El presidente de Bolivia, Luis Arce, aceptó este martes el nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las protestas en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019 y pidió “perdón” a las víctimas de las operaciones policiales y militares ordenadas por el gobierno de Jeanine Áñez, que el documento calificó de “masacres”.
Áñez fue detenida en marzo de este año, junto con algunos colaboradores. Está acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por su papel en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
En un acto público, en primer lugar, Arce quiso honrar “la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo” y les pidió perdón, si bien recalcó que “los culpables nunca lo hicieron”.
Seguidamente, recordó que en Bolivia hubo “un golpe de estado” deteniéndose en “los hechos y argumentos legales” del documento. Asimismo, afirmó “que hubo graves violaciones a los Derechos Humanos y que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de Añez”.
Asimismo, anunció que acoge las “recomendaciones planteadas” por el informe y prometió el establecimiento de “una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral” así como instó a la Fiscalía y al Parlamento a seguir las indicaciones del organismo.
“Nuestro compromiso con el mandato popular de Memoria, Verdad y Justicia que, a la luz del derecho, la razón y el debido proceso, sobre el contenido de la investigación del GIEI, será alcanzada plenamente por el pueblo boliviano”, dijo.
“La historia hoy nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia, y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia”, afirmó, según recoge un comunicado.
El GIEI, organismo creado a través de un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Gobierno del presidente, señaló en un informe publicado ese martes que “las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia”.
Este “uso desproporcionado de la fuerza”, señala el grupo de expertos, es responsable de la muerte de diez personas, así como de los daños y heridas en al menos otras 78 y subrayó que pese a que las Fuerzas Armadas y la Policía siempre negaron el uso de armas letales, “las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”.
Durante las semanas que siguieron la renuncia de Morales y a la autoproclamación de Áñez como presidenta interina, se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra estos dos episodios, con las masacres de Sacaba, en La Paz, y Senkata como episodios más funestos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.
(Con información de Europa Press)
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