LA PAZ – La situación de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros encarcelados se complicó cuando un juez determinó este sábado ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva dictada hace una semana.
El juez Willy Arias resolvió “confirmar” la resolución que hace unos días determinó la detención preventiva de la exjefa de Estado y sus exministros “con la modificación de que el lapso de detención preventiva se determina a seis meses” inicialmente ordenada.
La base legal que se expuso durante una audiencia virtual que duró varias horas es la “ampliación” de los riesgos de obstaculización y de fuga que expusieron los representantes de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Procuraduría del país.
El veredicto emanó a raíz de un recurso de apelación que planteó la defensa de Añez a la disposición de detención preventiva por acusaciones de sedición y terrorismo conocido como el caso “golpe de Estado” durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.
“No nos sorprende” la decisión de ampliar la detención preventiva de Áñez, aseguró Luis Guillén, uno de los abogados de la expresidenta interina, durante una comparecencia ante los medios.
El jurista admitió que estos procesos “tienen larga duración” y que en cierto modo llegan a ser “tortuosos” por todo el proceso que se debe seguir en el marco de la investigación.
La familia de Jeanine Áñez denunció que la expresidenta interina de Bolivia sufrió una descompensación de salud y tiene la “presión altísima”, por lo que exigió este miércoles a las autoridades que autoricen su traslado de urgencia a una clínica.
Guillén sostuvo que lo que queda es “cumplir con todas las etapas” del procedimiento aunque lamentó “la simple sindicación” que ha hecho la Fiscalía contra Áñez ya que consideró que no existe una “asociación sobre los hechos” por los que se le acusa a la exmandataria tachada como “de facto” por el Gobierno.
La jornada comenzó con la tensión que originó el traslado repentino de Áñez esta madrugada a otro penal en La Paz bajo el argumento de que ahí contaría con los equipos necesarios para hacer seguimiento a su salud.
Desde hace varios días los abogados de Áñez y su familiares han buscado que se autorice su traslado a una clínica en La Paz debido a que padece de hipertensión y que su presión arterial hubiese aumentado argumentando que “está en riesgo su salud” por posibles complicaciones.
Áñez será “sorteada” para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para las 200 reclusas de ese centro penitenciario en la ciudad de La Paz.
Un juzgado validó el pasado viernes esta solicitud pero luego hubo un cambio en la disposición por lo que se consideró que especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) hicieran esa valoración.
“Me sacaron diciéndome que iba a la clínica”, dijo Áñez esta madrugada a los medios a su llegada a su nuevo destino, la cárcel paceña de Miraflores.
Durante el día, la exmandataria recibió la visita de representantes de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de uno de los propietarios de una prestigiosa clínica de La Paz que ofrecieron apoyo médico ante la negativa de que acuda a un centro médico.
Áñez dijo que “la persecución política ha comenzado”.
El proceso denominado “golpe de Estado” tiene como demandante a la exlegisladora Lidia Patty y como testigos al expresidente Evo Morales, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, el exministro Juan Ramón Quintana entre otros exfuncionarios gubernamentales del exmandatario, según se refirió en la audiencia.
Entre los principales acusados están el exlíder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exministros del Gobierno interino además de otros exjefes militares y policiales que supuestamente colaboraron para que Áñez asuma la Presidencia tras la renuncia de Morales.
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