Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en el basurero de un penal en Puebla, un grupo de activistas cuestionaron el actuar de las autoridades involucradas, desde el proceso de exhumación del cadáver en un panteón de la Ciudad de México, hasta su ingreso al penal.
Saskia Niño de Rivera, directora de la organización Reinserta, consideró que, sin condiciones de corrupción, no sería posible que esto sucediera.
“¿Cómo es que un bebé muerto, que ya llevaba varios días muerto, con un proceso de morgue incluso, entrara a un penal? ¿Existe colaboración de las autoridades?”, cuestionó Niño de Rivera.
Durante una conferencia de prensa conjunta, en la que participaron 11 representantes de organizaciones de la sociedad civil, también condenaron las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en contra de periodistas y activistas que documentaron los hechos.
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“Este discurso sí tiene consecuencias. Este discurso sí escala la violencia contra la prensa. Este ser intolerante sí se traduce en un uso del poder público, del aparato público para agredir e inhibir a la prensa. Es por eso que es completamente los dichos del gobernador en contra de las compañeras, que lo que han hecho es cumplir con su mandato, con su obligación de documentar, de acompañar a las familias”, expresó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 .
Por su parte, Tania Ramírez Hernandez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que cualquier explicación que exista sobre este caso, “tiene implicaciones de autoridades, de una red de corrupción que habrá que desmantelar”.
“Me parece que podemos estar frente a una de las más profundas expresiones de crueldad en contra de la niñez en un escenario nacional en donde la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes se multiplica día a día”, sostuvo Ramírez.
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