El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante el último Consejo de Gabinete del año este viernes, en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile).Presidencia de Chile (EFE/Presidencia de Chile)
En una de sus últimas decisiones de 2022, el presidente chileno, Gabriel Boric, ha indultado a 12 condenados por diferentes delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019, donde se combinó la legítima protesta pacífica de la ciudadanía en demanda de bienes sociales de calidad con hechos de violencia inéditos en las últimas décadas. El mandatario de izquierda, que está en La Moneda hace nueve meses y tiene una popularidad de un 30% con un 66% de rechazo, de acuerdo a la encuesta Cadem, ha indultado adicionalmente a Jorge Mateluna, que integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), condenado por el asalto al banco Santander en 2013. La decisión del presidente representa un duro revés porque se informa justamente en medio de las negociaciones del Gobierno para alcanzar un acuerdo transversal por la seguridad pública ante la principal prioridad de los chilenos, el aumento de los delitos violentos, el mayor poder de fuego de las bandas y la sensación de inseguridad. La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, había llevado adelante complejas negociaciones con la oposición, que esta tarde de viernes ha anunciado que se retira de las conversaciones.
“La resolución adoptada por las actuales autoridades, más allá de reconocer la facultad exclusiva del presidente de la República en esta materia, resulta equívoca, inaceptable e inexcusable, puesto que desconoce que desde hace más de un mes que los distintos partidos políticos con representación parlamentaria se encuentran trabajando –en conjunto con el Gobierno– en un acuerdo transversal por la seguridad que permita enfrentar de manera decidida el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la migración irregular y el terrorismo. Sin embargo, y de forma inentendible, ad portas de llegar a un entendimiento, el presidente Boric decreta un indulto favoreciendo y beneficiando a quienes justamente propiciaron la destrucción de nuestro país y del espacio público, afectando de manera grave a los chilenos e, incluso, atentando contra la vida de civiles y funcionarios policiales”, dicen en un comunicado los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que informan de su decisión de suspender “de forma indefinida” la participación en las conversaciones.
Lo mismo Renovación Nacional, RN, otro de los partidos grandes de la oposición, que a través de su parlamentario Andrés Longton manifestó esta tarde: “Mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted, presidente, se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones”.
Entre los delitos cometidos por los 12 indultados en el marco del estallido social están saqueos, incendios y el homicidio frustrado de un policía. Como candidato y de cara a la segunda vuelta, Boric aseguró en noviembre de 2021: “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme [una pequeña o mediana empresa] o que saqueó un supermercado”.
La decisión del presidente Boric llega en un momento delicado, por lo que no solo la oposición se ha retirado de las conversaciones con fuertes críticas a los indultos, sino que incluso desde sectores del oficialismo no se entiende la medida y, sobre todo, el momento. El Gobierno chileno sufrió una compleja derrota en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, cuando la propuesta constitucional que defendía perdió por un 62% contra un 38%. Con el fracaso de un texto que buscaba cambiar la institucionalidad chilena profundamente, el Ejecutivo de Boric tuvo que incorporar al Gabinete a sectores moderados de la izquierda, como a los socialistas, y dejar el debate constitucional en manos del Parlamento. El resultado del plebiscito fue una especie de referéndum para una Administración que recién comenzaba y la señal de la ciudadanía fue rotunda, por lo que La Moneda tomó la decisión de dedicarse a gobernar, de mantener el debate constituyente en el Congreso y enfocarse en atender las urgencias de la gente, en asuntos como la delincuencia.
Fue en este contexto que la ministra Tohá, que se incorporó al Gobierno luego del referéndum de septiembre, comenzó a liderar estas conversaciones entre oficialismo y oposición para llegar a acuerdos transversales en materia de seguridad pública. La Moneda optó por este camino y no por levantar proyectos de ley propios en el Congreso para el control de la delincuencia, lo que necesariamente implica mayores desafíos en torno al diálogo, consensos con la oposición y, en definitiva, un mayor despliegue político. Los indultos del presidente, sin embargo, amenazan con hacer fracasar un entendimiento político clave para el Ejecutivo chileno y sobre todo para la gente. En el oficialismo se opina en privado que, si había un convencimiento profundo de indultar a los presos de las revueltas, se debía haber optado simplemente por llevar adelante una batería de leyes en el Congreso, sin buscar acuerdos transversales con la oposición en otros espacios.
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No se trata del único episodio donde el Gobierno muestra que no comprende la posición debilitada que se encuentra y la necesidad de llegar a consensos, en medio de un nuevo intento constituyente. Con una crisis de seguridad profunda, reconocida por todo el espectro político, Chile cumplirá este fin de semana tres meses sin fiscal nacional, porque La Moneda ha presentado fracasadamente dos candidaturas, pero no ha logrado cuadrar los votos ni de la oposición ni del oficialismo en el Senado. El presidente Boric ha optado por no acercar posiciones y, por el contrario, ha profundizado el conflicto con sus críticas a la Cámara Alta, cuyos votos necesita para gobernar por tres años más.
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