Una operación policial en una favela de la zona metropolitana de Río de Janeiro el fin de semana pasado causó conmoción porque, tras un tiroteo con traficantes de drogas, los cadáveres de nueve personas fueron localizados en una zona pantanosa. Se considera una venganza por la muerte de un uniformado aquel viernes. Por si quedaran dudas sobre el desprecio por la vida de los sospechosos, los policías celebraron una fiesta en un local cercano antes y después de la matanza de São Gonçalo.
Pero el goteo de muertes por disparos de agentes, de servicio o de libranza, es tan cotidiano en Brasil que suele pasar desapercibido. Al calor del discurso de mano dura, las cifras de víctimas han aumentado hasta el actual récord (6.400 muertos en 2020, son 17 diarios, la mayoría negros). Siguiendo la estela de Estados Unidos y otros países, varios cuerpos están implantando cámaras en los uniformes de sus agentes en un intento de reducir la letalidad.
Los primeros resultados en la Policía Militar del Estado de São Paulo indican una significativa reducción de víctimas. “Hay mucho espacio para que podamos avanzar, pero nuestra reducción del uso de la fuerza es acentuadísima”, dice en su despacho el coronel Robson Cabanas, que gestiona el programa de las cámaras de la Policía Militar de São Paulo, que se empezó a implantar hace 17 meses. Las cámaras corporales son la parte más visible de cambios más profundos.
Brasil está entre los países más violentos de América Latina y los miembros de sus fuerzas de seguridad, entre los que más matan (y más mueren) en el mundo. También aquí hubo protestas tras la brutal agresión a George Floyd, asfixiado por un agente blanco en EE UU, y se reclamaron cambios. El Gobierno de Río de Janeiro, el Estado con la policía más violenta en este país de grandes diferencias regionales, acaba de anunciar la compra de 20.000 cámaras, una antigua iniciativa resucitada justo después de la incursión policial que en mayo dejó 28 muertos en la favela carioca de Jacarezinho. Las cámaras no solo llegan tarde para contribuir a determinar qué ocurrió allí, sino que la policía ha decretado cinco años de secreto.
La ONU ha criticado la violencia policial en Brasil, que nunca desde que se contabiliza dejó tantas víctimas. Los 6.400 fallecidos son el triple de los registrados solo ocho años antes, según el último anuario de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, que elabora una radiografía nacional de la violencia a partir de datos oficiales. Ese aumento obedece en parte a una mejora de la estadística. El lema “bandido bom é bandido morto” siempre tuvo adeptos, pero la llegada del militar retirado Jair Bolsonaro al poder ha amplificado el eco y disparado la compra de armas. El anterior gobernador de Río llegó a defender que ante un criminal armado los agentes debían “apuntar a la cabecita… y ¡fuego!”.
La Policía Militar De São Paulo ha introducido más de 3.000 para agentes de varios batallones, incluidos los más problemáticos. El plan es tener 10.000 dispositivos en la calle para junio próximo. Son la parte más visible de una reforma más amplia, dice. Los primeros resultados son positivos. Desde junio de 2020, el cuerpo ha causado todos los meses menos muertes que el mismo mes del año anterior. Por ejemplo, octubre. Pasaron de 71 fallecidos (en 2019) a 34 (2020) y a 32 este año.
Melina Risso, experta en seguridad pública del Instituto Igarapé, considera muy positiva la expansión de las cámaras. Afirma que “aún es pronto para hacer análisis concluyentes, pero los primeros resultados son muy prometedores”. Y destaca que están en consonancia con el análisis que este think tank hizo de una experiencia similar, en un estado más pequeño, Santa Catarina. “Allí, nuestros resultados mostraron que las cámaras redujeron el uso de la fuerza por parte de la policía hasta en un 60%”.
No obstante, incluso con la reducción, las cifras están a años luz de la región modelo en este capítulo, Europa occidental. Basta comparar el Estado de São Paulo con España, ambas con una población similar. Incluso con cámaras, en el Estado más rico de Brasil y donde la tasa de homicidios ha caído en los últimos 20 años, mueren en un mes el doble de ciudadanos por tiros de la policía que los registrados en España durante cinco años. No obstante, dos hombres han sido abatidos este mes en Madrid por uniformados.
El coronel Cabanas destaca una innovación desarrollada con las cámaras de São Paulo que, según afirma, viene a resolver uno de los problemas más frecuentes aquí y en el extranjero: el agente que voluntariamente o por despiste no activa la cámara pese a estar obligado. Los dispositivos paulistas realizan dos grabaciones, una de menor calidad y sin sonido durante las 12 horas del turno; y otra con más resolución y sonido que pueden activar el propio uniformado, uno de sus jefes desde la distancia o que comienza a grabar automáticamente si el policía dispara un tiro. El dispositivo también permite recuperar los momentos previos de un instante crítico, explica.
“La gente cree, de entrada, que las cámaras van a cohibir al policía de cometer abusos, pero el cambio es mucho más profundo”, dice. Detalla otros cambios introducidos como el refuerzo del entrenamiento, de las inspecciones, de las investigaciones internas y la compra de nuevas herramientas que permiten graduar el uso de la fuerza. Entre los agentes de São Paulo se han distribuido miles de sprays de gas pimienta y más de 3.700 tasers, armas de incapacitación neuromuscular, para reducir a los sospechosos sin recurrir al arma de fuego. Cada uso del taser “son muertes que no ocurrieron”, recalca Cabanas, que destaca que antes de implantar las cámaras viajaron a Estados Unidos, Alemania o Londres para conocer de primera mano sus experiencias.
La especialista Risso sostiene que las cámaras por sí solas tendrán un impacto muy limitado: “Reducir la letalidad crónica de las fuerzas policiales brasileñas depende de una decisión política de cambiar la planificación de las operaciones y acciones de los policías con inversión en capacitación, supervisión y, sobre todo, tolerancia cero a los excesos”. En lo que va de año, la Policía Militar de Sao Paulo ha abierto más de 1.400 investigaciones internas, 190 agentes han sido detenidos y 47, expulsados del cuerpo, según datos oficiales.
No es frecuente que se sienten en el banquillo y menos que entren en prisión. Cuatro agentes fueron condenados la semana pasada por un asesinato, pero en agosto otros cinco fueron absueltos por un jurado popular de participar hace tres décadas en una matanza en una favela.
La tropa recibió los dispositivos con desconfianza, temían que fuera utilizados para cuestiones disciplinarias (como el uso de WhatsApp), cuenta Cabanas, pero insiste en que las grabaciones también los protegen a ellos. Entre otras razones, porque sirven de prueba ante un tribunal y porque cuando el ciudadano que interactúa con el agente ve el parpadeo de una lucecita roja en la cámara de la pechera sabe que le están grabando y él también se contiene.
Simultáneamente, asoma un nuevo peligro para los agentes, el incremento de ciudadanos armados. Las reformas legales impulsadas por el ultraderechista Bolsonaro han contribuido a un fenómeno que empezó antes de su victoria. Las armas de fuego en manos de civiles se han duplicado en solo tres años. Suman 1,2 millones, según el citado anuario brasileño. Aumentan, por tanto, las probabilidades de que los patrulleros, además de toparse con criminales que responden a tiros, se encuentren con más ciudadanos que ante el más mínimo roce desenfunden un arma.
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