El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este lunes una orden ejecutiva para pedir a las agencias de la Administración federal, con un gasto anual de 600.000 millones de dólares, que a la hora de contratar opten por suministros y proveedores estadounidenses para impulsar la industria y apoyar el empleo. El decreto presidencial tiene como objetivo “aumentar las inversiones en la industria manufacturera y en los trabajadores”, adelantó la Casa Blanca a los periodistas antes de que el presidente rubricara la orden.
Este alarde proteccionista ha puesto en guardia a los principales socios comerciales de EE UU, con Canadá y varios países europeos a la cabeza. Prueba de que la relación comercial transatlántica puede atravesar turbulencias por la política del Made in America (Hecho en América) de Biden es el hecho de que en los contactos telefónicos que este fin de semana mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el apartado comercial no figuró en la agenda según el comunicado oficial de la Casa Blanca.
La orden tiene como objetivo impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales mediante el aumento de la inversión. El decreto reduce la posibilidad de incumplimiento de las normas ya existentes –la Ley de Compra de Productos Estadounidenses de 1933, aún vigente– que exigen a las autoridades federales dar prioridad a la compra de productos fabricados en EE UU, y que hasta ahora venían aplicándose de una forma laxa según la nueva Administración. La revisión legal pretende corregir las lagunas que aprovechaban algunas instancias federales para comprar productos hechos en EE UU a empresas que solo fabrican en territorio estadounidense una parte mínima de su producción.
El decreto presidencial pretende asegurar que las nuevas empresas tengan acceso a las licitaciones. “Estas inversiones contribuirán a crear trabajos sindicalizados y bien remunerados y a reconstruir mejor nuestra economía [tras la crisis de la pandemia] para que todo el mundo tenga una oportunidad justa de ser clase media”, ha indicado la Casa Blanca. Varios mantras reunidos en la misma frase: reconstrucción económica, justicia social y clase media, guiños habituales del Biden candidato en busca del voto. Lo que él llama la “espina dorsal” del país.
Este impulso del Made in America beneficiando a las empresas y los productos nacionales en los contratos del Gobierno federal -quedan al margen los Estados y la Administración local- puede convertirse en el primer punto de fricción -o la contradicción más palmaria- en el intento de Biden de abrazar la multilateralidad que Donald Trump rehuyó durante su mandato. Es cierto que el nuevo presidente repitió durante la campaña electoral el leitmotiv de consumir productos locales, un guiño indisimuladamente populista, a lo Trump, que resonó en los Estados más en disputa, como Pensilvania. Cómo encajar la apuesta por la apertura al mundo y esta suerte de trinchera comercial de tintes nacionalistas es la incógnita.
La medida de Biden recuerda políticas de Administraciones precedentes, que hallaron su máximo exponente en la guerra de aranceles que Trump declaró a medio mundo, y de la que varios países de la UE, entre ellos España, han sido objeto, incluso hasta el intercambio de sanciones. Pero, lejos de entablar nuevas o añejas guerras comerciales -la actual con China está lejos de alcanzar el armisticio-, tiene una derivada interesante: Biden empodera como importante actor económico a la Administración federal, a la que también obligará a pagar un mínimo de 15 dólares la hora a sus empleados, según otra orden ejecutiva que firmó el viernes. “Los dólares que gasta el Gobierno federal son una herramienta poderosa para apoyar a los trabajadores y fabricantes estadounidenses. Solo las adquisiciones públicas representan anualmente casi 600.000 millones de dólares [494.000 millones de euros] de gastos federales”, señaló un funcionario de la nueva Administración, citado por la agencia Afp. Un movimiento que puede suscitar recelo entre los partidarios de aligerar el peso del Estado, incluidos los demócratas más centristas o moderados.
El Ejecutivo de Biden -que aún no ha sido confirmado al 100% por el Senado- nombrará a un director en la Oficina de Administración y Presupuesto que supervise la implementación de esta directiva, una función análoga a la del superresponsable de coordinar los esfuerzos contra la pandemia. También se fiscalizarán las exenciones previstas en la ley y se fomentará la opción de las pymes como licitadores.
Como en otros muchos ámbitos, de la política migratoria a la respuesta a la pandemia, Biden no ha sacado un conejo de la chistera con su decreto Made in America. En campaña prometió un plan de 400.000 millones de dólares para proyectos que utilicen componentes fabricados en el país, como el acero o los equipos de protección personal para los sanitarios que se hallan en primera línea contra la covid-19. Garantizar y fortalecer la cadena de suministro en ámbitos de importancia estratégica o de seguridad nacional, como el material sanitario, fue objeto de otra orden ejecutiva firmada el jueves.
“Es parte del compromiso del presidente de invertir en la fabricación local, incluidas las energías limpias y las cadenas de suministro críticas” como las relacionadas con el coronavirus, señaló la fuente. Las empresas, sin embargo, ya han alertado de que endurecer las normas puede hacer aumentar los costes, lo que dificultará la compra de piezas o componentes hechos fuera de EE UU.
El Tratado de Libre Comercio que EE UU cerró con México y Canadá a finales de 2019 tras una laboriosa negociación, y que fija la estabilidad económica norteamericana, puede verse salpicado también por la orden ejecutiva. No solo por parte de México, principal socio comercial de EE UU (307.000 millones de dólares de comercio bilateral en el primer semestre de 2019). Canadá ya mostró su inquietud la semana pasada por la revocación por parte de Biden del permiso de construcción del oleoducto Keystone XK, un proyecto valorado en 9.000 millones de dólares que conectaba el Estado de Nebraska y el país vecino, para quien EE UU es su principal socio comercial, con un 75% y un 51% de importaciones y exportaciones, respectivamente, en 2018.
Como corolario, Biden reafirmó la necesidad de potenciar la Ley Jones, que requiere que el flete de mercancías entre puertos de EE UU se haga en barcos estadounidenses, con el objetivo de “invertir en la construcción de energías renovables en alta mar e incentivar la creación de empleos para los estadounidenses en este sector”. Los socios comerciales europeos han presionado durante mucho tiempo a Washington para que derogue esta normativa para permitir una mayor competencia en el sector del transporte marítimo.
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