1984, Sudán. Decenas de miles de personas huyen de la guerra civil etíope a la que se suma una hambruna de proporciones bíblicas. Centenares de miles más ven sus cuerpos y los de sus hijos desaparecer bajo la piel cuarteada por el sol mientras la comunidad internacional debate cómo reaccionar ante una emergencia de tales magnitudes. Entre tanto, el Gobierno israelí, en un momento en el que el sionismo todavía busca activamente habitantes para reforzar su política de ocupación en Palestina, decide emprender una misión casi imposible: sacar del país (y salvar de la hambruna) a la población judía etíope que se agrupa en uno de los campos de refugiados.
Durante siete semanas la operación Moses, ejecutada por las Fuerzas de Defensa Israelís y la CIA, concluye la evacuación de más de ocho mil personas. A priori, nada que reprochar. El Estado de Israel ha salvado la vida a miles de personas al borde de la muerte. De no ser porque toda la operación se eleva sobre un principio bastante aterrador: que el valor de la vida de unas personas es culturalmente superior al de otras: Por cada etíope judío vivo moriría otro ortodoxo a quién se le expuso a la muerte por una elección afirmativa basada en la fe que profesaban. El Estado de Israel decidió que las vidas de los otros no merecían la pena.
La Unión Europea parece haber elegido el mismo camino con Ucrania: tras años de políticas reaccionarias frente a la migración que viene del Sur, repentinamente se han abierto todas las costuras del corsé que hacía imposible embutir los proyectos vitales de centenares de miles de personas. Del “no hay cama pa´ tanta gente” que resonaba en las manifestaciones anti-inmigración en las Islas Canarias, hemos pasado a un escenario en el que acoger a cuatro millones de ucranios parece una alternativa irrenunciable. Y ojo, comparto la elección de acogerlos, el problema está en que la simultaneidad del abrazo al rubio en la frontera polaca y el moler a palos al negro en la valla de Melilla no solo es una aberración humana, sino que puede acabar con toda la retórica que sostiene la ficción que nos distingue a las democracias y que sustenta nuestro Estado de Derecho.
El año 1999, el académico estadounidense Stephen Krasner publicó el libro Soberanía con un subtítulo tremendamente sugerente: hipocresía organizada. Su tesis: que los Estados democráticos modernos se sostienen bajo una retórica de principios que, demasiado a menudo, se contradicen por sus actuaciones y sus políticas. Y ello, decía Krasner, tiene dos consecuencias inmediatas, una buena y una mala: la buena es que la retórica, aunque superada muchas veces por el pragmatismo, tiene la capacidad de generar una direccionalidad, una forma de separar lo bueno de lo malo; la virtud ciudadana, que diría Aristóteles. Es decir, que mantener la retórica de igualdad, democracia y libertad apuntala la percepción que los ciudadanos nos hacemos de esa ficción que es el Estado moderno y la hace mantenerse.
Si abrimos las puertas a que las vidas tienen valores distintos, no nos asustemos cuando el precio de nuestras cabezas disminuya por razones de procedencia, renta o ideología. Ni nos asombremos cuando alguien proponga cortarlas
La mala, que cuando la acción transgrede sistemáticamente los principios que sustentan esa ficción, puede acabar por generar la sensación de que, efectivamente, los principios son una mentira. Y la Unión Europea se está empecinando en demostrar a la sociedad en su conjunto que Abascal y su ejército de odiadores están en lo cierto: el valor de la vida humana es inversamente proporcional conforme el color de la piel oscurece, las cruces se tornan en medialunas y los ojos se rasgan.
Y esto no solo es malo porque dar la razón a los voceros del odio es un fracaso en sí mismo, sino porque si la sociedad en su conjunto valida que la igualdad de derechos es una ficción renunciable, no tardaremos en ver representaciones mucho más próximas que cerquen cada vez más la libertad que tanto adoramos. Si abrimos las puertas a que las vidas tienen valores distintos, nos nos asustemos cuando el precio de nuestras cabezas disminuya por razones de procedencia, renta o ideología. Ni nos asombremos cuando alguien proponga cortarlas: si establecemos criterios para asignar los derechos, muy poco tardarán en desaparecer para responder únicamente a los privilegios.
La lucha por las migraciones está en el centro de la batalla por la sociedad abierta y diversa por la que la humanidad ha batallado durante siglos. Y hoy, en Europa, en España, se juega una parte decisiva de esta guerra: o reacciona aprovechando esta ventana de oportunidad para demostrar que, efectivamente, las vidas que se juegan en las fronteras valen lo mismo, deslegitima a la extrema derecha y sus discursos de odio, y se abre a cambiar años de política migratoria racista y discriminatoria, o dentro de unos años recordaremos este año como uno de esos momentos que dan respuesta a esa pregunta retórica, de en qué momento empezó a joderse la Unión Europea. Ese día será hoy, y el Gobierno de España y sus colegas europeos habrán sido cómplices necesarios de este fracaso.
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