La Paz, Bolivia.- La interpelación del Parlamento de Bolivia al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, por la detención de la exmandataria interina Jeanine Áñez, derivó en los golpes entre legisladores del oficialismo y la oposición.
El asunto que polarizó a los parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tienen la mayoría, con los de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos fue si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado.
Al informe de Del Castillo antecedió la presencia en exteriores del Parlamento de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal en las que murieron más de una veintena de civiles en tensiones con el Ejército cuando Áñez había asumido la Presidencia interina del país, tras la renuncia de Evo Morales al poder.
Esa protesta se simbolizó con tres ataúdes de cartón que se apostaron en el ingreso del Parlamento momentos antes de que el ministro Del Castillo acudiera a responder las cinco preguntas planteadas por un grupo de legisladores de la oposición.
PUGILATO ENTRE LEGISLADORES
El ambiente interno se llenó de pancartas con las que se pidió “justicia” para las víctimas o con preguntas sobre “dónde está el dinero del gas lacrimógeno”, en referencia al reciente escándalo de corrupción que salpicó al Gobierno interino de Áñez.
Frente al atril principal también estaban un cúmulo de papeles con inscripciones de “actas 2019” y “actas 2020” con las que Del Castillo desafió a los opositores para demostrar de que no hubo fraude electoral en esos dos años.
Cuando el ministro tomó la palabra comenzaron los gritos desde el bloque de oposición con respuestas de la parte del MAS.
“¡Cálmese por favor!”, “¡le estoy pidiendo cordura!”, dijo repentinamente el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que interrumpió al ministro, para llamar la atención a otros legisladores.
En primera fila, el senador de Creemos Henry Montero y el diputado del MAS Antonio Colque intercambiaban golpes de puño hasta que ambos cayeron al piso, a pesar de los intentos de sus colegas por separarlos.
Tras aquello, la misma escena se repitió entre dos legisladoras una del MAS y otra opositora que también se enfrentaron entre jalones de pelo y rasguños, por lo que Mamani se vio forzado a declarar diez minutos de pausa para luego reinstalar la sesión.
UN MINISTRO EXALTADO
“Cómplices de la corrupción el narcotráfico y las muertes ¡silencio! ¡guarden compostura! el pueblo boliviano les ve”, recriminaba Del Castillo ante los gritos de los opositores que interrumpían su explicación.
“Cómplices, cómplices, cómplices, asesinos cómplices”, llegó a gritar el ministro en un tono todavía más exaltado simulando cánticos ante sus detractores hasta que llegó la interrupción por los golpes entre parlamentarios.
Tras el receso, Del Castillo expuso los argumentos por los que, según su parecer, en 2019 hubo un “golpe de Estado” y no un fraude electoral”.
“Acá abajo están las 35,000 actas de la gestión 2019 (…) vengan (…) se las he impreso (…) he hecho su trabajo”, desafío el ministro a los opositores que mantenían sus reclamos a gritos.
Minutos antes, durante el receso, el jefe de la bancada de Creemos, Edwin Bazán, dijo a los medios que el ministro era “incapaz para presentar argumentos” y lo acusó de actuar con cobardía durante la sesión.
RATIFICACIÓN DE LA MAYORÍA
El acto de interpelación continuó y la bancada de legisladores mayoritaria del MAS, ya había adelantado que brindaría su respaldo a Del Castillo por las acciones que se siguieron en la detención de Áñez.
La exmandataria interina guarda reclusión preventiva desde mediados de marzo por el caso denominado “golpe de Estado” en el que se la acusa por sedición, conspiración y terrorismo, a raíz de una denuncia de la exparlamentaria del MAS Lidia Patty.
Como ella están detenidos los exminsitros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán.
La denuncia interpuesta por Patty también ha estado dirigida a exaltos mandos militares y policiales así como al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, aunque la justicia no ha efectuado acciones sobre estos últimos.
El Gobierno sostiene que con este caso se busca hacer justicia por los sucesos de 2019 mientras que la oposición considera que se trata de un acto de persecución en su contra.
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