Los obstáculos que una conocida cadena de cafeterías está poniendo al intento de sindicarse del personal de uno de sus locales, en Memphis, pueden tener las horas contadas. La empresa ha despedido a los implicados en la movilización, alegando violación de normas corporativas. Los afectados acusan a la compañía de represalias. El conflicto no es el primero, ni será el último, solo una gota de agua más en la caldera en ebullición del mercado laboral en Estados Unidos. La pandemia ha puesto las cartas boca arriba: los trabajadores han tomado conciencia de su fuerza —de lo valiosos que resultan en un mercado con más oferta de empleo que demanda—, y el sindicalismo resurge de sus cenizas.
Nadie más decisivo que Joe Biden, presidente de EE UU, para respaldar el creciente movimiento sindical, que estaba de capa caída desde los años ochenta: la tasa de afiliación, del 10,3% en 2021, supone la mitad que entonces, unos cuatro millones de miembros menos. Este lunes, el mandatario demócrata, el más afín a los trabajadores desde Franklin Delano Roosevelt si no el más sindicalista de la historia, recibió las conclusiones de un grupo de trabajo de alto nivel, creado por orden ejecutiva suya en abril pasado, con 70 recomendaciones para impulsar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva.
Bajo la dirección de la vicepresidenta, Kamala Harris, y del titular del Departamento de Trabajo, Martin Walsh, el grupo de expertos, entre los que figuran 13 miembros del Gabinete, ha estudiado junto con agencias del Gobierno y los principales sindicatos del país los pasos a dar para fortalecer el músculo sindical. La idea básica es hacer del Gobierno federal “un empresario modelo”, algo revolucionario en un país con una desconfianza tan palpable hacia el papel del Estado y, a la vez, con tantos niveles de Administración (local, estatal y federal). Biden firmó la semana pasada una orden ejecutiva que exige acuerdos salariales entre sindicatos y empresas adjudicatarias de contratos de construcción federales por valor de más de 35 millones de dólares (algo más de 30 millones de euros).
El demócrata no iba de farol cuando en la campaña electoral dirigió repetidos guiños a los que califica de “espina dorsal de la clase media”. Lo repite cada vez que tiene ocasión, como este martes, cuando reiteró su apoyo a “los trabajadores estadounidenses: esos que construyeron la clase media, con buenos salarios y beneficios y el derecho a organizarse”. Una de sus principales apuestas, la PRO Act (siglas en inglés de Ley que protege el derecho a organizarse), está atascada desde la primavera pasada en el Congreso. La norma actualizará la legislación vigente, que permite a las empresas, entre otras cosas, “reemplazar permanentemente” —nótese el eufemismo— a los trabajadores huelguistas para zanjar cualquier protesta.
Apoyo de los sindicatos
Los principales sindicatos del país han saludado con entusiasmo las conclusiones del grupo de trabajo, a las que seguirá, en un plazo de seis meses, un informe sobre la implementación de las medidas. Por parte de Biden, no es un brindis al sol. En puertas de unas elecciones decisivas, las de medio mandato, en noviembre, Biden necesita granjearse todo apoyo posible, y los trabajadores —especialmente los obreros más afectados por la Gran Recesión de 2008 y, ahora, por la pandemia— son un vivero de votos clave. Lo fueron en la victoria de Donald Trump en 2016.
Los sindicatos están decididamente de parte de Biden. “Este informe sin precedentes reconoce el papel fundamental que desempeñan los sindicatos en la forja de una economía más justa. Al tomar medidas para dar a más trabajadores el derecho a organizarse y negociar colectivamente, la Administración está demostrando una vez más que está comprometida a usar su poder para apoyar a los sindicatos”, valora en un comunicado Liz Shuler, presidenta de AFL-CIO, la mayor central de Estados Unidos y Canadá, que agrupa a 57 sindicatos sectoriales y representa a 12,5 millones de trabajadores. “Estamos comprometidos a trabajar con la Administración para implementar estas recomendaciones, y esperamos el próximo informe del grupo de trabajo en seis meses”. Un periodo de descuento hacia la importante cita electoral de noviembre.
