El proyecto de presupuesto está bien tirado. Tiene hechuras para aprobarse, lo que debe finiquitar la interinidad de las cuentas desde 2018. Es, así, actual, lo que permite encajar las ingentes ayudas europeas. Y se orienta bien hacia un gasto expansivo, lo que corresponde contra una fuerte recesión.
Por todo ello, sus defectos son comparativamente menos graves, y por tanto subsanables en el Congreso. Salvo quizá el optimista cálculo de recuperación del PIB y de los ingresos tributarios para 2021, cuando la pandemia sigue devorando velozmente la actividad económica.
Alguien tan significado como Pablo Iglesias admitió a Pepa Bueno anteanoche que “en el trámite de enmiendas podrá mejorarse”, aunque se refería a una de sus piezas anexas, los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital. Pero si eso vale para un elemento, valdrá para todos, ¿no?
Hay tres medidas a rectificar, pues son demasiado reaccionarias. Aunque las haya propuesto precisamente Unidas-Podemos para simbolizar un presupuesto “claramente de izquierdas”, según su líder.
Entre las alzas de impuestos que, contra lo que se vocea, apenas recaudarán nada de “los ricos”, destaca el de un 1% en Patrimonio. Depende de las comunidades autónomas, así que el cálculo de que reportará 339 millones es ciencia ficción.
Y peor, mientras no se acabe previamente con la exención total en que Madrid basa su competencia desleal, incentivará aún más la fuga de capitales hacia ese semiparaíso fiscal. Es lo que sucede a las medidas con alma, pero sin cuerpo.
También los aumentos a los segmentos más altos del IRPF –indispensables cuando llegue la recuperación para auparnos a la media de la recaudación en la UE– son ahora mera propaganda. Apenas cosecharán 144 millones: meras cosquillas. El ridículo deslegitima siempre cualquier propósito sonoro. Y además socava la promesa socialista de que en tiempos de recesión no habría mudanza tributaria.
La otra piedra de escándalo se cuela como garbanzo negro entre las excelentes medidas de gasto destinadas a la recuperación productiva y al rescate social: es el aumento general de sueldo a los funcionarios, por cerca de 1.500 millones. Si fuera selectivo, y de mayor cuantía, para los sanitarios y asimilables, que lo han ganado con esfuerzos desmedidos y a costa de muchas vidas, nada que objetar.
Pero, ¿por qué un aumento indiscriminado, y ya fijado, del 0,9% cuando aún no se conoce la inflación a final de año y es probable que se quede como mucho en el cero? Fue del -0,4% en septiembre y del -1,4% acumulado desde enero.
¿Por qué aumentar el poder adquisitivo al meteorólogo, al estadístico o al farero públicos discriminando a sus colegas privados que habrán visto bajar sus sueldos o habrán perdido sus empleos?
¿De verdad creen quienes lo proclaman que eso es de izquierdas? ¿O faltaron a clase cuando explicaban el corporativismo, la endogamia y el clientelismo, esas joyas del universo ultraconservador?
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