toca en silencio a la puerta de las adineradas fortunas. Se deja caer en las recepciones y cócteles del poder.
El banco ofrece una llave en mano de servicios opacos. Un alambicado tinglado que extiende sus filiales a Panamá y Suiza. Desde su tentáculo del país centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas fortunas.
Con el crecimiento arrancan también los problemas. La institución comienza a captar a Personas Políticamente Expuesta (PEP), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
La exdiputada del medio millón de dólares
Luz del Carmen López Rivera, exdiputada federal del PRI y fundadora y presidenta de la compañía minera Santa Lucía S. A. de C. V., anuncia en mayo de 2012 al banco que quiere colocar medio millón de dólares en la BPA bajo el blindaje de su sociedad Harrigay Entreprises SA, según un informe de la Policía de Andorra. La exparlamentaria no ha respondido al cuestionario de este periódico.
Los nueve millones del constructor
Otro documento interno revela que el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, ex director General de ICA Construcción Urbana, depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares. “Es hijo del presidente de una de las constructoras más importantes de Latinoamérica con 35.000 empleados”, anotan los gestores. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de este directivo, que ocupó la vicepresidencia nacional de Asociaciones Público-Privadas en la Cámara Mexicana de la Construcción.
Otro apunte más. Cuatro empresas mexicanas comunican en agosto de 2014 su intención de recurrir a los laberínticos tinglados de la BPA para ingresar en tres cuentas numeradas 70 millones de dólares. El dinero, le cuentan las compañías al banco, procede de un pleito ganado a la Hacienda Mexicana que arrancó en 1990.
Desde el 2015, año de la intervención del banco, las ideas y venidas de los miembros de la fiscalía mexicana a Andorra han sido tan discretas como constantes. Durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la antigua Procuraduría General de la República (PGR) buscó un atajo para salvar el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos atrapados en las redes de la juez Canòlich Mingorance y del fiscal Alfons Alberca, dos perros de presa que han quitado el sueño a más de un preboste del PRI. Mediante la presentación en los juzgados de Andorra de informes sobre el origen “legítimo” de las fortunas investigadas por blanqueo de capitales, lograron el archivo provisional de causas como la de Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares (107 millones de euros) en 23 cuentas entre 2006 y 2015. Tras ser detenido en México por delitos similares, la causa del letrado se reabrió.
“El denominado no ejercicio de la acción penal (neap) ha sido el truco que se utilizó entonces para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno”, afirma un funcionario conocedor de las pesquisas. La Fiscalía de México investiga al fiscal Alberto Alcántara, ya cesado, y tres de sus viajes a Andorra “por inusuales e irregulares” ante la sospecha de que intercedió a favor de Collado.
Las actas del Comité de Prevención, el perro guardián de la institución financiera que vela, en teoría, para evitar que el dinero sucio aterrice en los depósitos de la BPA, no pueden ser más explícitas. Recogen 59 menciones a mexicanos entre 2007 y 2015. O, lo que es lo mismo, uno de cada tres clientes mexicanos que tocó a la puerta del banco de los hermanos Cierco era sospechoso. Otro coletazo más de fango: Los principales directivos de la extinguida entidad están siendo investigados por la Justicia andorrana en varias causas por su conexión con un rosario de delitos como el blanqueo.
investigacion@elpais.es
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