El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la noche del miércoles el envío al Congreso de una esperada reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos, cuestionado largamente por las bajas jubilaciones que entrega.
En un mensaje por radio y televisión, el presidente dijo que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores y contempla la creación de un administrador público de fondos, para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Las AFP, en esta reforma, se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”, dijo el mandatario.
Queremos dejar atrás, de esta manera, un sistema extremo, que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias.
El actual sistema de pensiones fue instaurado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y es financiado únicamente por los trabajadores, quienes aportan mensualmente el 10% de su sueldo. La mejora de las pensiones fue una demanda clave de las protestas de 2019 que sacudieron al país durante meses.
El plan propuesto por Boric mantendría las contribuciones individuales y crea un aporte que aumentaría gradualmente hasta 6% de parte de los empleadores. El estado también contribuiría a través de un programa creado hace pocos años que ya entrega pensiones básicas para jubilados vulnerables.
El nuevo sistema también reconocería el trabajo doméstico y de cuidados.
“En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza”, declaró el presidente. “Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos”.
La propuesta del gobierno establece además que los ahorros previsionales en las cuentas individuales se mantendrán como propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy.
Cuando se implantó en la década de 1980, el sistema de capitalización individual prometía sólidos pagos.
Si bien las AFP impulsaron un auge económico interno al llevar liquidez al mercado de valores, la informalidad en el mercado laboral y un interrumpido historial de contribuciones son algunos de los factores que influyeron en que los pagos estén muy por debajo de las necesidades de los jubilados.
Gobiernos anteriores han tratado de reformar sin éxito el sistema de jubilaciones y ahora la propuesta de Boric tendrá que abrirse camino en ambas cámaras del Congreso, donde la coalición gobernante de izquierda es minoría.
El gobierno de Boric, que asumió en marzo pasado, también promueve una reforma tributaria, actualmente en discusión en el Congreso, con la que espera financiar parte de los cambios en las pensiones.
Durante la pandemia de Covid-19, legisladores de oposición al entonces gobierno del derechista Sebastián Piñera -antecesor de Boric– promovieron retiros parciales de los fondos de pensiones como medida de emergencia frente a la crisis sanitaria que drenaron miles de millones de dólares del sistema.
Reuters.
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