WASHINGTON, D.C. – Según informó la organización Public Citizen, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia otorgó la semana pasada una orden judicial preliminar que suspendía una regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que elevaría las tarifas para los inmigrantes que solicitan naturalización, asilo, autorización de empleo y protecciones humanitarias.
De acuerdo al comunicado de prensa, los grupos de defensa de ciudadanos públicos e inmigrantes Ayuda, CASA y Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) presentaron una demanda desafiando la regla en agosto.
Para los inmigrantes de bajos ingresos, las tarifas altas pueden representar una barrera para obtener el derecho a trabajar, residir en los Estados Unidos o buscar la ciudadanía estadounidense.
El tribunal impuso su dictamen sobre la base de que era probable que los demandantes tuvieran razón en su afirmación de que la regla era arbitraria y caprichosa, porque el DHS no tuvo en cuenta el daño que causaría y no pudo lidiar con la evidencia de que las altas tarifas privarán a los inmigrantes de solicitar beneficios importantes. Además, el tribunal señaló el probable nombramiento ilegal de Chad F. Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional como base para la orden judicial. Wolf fue quien adoptó la regla final sobre el incremento de tarifas.
“La regla del DHS es un ataque inhumano contra inmigrantes de bajos ingresos”, dijo Rebecca Smullin, la abogada de Public Citizen que actúa como abogada principal de los demandantes. “Aplaudimos la decisión de la corte, que protegerá la capacidad de los inmigrantes para buscar un estatus legal y convertirse en ciudadanos”.
“La orden del tribunal confirma que la administración, en su prisa por crear obstáculos adicionales para impedir que nuestros clientes se conviertan en ciudadanos o soliciten un estatus legal, violó la ley en varios aspectos”, dijo Matt Adams, director legal de NWIRP. “Ya sea duplicando las tarifas para las solicitudes de naturalización o, por primera vez, exigiendo tarifas de presentación para los solicitantes de asilo, incluidos los detenidos que a menudo no tienen nada más que la ropa que llevan puesta, la regla demuestra un absoluto desprecio por las consecuencias humanas de la vida real”.
“La orden de hoy reconoce lo que las personas sujetas a esta regla creada ilegalmente sabían desde el momento en que se propuso: que aumentos injustificados (y a menudo astronómicos) en las tarifas cobradas y una mayor reducción de la disponibilidad de exenciones de tarifas perjudicarían profundamente a los inmigrantes y les impedirían acceder los beneficios de inmigración a los que tienen derecho ”, dijo Laurie Ball Cooper, directora legal de Ayuda.
“Este fallo es una afirmación más de que los intentos de la administración Trump de suprimir el poder de nuestros miembros al sacarlos del estatus migratorio no se mantendrán”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA. “CASA continuará luchando contra los sistemas de opresión que conducen a vastas disparidades económicas a lo largo de líneas raciales, mientras se esfuerza por reformar un sistema de inmigración roto que separa a las familias y perpetúa la supremacía blanca”.
A final del mes de septiembre pasado un juez en California dictó un fallo similar que bloqueó el aumento de ciertos trámites que entrarían en vigencia el 2 de octubre.
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