Muchos factores tienen que ver en que Estados Unidos se esté acercando a sus 250 años de existencia siendo una democracia desde su fundación. Uno, que no es menor, es el permanente escrutinio al que son sometidos sus gobernantes tanto por otros poderes del Estado como por la opinión pública. Un sistema de contrapoderes —los conocidos checks and balances— de los que algunos tienen carácter obligatorio y otros son asumidos voluntariamente y por tradición por sus mandatarios, en la comprensión de que la transparencia resulta fundamental para el mantenimiento de una democracia.
En la disrupción que ha supuesto Donald Trump en la manera de entender y ejercer la presidencia de EE UU, el gobernante se ha negado a hacer público el estado de sus declaraciones a Hacienda, y las ha protegido celosa y sistemáticamente del conocimiento de los votantes. Y no solo de ellos, sino también de los poderes judicial y legislativo. La Fiscalía del Distrito de Manhattan y la mayoría de la Cámara de Representantes han reclamado durante largo tiempo las declaraciones fiscales del presidente. Trump no solo no ha dado su brazo a torcer, sino que ha llevado el asunto hasta el mismo Tribunal Supremo, que en julio le recordó que no puede bloquear la información que demandaba la Fiscalía, aunque también resolvió que la petición del Congreso debía decidirse en un tribunal inferior. Todo esto hubiera sido completamente innecesario si, al igual que hicieron sus predecesores en el cargo, Trump hubiera hecho un mínimo ejercicio de transparencia ante los estadounidenses.
Ni lo hizo, ni lo ha hecho. Ha tenido que ser una revelación periodística —gremio en el punto de mira permanente del millonario neoyorquino— de The New York Times, la que ha sacado a la luz un elenco de maniobras fiscales y conflictos de intereses existentes en una figura empeñada en hacer compatibles el servicio público y el beneficio personal y que —a pesar de alguna teatral puesta en escena justo antes de comenzar su mandato— se ha negado a desvincularse de sus negocios durante su estancia en la Casa Blanca.
Los datos hablan por sí solos y uno de ellos es especialmente explícito: Trump pagó 750 dólares en impuestos en 2016, el año de su elección. Es menos dinero, por ejemplo, de lo que cuesta alojarse dos días en la Trump Tower que el presidente posee en Nueva York y mucho menos de los entre 10.000 y 15.000 dólares que la media de los estadounidenses pagan todos los años al fisco.
La Organización Trump rebate que la información está “repleta de groseras inexactitudes”, pero, de ser esto verdad, lo hubiera tenido muy fácil para evitarlas. Bastaba con que el presidente hubiera estado a la altura de su cargo y de los ciudadanos. Bastaba transparencia.
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