“Esto podría cambiar las reglas del juego, tener en cuenta el poder del Gobierno federal y cómo se pueden utilizar sus prácticas para promover la organización de los trabajadores”, abunda Shuler. Esa es precisamente la intención de la Casa Blanca: que el ejemplo cale en el sector privado, mucho más reticente a la actividad sindical. Entre las recomendaciones del grupo de expertos, figura facilitar la sindicación de los trabajadores federales, pero también de los empleados de empresas contratistas de la Administración, o facilitar el acceso de los organizadores sindicales a los empleados dentro de instalaciones gubernamentales, lo que no siempre sucede en la actualidad.
Empresas con normas laborales respetuosas con los derechos de los trabajadores puntuarán más a la hora de conseguir adjudicaciones. Una especie de discriminación positiva que actualmente existe justo al revés: según la legislación vigente, el Gobierno no puede negar contratos a empresas hostiles a los sindicatos. Solo si considera que esa animadversión, y las consecuencias laborales derivadas de ello —conflictos, huelgas o protestas—, puede retrasar sustancialmente la provisión de bienes o servicios importantes, podría descartar a dicha firma en el concurso de adjudicación. La idea es que el dinero que el Gobierno paga a empresas por bienes y servicios no acabe usándose en prácticas antisindicales.
“Propuestas de sentido común como estas, como aprovechar el poder de las oficinas federales para ayudar a los trabajadores a conocer mejor sus derechos y la coordinación entre agencias para hacer cumplir las leyes laborales existentes, ayudarán a restablecer el equilibrio de poder y allanarán el camino para que los trabajadores obtengan mejores salarios y condiciones de trabajo y jubilaciones más seguras”, sostiene en un comunicado Tom Conway, presidente de United Steelworkers, con 1,2 millones de afiliados.
Una premisa clave del grupo de expertos fue que la Ley Nacional de Relaciones Laborales, de 1935 y que protege los derechos laborales federales, fomenta explícitamente la negociación colectiva y, sin embargo, según la Casa Blanca de Biden, ninguna Administración anterior ha explorado formas de hacerlo sistemáticamente. Los ecos del New Deal de Roosevelt, la serie de programas y acciones para superar los estragos de la Gran Depresión, vuelven a resonar con fuerza en la cruzada sindical de Joe Biden.
De obreros a universitarios
Mientras en un almacén de Amazon en Bessemer (Alabama) se recuentan los votos de la segunda votación para formar un sindicato -la primera, que en abril rechazó la propuesta de los trabajadores, fue declarada nula por la Junta de Relaciones Laborales por “injerencia de la empresa en el proceso”-, la movilización laboral en distintos sectores adquiere velocidad: no son solo los trabajadores de cuello azul (los obreros), también profesionales liberales y titulados universitarios, quienes demandan más derechos y mejores condiciones.
El personal laboral del Congreso presentó la semana pasada su iniciativa, que pese a contar con el apoyo explícito de Biden debe ser aprobada por una resolución de la Cámara de Representantes, previsiblemente esta misma semana. La fiebre sindical llega también a las redacciones de conocidos diarios, con una quincena de iniciativas en 2021 entre las que se cuentan las del New York Times y la delegación en EE UU del británico Financial Times. También los profesores ayudantes en numerosas universidades, como Columbia, Harvard, Boston, Cornell o Illinois, reclaman derechos y mejores contraprestaciones.
La cadena de cafeterías con presencia internacional que este martes despidió a varios empleados en Memphis, apenas puede contener el empuje del resto. De sus 9.000 locales en el país, ya han presentado solicitud de sindicalizarse trabajadores en 50 localidades de 19 Estados del país; los pioneros fueron los baristas de una cafetería de Buffalo, en diciembre. En Nueva York, los repartidores de comida a domicilio -los deliveristas, en espanglish– disfrutan desde enero de los primeros derechos laborales, entre ellos poder usar el baño de los restaurantes a los que sirven, gracias al respaldo formal del Ayuntamiento a su movilización. Un ejemplo del decisivo papel que la Administración puede desempeñar en la primavera sindical de EE UU.
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