El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que decida sobre la implementación del programa para migrantes “Quédate en México” -“Remain in Mexico”-, que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar en el país mexicano hasta la fecha de sus audiencias.
La Administración de Biden pidió a los jueces de la Corte Suprema que decidan si el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, debe continuar con la política migratoria establecida por el expresidente Donald Trump en 2019.
Biden suspendió esta hoja de ruta en su primer día en el cargo, dejándola pendiente de revisión. Los estados de Texas y Misuri demandaron a la Administración por la suspensión del programa, argumentando que terminarlo representaba una carga para los estados, porque los migrantes usan los servicios estatales para conseguir tanto licencias de conducir como atención hospitalaria, según recoge NBC News.
Tras ello, el juez estadounidense Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump, dictaminó que la política debía reestablecerse, ya que su suspensión llevó a Estados Unidos a violar la ley sobre detención de migrantes, según recoge la cadena CBS.
El gobierno de Biden apeló rápidamente el fallo y, a finales de octubre, Mayorkas emitió un nuevo memorando más completo, argumentando sobre los “costes humanos injustificables” de la medida.
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito -tribunal federal con jurisdicción de apelación sobre los tribunales de distrito- rechazó a principios de este mes la apelación de la Administración Biden y confirmó el fallo de Kacsmaryk. Asimismo, Mayorkas volvió a emitir un memorando para tratar de poner fin a la disputa, pero un tribunal federal de apelaciones rechazó el nuevo intento.
Formalmente llamado Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), el programa prohíbe a los solicitantes de asilo de Centroamérica ingresar a Estados Unidos mientras los tribunales deliberan sobre su situación, según recoge el periódico The Wall Street Journal.
En las últimas semanas, Estados Unidos y México han estado negociando los términos para reiniciar el programa, calificado por la ONG Human Rights Watch (HRW) como una “aberración” porque las agencias gubernamentales responsables de implementar el plan no pueden llevarlo a cabo “de un modo que respete los Derechos Humanos“.
El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió el 23 de de diciembre al país norteamericano que no devuelva a solicitantes de asilo en condiciones de vulnerabilidad, que sean menores de edad, mujeres embarazadas y aquellos que no estén vacunados contra el Covid-19.
“¿Qué pidió México? Que haya apoyo de organismos internacionales para asistir a estas personas y que las personas estén vacunadas, que no sean personas en situación vulnerable por ejemplo mujeres embarazadas, menores de edad, etcétera, eso es lo que pidió México”, dijo Ebrand.
El Gobierno mexicano argumenta que, desde marzo de 2020, ha aumentado el retorno de personas que alegaban cruzar por razones sanitarias. En concreto, las autoridades mexicanas apuntan a que el flujo de personas se ha mantenido entre mil 500 y 2 mil personas al día, un tercio de ellos mexicanos, según recoge el diario Milenio.
Europa Press
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