El Gobierno de Joe Biden apeló la decisión de un juez federal de poner fin al Título 42, una controvertida medida aprobada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para retornar en la frontera a la mayoría de solicitantes de asilo por el riesgo que supone la pandemia del COVID-19.
En noviembre, El juez Emmet Sullivan ordenó a Biden que cancele esa política, aunque, a petición del Gobierno, le concedió cinco semanas, hasta el 21 de diciembre, para cumplir su dictamen. La decisión del Departamento de Justicia de apelar ahora el fallo de Sullivan, revelada el miércoles por la cadena de noticias CNN, puede dar pie a que otra corte superior decida suspender el final del Título 42, alargando una batalla judicial en la que también participan varios estados republicanos.
Alrededor de 6,000 y 7,000 migrantes llegan a la frontera a diario en medio de una ola de migración masiva. En total, casi 2.8 millones de migrantes cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 (que acabó en septiembre), un número que rompió el récord alcanzado en 2021 (más de un millón), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
Sullivan, juez de distrito de Washington, DC, dictaminó el 15 de noviembre que el Título 42 es “arbitrario y caprichoso” y “viola” la ley federal, y ordenó con efecto inmediato al Gobierno que acabara con esa política. Daba la razón así a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que alegó que el Título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro al otro lado de la frontera y viola la ley de asilo estadounidense.
EL DHS SOLICITÓ CINCO SEMANAS DE PRÓRROGA PARA “TRANSICIÓN”
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó cinco semanas de prórroga “para prepararse para la transición”, que el juez le concedió el 16 de noviembre “con grandes reticencias”, aplazando así el final del Título 42 hasta el 21 de diciembre. En ese momento, el Gobierno anunció que no recurriría la decisión judicial.
Biden ya había intentado de hecho acabar con el Título 42 en mayo, pero otro juez federal, Robert Summerhays, del distrito judicial de Lafayette (Louisiana), se lo impidió, en respuesta a una demanda presentada por 15 estados republicanos.
El 22 de noviembre, esos mismos estados (Arizona, Louisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, West Virgina y Wyoming) presentaron al juez Sullivan una moción para que mantenga el Título 42, defendiendo que la decisión les “puede afectar directamente” porque la llegada de inmigrantes “impondrá cargas financieras a los estados que acogen involuntariamente”.
Grupos de migrantes deciden cruzar hacia EEUU y ya no esperar en la frontera.
Independientemente de lo que decida finalmente el juez, el recurso del Gobierno y las posibles mociones posteriores que defiendan los republicanos pueden alargar la vida del Título 42, puesto que otras cortes pueden congelar o anular la orden de Sullivan, en una batalla de meses o años que puede acabar ante la Corte Suprema.
El DHS preveía que el final del Título 42 podía hasta duplicar la llegada de inmigrantes a la frontera con México, alcanzando un ritmo de entre 9,000 y 14,000 al día, según CNN. El Título 42 ha permitido al Gobierno retornar a unos 2.4 millones de solicitantes de asilo desde su entrada en vigor, y las autoridades temían que su final pudiera traer un éxodo de llegadas.
Alrededor de 6,000 y 7,000 migrantes llegan a la frontera a diario. En total casi 2.8 millones de migrantes cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 (que acabó en septiembre), un número que rompió el récord alcanzado en 2021 (más de un millón), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En 2019, antes del Título 42, se registraban unas 6,000 llegadas diarias, según CNN.
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