Confinados en sus celdas, durmiendo en bancos de cemento, obligados a estar en silencio y sin ver la luz del sol. Esta es la situación a la que están sometidos los 206 presos políticos nicaragüenses que, según la activista Berta Valle, subsisten bajo “torturas y maltratos” en las cárceles del régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo. Los presos “pueden contar los frijoles que les ponen en el plato, entre 30 y 45 gramos”, explicó Valle este jueves en un acto de la Fundación Friedrich Neumann en Madrid. Durante su intervención, la esposa del candidato a la presidencia, Félix Maradiaga, denunció el ensañamiento del régimen con su marido, en prisión desde 2021, y otros disidentes, “por el simple hecho de promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, afirmó.
El politólogo e historiador Félix Maradiaga trató de concurrir como candidato a las elecciones generales de su país del pasado 7 de noviembre en representación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una plataforma formada en 2018 por 43 organizaciones sociales y políticas, con el objetivo declarado de buscar “la pronta salida del poder” de los Ortega, después de entonces tres ―ahora ya son cuatro― mandatos consecutivos y 15 años en el poder. En estos tres lustros, el régimen de ese país “ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial”, donde se han suprimido todas las libertades, según un informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La policía nicaragüense se llevó a Maradiaga el 8 de junio de 2021 tras golpearlo y sacarlo violentamente de su coche, en el que viajaba de camino a su casa en Managua. El candidato de la oposición estuvo desaparecido 84 días, un tiempo del que su esposa recuerda sobre todo el sufrimiento de “ni siquiera saber si estaba vivo”. Desde entonces, está encarcelado en la temida prisión de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, en Managua. En esta cárcel, se han documentado actos de tortura sistemáticos contra los prisioneros, de acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU de septiembre de 2021.
En febrero de 2022, Maradiaga fue condenado a 13 años de cárcel. Otros seis candidatos presidenciales, entre ellos Cristiana Chamorro, la favorita para hacer frente a Ortega, acabaron también entre rejas. “Esta es la parte más dura de la represión, ya no tenemos una voz en el país”, deploró Valle en Madrid. La activista denunció cómo en su país “se ha criminalizado la protesta y creado una serie de leyes por recomendación rusa y venezolana para justificar las detenciones arbitrarias”.
Esta represión, que se intensificó antes de los comicios que garantizaron a Ortega y su esposa su cuarto mandato, no se limitó a los posibles rivales políticos del presidente, sino que se extendió a líderes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, e incluso campesinos, obispos y sacerdotes.
“Ellos [los obispos] fueron quienes lograron en 2018 una mesa de diálogo para salir de la crisis y respaldaron al pueblo”, recordó Berta Valle este jueves. La esposa de Maradiaga elevó a ocho los curas en prisión en Nicaragua, entre ellos, Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, una figura destacada en la defensa de los derechos humanos en el país.
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Desde su encarcelamiento, Félix Maradiaga, un hombre antes corpulento, ha perdido unos 26 kilos, explicó su esposa. Las familias de los presos políticos en Nicaragua han denunciado reiteradamente que el régimen de Daniel Ortega restringe deliberadamente los alimentos a estos reos hasta llegar prácticamente a provocarles la desnutrición. En las exiguas celdas del penal de El Chipote, o bien están aislados, o bien se les “prohíbe hablar con sus compañeros de celda”, según Valle. Ese es el caso del esposo de la activista, que comparte presidio con uno de sus abogados, pero a quien tiene vetado dirigirle la palabra. Madariaga ha llegado a tener cuatro abogados, uno de ellos es el que está encarcelado con él, otros dos están en el exilio y con el cuarto solo tuvo la oportunidad de hablar cinco minutos antes de ser juzgado.
El candidato opositor preso solo ha podido comunicarse con su mujer durante estos meses a través de mensajes transmitidos por su hermana, la única persona que ha obtenido permiso para visitarle en la cárcel. En uno de ellos, el político denunció estar sufriendo pérdidas de memoria. A pesar de ser profesor de Historia, no recordaba fechas ni nombres de la II Guerra Mundial, subrayó su esposa. “El régimen quiere apagarnos” le dijo Maradiaga a su mujer en uno de estos mensajes.
A las duras condiciones de reclusión que la activista describe, se suma la violación del derecho a un juicio justo de estos presos políticos. Los juicios han sido “arbitrarios, a puerta cerrada y en secreto y las audiencias no han sido en una corte sino en la cárcel de El Chipote. Los testigos de la Fiscalía eran policías”, rememora la activista.
Berta Valle y otros familiares de presos políticos de Nicaragua son también objeto de persecución política. Las autoridades los definen como “traidores a la patria”. Ellos se consideran defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro —primo de otra candidata, Cristiana Chamorro— también ha sido condenado a 13 años de cárcel por postularse como candidato a la jefatura del Estado.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha unido a estas dos mujeres en la adversidad. Cárdenas y Valle tienen tres cosas en común: sus maridos están en El Chipote desde el mismo día, el 8 de junio de 2021; las dos se han visto forzadas a partir al exilio junto a sus hijas; y, desde ese día, han protagonizado sucesivos actos de denuncia pública de la situación que, consideran, está arruinando a sus familias y a su país.
“No es fácil el exilio, pero yo no puedo volver a Nicaragua por mi condición”, afirma Valle. “Estaría dispuesta a que mi esposo estuviera desterrado con tal de salvarle la vida. No porque quiera, pero sí para salvarle la vida”, concluyó su alocución la activista nicaragüense.
Bajo el régimen de Daniel Ortega —definido por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “una dictadura”—, han muerto desde 2018 al menos 350 personas, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La agencia de los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) calcula que al menos 200.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir del país.
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