Más allá del demoledor veredicto sobre su credibilidad que las encuestas han emitido en los últimos días, Boris Johnson sigue convencido de que tiene la salvación al alcance de su mano. Solo necesita sacrificar algunas cabezas de su equipo de fieles para que paguen por el resto los excesos de alcohol y fiesta en la Downing Street del confinamiento, y ofrecer al ala dura del Partido Conservador —la que le ayudó a alcanzar la cumbre de su carrera política— algunas de las medidas populistas que lleva años reclamando.
La frase-consigna que repiten estos días los portavoces del primer ministro es la de “acabar con una cultura del alcohol” en Downing Street. Como si organizar una colecta para tener una nevera en la oficina repleta de botellas, enviar a alguien cada semana al supermercado de la esquina con una maleta para traerla llena de licor o acabar borracho a las tres de la mañana y romper por exceso de peso el columpio del hijo del jefe fueran rasgos idiosincrásicos de cualquier Gobierno británico o de sus altos funcionarios. Una “cultura” ajena que ahora sería necesario erradicar, con medidas improvisadas como la prohibición expresa de alcohol en la oficina del Gabinete del primer ministro.
Fuentes del Partido Conservador, que asistieron la semana pasada al encuentro de Johnson con sus diputados, aseguran que el primer ministro estaba convencido de que le había tocado pagar los platos rotos por otros. “A veces nos llevamos el mérito por cosas por las que no lo merecemos, y en esta ocasión me ha tocado llevarme el castigo por lo mismo”, dijo Johnson, según esos testigos. Con ese escudo protector, su equipo apuesta por que el informe de la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Grant, de quien se espera que lo tenga listo para finales de esta semana, cargue duramente contra los excesos ocurridos en Downing Street durante el confinamiento, pero no perjudique a Johnson.
Es un planteamiento que esconde algo de trampa, porque Grant no tiene ni autonomía plena para indagar —depende directamente del primer ministro que la ha nombrado— ni autoridad para señalar ilícitos penales. Puede apuntar hechos o recomendar reformas. Difícilmente puede permitirse un juicio de valor. Pero si sus conclusiones finales apuntan en esa dirección, Johnson podrá lanzar una imagen de borrón y cuenta nueva, después de purgar sin contemplaciones a gran parte de su equipo de asesores y altos funcionarios. Martin Reynolds, el secretario privado del primer ministro que envió a 100 personas un correo electrónico de invitación a una de las fiestas, es el principal candidato a salir por la puerta trasera; y, junto a él, Dan Rosenfield, jefe de Gabinete; Jack Doyle, director de Comunicación; y alguno más de este último departamento.
Aun así, “los diputados conservadores van a tener que preguntarse a sí mismos si ven posible que este primer ministro se recupere de una situación en la que prácticamente la mitad de la gente que votó por él hace dos años cree que tiene que dimitir”, ha advertido este lunes el sociólogo electoral de mayor reputación en el Reino Unido, John Curtice, en una intervención para Times Radio.
“Carnaza” para los diputados
Aunque el equipo de Johnson insiste en negar la veracidad de los términos, ya ha prendido entre periodistas y políticos la broma de que la operación para salvar al primer ministro se llama Operation Save The Big Dog (salvar al jefazo), y la de recuperar la confianza de los diputados conservadores y de los votantes, Operation Red Meat (carne roja, o carnaza). Qué mejor carnaza para estimular al ala dura de los conservadores que anunciar, como hacía este lunes la ministra del Interior, Priti Patel, que el ejército pasaría a tener un papel fundamental en la crisis de los inmigrantes irregulares que cruzan el canal de la Mancha.
“Creo que la ciudadanía apoya completamente al Gobierno para que haga lo posible para proteger nuestras fronteras, y por eso resulta fundamental que mantengamos un planteamiento de opciones combinadas”, ha asegurado la ministra al confirmar que el ejército pasaría a ser un “socio operativo clave” en la protección del canal. De nuevo a través de filtraciones sin confirmar, el departamento de Patel ha vuelto a sugerir su intención de enviar a los inmigrantes interceptados en su viaje desde la costa francesa a un tercer país, donde serían retenidos mientras se procesa su solicitud de asilo. Si en un primer momento se habló de Albania, The Times aseguraba este lunes que el Gobierno de Johnson contempla las posibilidades de Ruanda o Ghana.
El enemigo, la BBC
Pero la verdadera bestia negra de los euroescépticos conservadores ha sido siempre la corporación pública de radio y televisión, a la que nunca han dejado de ver como un nido de izquierdistas y el último reducto de los partidarios de la Unión Europea. Por eso Johnson ha enviado a la Cámara de los Comunes a su secretaria de Estado de Cultura y Medios, Nadine Dorries, para anunciar que el Gobierno iba a congelar durante los próximos dos años la tasa que la BBC cobra anualmente a cada espectador. Son 159 libras. Unos 190 euros.
No es tanto por la cantidad —que apenas permite a la corporación cubrir el presupuesto necesario para la calidad y exigencia que se espera de ella—, sino por el castigo policial y la sanción penal que conllevan su impago. En la era del streaming, las plataformas digitales y la banda ancha, los conservadores han encontrado el caldo de cultivo perfecto para lanzar su ataque contra la BBC. “Los días en que nuestros mayores eran amenazados con penas de cárcel o con multas a la puerta de sus casas se han acabado”, ha anunciado Dorries, con un tono exageradamente populista que hacía las delicias de algunos diputados conservadores.
No de todos, sin embargo. Ya son 15 los que han expresado su disgusto con la continuidad de Johnson. Y varios medios británicos señalan que ya suman 30 las “cartas de retirada de confianza” llegadas a la dirección del grupo parlamentario. Si se alcanza la cifra mágica de 54, se activará de modo automático una moción de censura interna para cuestionar el liderazgo de Johnson.
Un fin de semana de cartas de rabia y furia
El principal termómetro del que disponen los diputados del Reino Unido para medir el clima político y otear su propio futuro es el intercambio de correos con los votantes de sus respectivas circunscripciones. Es muy habitual que celebren las llamadas surgeries (consultas) cada fin de semana, para escuchar de viva voz las quejas e inquietudes de todos ellos, pero sus buzones (cada vez más, de correo electrónico) están siempre abiertos. Y el pasado fin de semana, los de los diputados conservadores se inundaron de mensajes de rabia, frustración y decepción con Boris Johnson y su Gobierno por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento.
Son seis los diputados del partido del primer ministro que han reclamado públicamente su dimisión, pero muchos más los que han utilizado palabras de grueso calibre contra el Gobierno para responder a sus escandalizados votantes. “He escuchado las disculpas del primer ministro. Por decirlo claramente, no estoy nada contento”, replicaba en un texto el diputado Giles Watling, que cumplió con las normas de restricción social durante la pandemia y no pudo ver a su hermana, que acabó falleciendo por la covid.
Las personas que ocupan posiciones de poder “no deberían escabullirse a la hora de afrontar sus responsabilidades públicas”, admitía a uno de sus electores George Freeman, secretario de Estado para la Ciencia. “El primer ministro y su Gabinete están obligados a imponer los estándares más elevados”, afirmaba Freeman, después de admitir que el escándalo de las fiestas le había dejado “conmocionado y boquiabierto”.
Grassroots Conservatives (Conservadores de Base), la asociación de los afiliados conservadores que más pisan la calle, ha asegurado este lunes que, según su última encuesta, hasta un 40% de sus militantes está convencido de que Johnson debe dimitir por el bien del partido, y que existe una “irritación masiva” entre las bases por todo lo sucedido.
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