Patricia Mayorga es una periodista que no puede regresar a México sin peligro. La comunicadora, de 47 años, investigaba sobre la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad locales del estado de Chihuahua, al norte del país. Ella compartía información con la reportera Miroslava Breach, que indagaba sobre el mismo asunto en la región. Breach fue asesinada en marzo de 2017. Le dispararon ocho balas cuando salía de su domicilio. En ese momento, Mayorga se dio cuenta de que su vida corría riesgo. La mexicana es una de las integrantes del programa de protección para periodistas del Ayuntamiento de Barcelona y de la entidad Taula per Mèxic, que ofrece un refugio para comunicadores amenazados por su profesión en la capital catalana.
La reportera del semanario Proceso no radica desde hace tres años en su natal Chihuahua. Escribe sobre temas de corrupción, personas desaparecidas y desplazamientos forzados de comunidades indígenas. Mayorga señala que hay “indicios de que no puede volver” ya que existen puntos, en el expediente de la investigación del caso de Breach, que apuntan también a sus coberturas. Prefiere no dar detalles de las intimidaciones que recibió. “México es una amenaza constante por la impunidad”, dice la chihuahuense, que aún está contratada por su medio y tiene la esperanza de regresar pronto.
La periodista no es la primera comunicadora que acoge el proyecto, ni parece ser la última que enfrentará una situación similar. La representante de la Taula per Mèxic Sandra Vicente comenta que el programa ha recibido a ocho reporteros de esta nación, desde julio de 2017. Vicente describe que la entidad proporciona apoyo psicosocial, una vivienda y la posibilidad de integración sociolaboral. La estancia de refugio que ofrecen es por un periodo máximo de medio año. “Lo que nos preocupa es el retorno. Existe un seguimiento de las instituciones”, asegura la representante.
El director de Justicia Global y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, David Llistar, explica que ellos, por su parte, se encargan del financiamiento y apoyan en el trámite de los visados. El coste del programa —que fue firmado por un periodo de dos años— asciende a los 315.000 euros. El consistorio aporta el 73% de los recursos. Llistar precisa que el proyecto surgió con la idea de “devolverle al pueblo mexicano todo lo que hicieron” con el recibimiento de refugiados españoles durante la Guerra Civil. “La voluntad es seguir mientras exista esta problemática”, asevera Llistar, relacionado con los riesgos que los trabajadores sufren en este territorio.
Los crímenes y la impunidad
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Tan solo en este año, 10 comunicadores han sido asesinados en esta nación, según las cifras publicadas por Reporteros sin Fronteras (RSF). El presidente de la organización en España, Alfonso Armada, destaca que el espectro de intimidaciones que sufren “es amplio”, desde amenazas indirectas como mensajes a familiares, hasta aquellas directas como llamadas telefónicas, mensajes en internet o secuestros. “Da la sensación de que la justicia está ausente y no se cumplen los estándares jurídicos mínimos”, agrega Armada, sobre la impunidad que prevalece en muchos casos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió en mayo pasado combatir la violencia contra la prensa y acabar con la ausencia de justicia hacia el gremio. Sin embargo, el dirigente ha mantenido un enfrentamiento directo con los medios que no son afines, desde su punto de vista, a las acciones de su Gobierno. Armada especifica que desde RSF se mantienen al margen de los espectros ideológicos, pero considera que esta “política de confrontación distrae del fondo del problema”, que es la protección a los trabajadores. “Nos preocupa que gran parte de las agresiones se producen en pequeños poblados, en diarios o emisoras locales que no tienen una gran infraestructura y están en situaciones precarias”, apunta.
Yaneli Fuentes conoce de cerca este escenario. La periodista llegó hace dos meses a Barcelona, como Mayorga, pero hasta hace poco trabajaba en Diario Alternativo, un medio local al sur de México. Ella no podía tomarse una cerveza tranquila en un bar si no revisaba los lugares que visitaba. En 2017, fue amenazada por primera vez por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), un grupo armado de autodefensa ciudadana que, según sus reportajes, realizaba detenciones arbitrarias, torturas y extorsiones. El medio no tenía una gran infraestructura para protegerla, la policía local tampoco garantizaba su seguridad.
La mexicana, de 29 años, detalla que las amenazas fueron de menos a más con el tiempo. Intimidaciones en redes sociales, provocaciones con armas de fuego y una agresión física, fueron algunas de las situaciones que sufrió. “Llegó un momento en el que no soporté la incertidumbre”, afirma. La comunicadora menciona que en junio pasado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias emitió una orden de detención en su contra, por los temas de sus investigaciones. En ese momento, fue extraída por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por el momento, lo poco que puede hacer es asimilar lo sucedido y compartir su experiencia. Barcelona le ayuda a despejar su mente.
Source link