El primer ministro británico, Boris Johnson, ha confirmado este lunes su plan de adelantar un mes el fin de las restricciones por la covid-19 en Inglaterra, un territorio que este jueves se convertirá en un laboratorio de pruebas sobre cómo convivir con el virus. La política sanitaria del resto del Reino Unido la deciden los Gobiernos de cada nación. En Inglaterra, tras casi dos años de pandemia, por primera vez no será obligatorio aislarse tras dar positivo, si bien el primer ministro ha subrayado la necesidad de “mostrar consideración”, por lo que permanecer en casa tras un contagio pasará a ser la recomendación, al menos, hasta el 1 de abril, cuando pasará a ser una decisión personal. Ese día, además, acabarán los test gratuitos a gran escala, y las pruebas solo se ofrecerán sin coste alguno para casos sintomáticos entre los sectores de mayor edad y los colectivos más vulnerables.
El Reino Unido detectó el primer caso de coronavirus el 31 de enero de 2020. 18,5 millones de diagnósticos después, el Gobierno cree que actualmente hay “suficiente nivel de inmunidad para depender de las vacunas y de los tratamientos como primera línea de defensa”, por lo que el jueves, junto al fin de la cuarentena obligatoria, también termina el programa para rastrear los contactos de personas contagiadas y las compensaciones económicas de 500 libras (600 euros) por baja laboral para los trabajadores de menores ingresos.
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La apuesta no está exenta de polémica, como quedó de manifiesto cuando Johnson la avanzó hace 10 días y como este lunes le ha recordado la oposición. Colectivos sanitarios han catalogado el fin de la cuarentena obligatoria como prematura y la comunidad científica, en su mayoría, coincide en que es un riesgo. Organizaciones sindicales han denunciado la difícil dicotomía ante la que se encontrarán los trabajadores, cuando tengan que elegir entre acudir a sus empleos con covid o perder ingresos.
El órdago mantiene la línea de laxitud adoptada por el primer ministro británico durante gran parte de la crisis, pero contiene también un componente de cálculo político en el que las esencias más libertarias de los conservadores británicos se mezclan con la necesidad de Johnson de complacer a unos diputados tories de quienes depende su supervivencia. “Aprendamos a vivir con este virus y continuemos protegiéndonos a nosotros y otros sin cortapisas a nuestras libertades”, ha declarado este lunes en el Parlamento, donde formalizó su plan de sustituir “restricciones gubernamentales por la responsabilidad individual”. El mes pasado, las mascarillas dejaron de ser obligatorias en los espacios interiores, con contadas excepciones, como algunos transportes públicos.
Para Johnson, ha sido la propia evolución del virus la que ha decantado la balanza: las cifras de muertes este invierno han estado en línea con las habituales en esta época del año, pese a los contagios récord registrados; las estadísticas de casos presentan el menor nivel desde que la variante ómicron fuese detectada en noviembre y los números que más preocupan en Downing Street, las hospitalizaciones, están por debajo de las 10.000, lo que equipara el coronavirus a otros virus estacionales. Por ello, el Gobierno ha dejado de percibir la covid-19 como una amenaza extraordinaria, para considerarla al nivel de infecciones como la gripe, lo que demanda una aproximación similar, fundamentada en la inmunización de los más vulnerables y el uso de antivirales.
Boris Johnson, este lunes en Londres.DPA vía Europa Press (Europa Press)
De ahí que una de las decisiones clave ante el inminente fin de las restricciones haya sido recoger el guante del comité asesor en materia de vacunación y ofrecer, a partir de primavera, una cuarta dosis de refuerzo transcurridos seis meses de la anterior para los mayores 75 años y aquellos mayores de 12 años con inmunidad reducida.
El otro gran pilar es cómo controlar la evolución del virus sin la herramienta más eficaz hasta ahora: los test a gran escala, que llegarán a su fin el 1 de abril, excepto para los mayores y los más vulnerables. En un escenario en el que el coronavirus ya no se considera letal y el Ejecutivo quiere reestructurar prioridades, el coste resulta excesivo. Boris Johnson ha dicho este lunes en el Parlamento que el programa de test ha alcanzado los 15.700 millones de libras (18.500 millones de euros), una cantidad que sumada a la de la campaña de vacunación, la mayor emprendida en la historia del Reino Unido, supera el presupuesto total del Ministerio del Interior.
Con todo, el primer ministro ha concedido que hay una “considerable incertidumbre” y ha admitido que sus propios asesores científicos “están convencidos de que habrá nuevas variantes y es posible que sean peor que la ómicron”. Por ello, para aplacar las críticas por una potencial anticipación, garantizó el mantenimiento del dispositivo para “gestionar y responder” ante estos riesgos, incluyendo los estudios de infección acometidos periódicamente por la Oficina Nacional de Estadística para identificar potenciales picos de contagio.
Con su intervención, el mandatario espera cerrar un capítulo clave, no solo en la batalla contra el virus, sino en su propia lucha por la supervivencia, tras semanas de controversia por las fiestas en Downing Street en pleno confinamiento. Su comparecencia, sin embargo, se ha visto precedida por el desconcierto, un fenómeno cada vez más usual en la corte de Johnson, después de que la división entre pesos pesados de su Gobierno obligase a retrasar el consejo de ministros en el que esperaba recabar la aprobación de su gabinete a la estrategia diseñada para “convivir con el virus”.
La brecha responde a diferencias en materia de financiación del dispositivo de test y, aunque se ha resuelto a favor del Ministerio de Finanzas, que rechaza facilitar los fondos adicionales reclamados por el de Sanidad, sirve como fábula moral para otros Ejecutivos sobre los riesgos ineludibles de clausurar la pandemia.
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