LA PAZ, Bolivia – La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez irá a prisión preventiva por cuatro meses, al igual que dos de sus exministros, después de que una jueza emitiera una orden bajo las acusaciones de terrorismo y sedición relacionadas a la crisis política en la que murieron 36 personas y obligó a la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en 2019.
Tras una audiencia virtual debido a la pandemia, la jueza de medidas cautelares Regina Santa Cruz dio razón a la fiscalía que pidió la detención de la exmandataria en una cárcel de mujeres de La Paz. También ordenó el arresto de dos de sus exministros por riesgos que pueden obstaculizar el proceso.
Áñez y los dos detenidos siguieron la audiencia desde celdas policiales y en las siguientes horas serán trasladados a prisión.
En las afueras de la policía en La Paz, poco más de un centenar de personas se apostaron con carteles para reclamar justicia por los fallecidos. “Hasta ahora nadie me ha escuchado, ahora pido justicia. A mi hijo Juan Martín Paco lo han matado. Tenía 18 años”, dijo Bertha Paco entre sollozos.
El caso conocido como “golpe de Estado” fue interpuesto en 2020 por una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y pesan órdenes de aprehensión para otros exministros de Áñez y excomandantes de la Policía.
Áñez y dos exministros interinos aprehendidos son acusados de los supuestos delitos de “terrorismo, sedición” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Áñez fue aprehendida en la amazónica Beni el sábado en la madrugada, mientras que sus exministros el viernes en la misma región, luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas.
Poco antes de la audiencia, que duró más de diez horas, Áñez habló con los periodistas por la rejilla de su celda. “Esto es una arbitrariedad. Su busca criminalizar la pacificación del país. Se menoscaban mis derechos de expresidente. Yo merezco un caso de corte”, dijo.
La política derechista de 53 años ha sumado apoyo de políticos opositores, de organizaciones de derechos humanos e incluso de la Conferencia Episcopal que ha pedido la libertad de la exmandataria.
En tanto, desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” para los detenidos.
El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
Áñez dijo que “la persecución política ha comenzado”.
Áñez pidió a través de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea que envíen a Bolivia una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva su aprehensión”.
En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que Áñez está siendo procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta.
Los comités cívicos de varias regiones bolivianas se declararon en emergencia por la aprehensión de estas exautoridades, mientras que familiares de víctimas en 2019 y otros sectores hacen vigilia en las puertas de la Felcc donde se encuentra detenida Áñez.