Londres y Bruselas han decidido este lunes que es el momento de pasar de la negociación técnica a la política. Tras constatar las enormes diferencias que persisten entre ambas partes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro Boris Johnson se emplazaron a una reunión en Bruselas “en los próximos días” para explorar las posibilidades de un acuerdo. Antes, el Gobierno de Johnson había hecho un gesto de buena voluntad de última hora con la promesa de enmendar su proyecto de ley que violaba el Acuerdo de Retirada en caso de pacto.
La opción de que el Reino Unido deje la Unión Europea el próximo 1 de enero dando un portazo sigue ganando enteros en Bruselas. El negociador europeo, Michel Barnier, ha informado a los Veintisiete de que los avances logrados desde que el domingo desembarcara en la capital europea el equipo negociador, liderado por David Frost, no son suficientes para vislumbrar un pacto antes del Consejo Europeo del jueves. A la vista de ese bloqueo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Boris Johnson decidieron, según un comunicado conjunto, emplazar a sus equipos a que preparen una descripción de las diferencias existentes “para debatirlas en una reunión física en Bruselas en los próximos días”.
Antes de la reunión, Johnson había enseñado la rama de olivo a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen el próximo jueves. “Si las soluciones que se han discutido estos días [en las negociaciones del Brexit] son acordadas, el Gobierno del Reino Unido estaría dispuesto a eliminar las cláusulas 44, 45 y 47 de la Ley del Mercado Interior [las referentes a exportaciones y ayudas públicas en Irlanda del Norte, que violaban lo acordado con la UE], de modo que solo se aplicaran si fueran consistentes con los derechos y obligaciones internacionales del Reino Unido”, decía un comunicado difundido por Downing Street.
La clave de la aparente cesión está en esas últimas palabras. Es decir, el Gobierno de Johnson estaría dispuesto a cumplir con sus obligaciones legales internacionales. La polémica ley provocó indignación en Bruselas, hasta el punto de que la UE inició el procedimiento para llevar al Reino Unido al Tribunal de Justicia de la UE si se consumaba la amenaza. La ley regresó este lunes a la Cámara de los Comunes, después de que la Cámara de los Lores eliminara las polémicas cláusulas, pero, como había anunciado el Ejecutivo británico, la mayoría conservadora volvió a incluirlas. En este juego de órdagos y falsas amenazas en el que se han convertido las negociaciones del Brexit, sin embargo, Downing Street cuenta con el margen que le ofrece el hecho de que el texto regresará a los Lores en una segunda lectura el mismo miércoles. Para entonces, si hay acuerdo con Bruselas, ya no habrá problema en permitir a la Cámara alta que vuelva a enmendarlo. Cuatro años de trauma nacional y de enfrentamiento entre Londres y Bruselas, pendiente del ping-pong (como se denomina en la jerga política británica) entre ambos lados del palacio de Westminster.
Bruselas sigue preparándose para la posibilidad de una salida sin acuerdo ante los enormes escollos que quedan por resolver. Según fuentes diplomáticas, Barnier explicó que el bloqueo persiste en tres grandes áreas: la política de competencia, la pesca y el marco de gobernanza de la relación futura entre ambas partes.
Bruselas ve con preocupación que, después de meses de negociación, los tres grandes asuntos sigan enquistados. Y de estos, uno se antoja muy difícil de resolver en horas, puesto que las posiciones están muy alejadas. Se trata de la política de competencia. Los Veintisiete no quieren bajo ningún concepto hallarse con un rival de 66,5 millones de habitantes y semejante músculo financiero a solo 34 kilómetros de la costa de la UE que pueda competir deslealmente rebajando estándares laborales o medioambientales. Desde La Haya, que defiende a capa y espada el Mercado Único, hasta Bucarest, que teme el dumping (competencia desleal) en el transporte, cierran filas en esa carpeta. Sin embargo, el corsé en política de competencia sigue generando enormes dificultades en Londres.
Los equipos de Barnier y Frost tampoco pudieron resolver en las últimas 48 horas —las que se dieron Von der Leyen y Johnson el sábado para negociar antes de hablar de nuevo— en los otros dosieres que hay sobre la mesa. Fuentes diplomáticas afirmaron que el resultado todavía es incierto, puesto que podría decantarse hacia un lado u otro. En palabras del primer ministro irlandés, Micheál Martin, en la televisión irlandesa RTE, se trata un “50/50”.
La situación tiene la incertidumbre suficiente para que los mercados elevaran el riesgo del no deal (un no acuerdo) con un descalabro de más del 1% de la libra esterlina, el mayor en tres meses. Los diplomáticos comunitarios ven complejo que se pueda alcanzar un pacto con tan poco tiempo. Y a su vez, no ven otra salida que comprometerse a un texto con premura, puesto que debe ser ratificado por los Veintisiete, la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo. Por ello, ambas partes creen imprescindible pasar de la negociación técnica a la política.
España pidió en el consejo de ministros de Exteriores de este lunes seguir dando prioridad a la consecución de un pacto, aun en un “momento muy complicado”. “Preferimos un acuerdo a una salida sin acuerdo”, sostuvo la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien dio su total apoyo a Barnier para alcanzar un “paquete equilibrado”.
Bruselas lamenta, sin embargo, que el Reino Unido haya malgastado los últimos meses. Barnier ha denunciado tras casi cada negociación la negativa de Londres de moverse de sus planteamientos. Es más, en los últimos meses denunció que se estaba echando atrás de algunos de sus compromisos iniciales, lo que llevó a buena parte de diplomáticos y funcionarios al convencimiento de que Londres no quería un acuerdo comercial. O al menos, no en los términos en los que se había planteado la negociación.
La UE, además, afronta una semana muy compleja que culminará en un Consejo Europeo en el que deberá abordar puntos clave para su futuro. El principal, el del paquete presupuestario y del fondo de recuperación, amenazado por el veto de Polonia y Hungría por su vinculación al respeto al Estado de derecho. Pero sobre la mesa también están un acuerdo sobre los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030, que debe aprobar si quiere mantener su liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, y las relaciones con Turquía.
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