En un contexto de bajo estado de ánimo de los británicos, afectados por la pérdida de poder adquisitivo, el desabastecimiento de productos básicos y la desaparición de las ayudas estatales para paliar la crisis de la covid, el Gobierno de Boris Johnson ha utilizado el primer presupuesto postpandémico para vender “una nueva era de optimismo” en el Reino Unido. El proyecto de revisión del gasto para los tres próximos años, presentado este jueves por el canciller del Exchequer, Rishi Sunak, en los Comunes, recoge el “mayor incremento en el gasto público de este siglo”, según ha dicho el ministro, junto a un paquete de medidas destinadas a paliar el incremento del coste de la vida.
En un complejo ejercicio de equilibrios, el responsable de las finanzas públicas ha subrayado sin embargo la necesidad de aferrarse a la disciplina fiscal, lo que ha dado alas a la oposición laborista para denunciar que lo que se da por un lado acabará restado por el otro.
Lo cierto es que, en su pulso con la alegría de Johnson a la hora de prometer grandes inversiones (para desespero del ala más conservadora de los tories), Sunak ha contado con un inesperado margen de maniobra: las últimas previsiones oficiales incrementan el ritmo de crecimiento de la economía para este año del 4% al 6,5%, y lo cifran en un 6% para el 2022. Ese dato ha permitido a Sunak anunciar con mayor tranquilidad un aumento de 150.000 millones de libras (unos 177.000 millones de euros) en el gasto de todos los ministerios.
La estrella indiscutible en esa recepción de dinero público es el NHS —el sistema de sanidad pública, que sumará 5.900 millones de libras a los 12.000 ya comprometidos en septiembre—, en línea con la promesa de regenerar el sistema hecha durante la campaña del Brexit. La inyección en diversos proyectos de mejora del transporte en el norte de Inglaterra también entronca con la llamada agenda de nivelación del primer ministro para corregir las desigualdades regionales, un guiño a los electores de la muralla roja, bastión del laborismo que Johnson logró conquistar en las pasadas elecciones (y ya antes, en el referéndum sobre la salida de la UE).
La oposición laborista —que ha tenido como portavoz en el Parlamento a Rachel Reeves ante la baja por covid de su líder, Keir Starmer— denuncia el populismo de medidas como el fin de la congelación de los sueldos del sector público (sin especificarse en qué porcentaje aumentarán) o el incremento del salario mínimo (de 8,1 a 9,5 libras la hora) que, a su entender, son insuficientes y no compensarán la inflación en ascenso. O que la bajada de los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas, la restauración y el comercio minorista son “caramelos” para ocultar una mayor presión fiscal generalizada. Esta se produjo tras el anuncio en septiembre del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y del impuesto de sociedades.
Control del gasto
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Una vez comprometida la inversión pública para el resto de la legislatura, el desafío que aún supone la covid y, sobre todo, la presión inflacionista ha sido el argumento esgrimido por Sunak para retener una reserva de efectivos “que protejan de los riesgos económicos del futuro”. La previsión de una inflación del 4% para el próximo año (hoy supera el 3%) y el altísimo nivel de endeudamiento alimentado por las ayudas públicas en el pico de la pandemia exigen prudencia, ha subrayado un canciller que, a partir de ahora, promete un severo control del gasto.
Algunos analistas británicos aventuran que se trata de un mensaje dirigido a los conservadores que aspiran a una bajada de impuestos antes de las elecciones de dentro de tres años. Los malabarismos de Sunak responden a la obsesión de su jefe de filas, Johnson, por cubrir todos los frentes, aunque sean contradictorios. En ello ve la llave para repetir victoria electoral.
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