Finalizado el Jubileo de Platino, el Gobierno del Reino Unido se enfrenta a la resaca de las fiestas. No las que han conmemorado durante cuatro días el largo reinado de Isabel II, sino las que Boris Johnson y su equipo celebraron en Downing Street durante el confinamiento, que provocaron la indignación de los británicos. El grupo parlamentario conservador someterá finamente este lunes a su primer ministro a una moción de censura interna, a partir de las seis de la tarde (siete de la tarde, horario peninsular español). La cifra mágica de 54 cartas de “retirada de confianza” se ha alcanzado. Al menos un 15% de los diputados tories ha enviado a Graham Brady, el presidente del Comité 1922, un texto con su deseo de que Johnson sea reemplazado en el cargo. El comité reúne a los llamados backbenchers (literalmente, los diputados de los escaños traseros), la mayoría de los representantes parlamentarios conservadores que no ocupan un puesto en el Gobierno, y tienen, por tanto, más lealtad hacia sus electores y hacia su propio futuro político que a Johnson. Brady advirtió previamente a Johnson este domingo de la tormenta que se avecinaba en unas horas, cuando el Parlamento reanudara su actividad. Si una mayoría de diputados conservadores, es decir, 180, votara en contra del primer ministro, su destitución sería casi inmediata. Antes será necesario poner en marcha unas primarias internas para elegir el reemplazo. En ese intermedio, Johnson puede dimitir o permanecer en Downing Street.
“El primer ministro celebra que surja la oportunidad de poder defender su postura ante los diputados, y les recuerda que solo cuando estamos unidos y centrados en los asuntos que importan nos convertimos en una fuerza política formidable”, ha dicho un portavoz de Downing Street. La estrategia es clara: una advertencia sobre el daño que puede suponer la imagen de un partido sumido de nuevo en una guerra interna.
La moción de censura se va a celebrar casi dos semanas después de que se publicara el informe sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia, un texto de la vicesecretaria de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro, Sue Gray, en el que se pedían responsabilidades a Johnson. Aunque el líder conservador volvió entonces a pedir disculpas al Parlamento y a la ciudadanía en un intento de frenar una rebelión en el partido, el contenido del informe ha vuelto a provocar una tormenta política. En las 37 páginas del texto, Gray, sin nombramientos directos a Johnson, explicaba que “mucha gente estará conmocionada ante la escala del comportamiento que tuvo lugar en el mismo corazón del Gobierno”. Y añadía: “Los líderes de más alto nivel, tanto política como administrativamente, deben asumir la responsabilidad por esta cultura [de alcohol y fiestas]”.
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Desde que el escándalo saltara a los titulares el pasado enero, Johnson ha vivido una montaña rusa en la que ha llegado a creer que, una vez más, podía dar la vuelta a la situación. Los diputados conservadores, sin embargo, que viajan cada semana a sus respectivas circunscripciones y conocen de primera mano la rabia de los votantes, han ido rumiando el momento preciso para castigar al primer ministro. No fue durante las primeras informaciones, a la espera de que Johnson diera explicaciones; tampoco después de que Scotland Yard anunciara las multas contra Johnson, su esposa, su ministro de Economía, Rishi Sunak, y decenas de miembros del equipo de Gobierno; ni siquiera cuando Gray publicó su demoledor informe definitivo. Ha sido justo al día siguiente de que todo el Reino Unido celebrara los 70 años de reinado de Isabel II, con un mensaje implícito: las instituciones permanecen. Los políticos, por muy populares que sean, no. El enorme abucheo sufrido por Johnson y su esposa, Carrie, el pasado viernes, a las puertas de la catedral de San Pablo, fue una señal clara. Todos esos ciudadanos concentrados alrededor del servicio religioso en honor a la reina —monárquicos, y presumiblemente de tendencia conservadora— expresaban su repudio al primer ministro.
Es el mismo mecanismo, con unas reglas que han ido cambiando en cuanto a cifras y procedimiento, que sufrieron Margaret Thatcher, John Major o Theresa May. Los tres lograron una mayoría de respaldo en la moción de censura interna. Pero en los tres casos fue una mayoría débil, de entre el 50% y el 60%, que puso en evidencia que casi la mitad de sus diputados estaban en contra suya. Difícilmente se puede resistir esa situación. También el equipo de Johnson confía en ganar la votación, aunque a estas alturas no está claro. Es una votación secreta y, por tanto, difícil de controlar por Downing Street. Necesitará en torno a los 180 diputados para salir airoso. Pero en cualquier caso, en medio de una inflación desatada, una crisis del coste de la vida cada día más grave y la amenaza en ciernes de una recesión, la capacidad de supervivencia de Johnson, al que muchos han definido como el Houdini de la política, es mínima. La única razón estratégica a la que se aferra el político conservador es el consuelo de que la votación se celebre antes de las elecciones en las circunscripciones de Wakefield y Tiverton. Ambas celebran el próximo 23 de junio elecciones parciales —sus dos diputados conservadores han dimitido, en ambos casos por un escándalo sexual, y las encuestas anuncian una victoria arrolladora de los laboristas y de los liberales demócratas—. Esa habría sido la puntilla definitiva para Johnson. Pero con las actuales reglas, si supera la moción de censura interna de este lunes por la tarde, no puede volver celebrarse otra en el plazo de un año. A no ser que las reglas volvieran a cambiar, ha advertido el presidente del Comité 1922, Graham Brady. Y tratándose de Johnson, ni siquiera los tan consolidados usos y costumbres de la Cámara de los Comunes se dan por seguros.
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