El 25 de enero de 2019, poco después del mediodía, un crujido recorrió la represa de una de las minas de Vale en Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais. En cuestión de segundos, un tsunami de lodo tóxico arrasó con todo lo que encontraba a su paso. El desastre se cobró la vida de 270 personas. Aún hay tres desaparecidos bajo tierra. Cuatro años después, los familiares de las víctimas viven un déjà vu y se lamentan de que todavía nadie haya asumido responsabilidades. La justicia brasileña imputó el martes a 16 personas y a las dos empresas responsables, igual que hace cuatro años. De nuevo, están acusados de homicidio con dolo y delitos ambientales. La diferencia es que entonces el proceso lo asumió la Justicia de Minas Gerais, y ahora está en manos de la justicia federal, un salto que desespera a los familiares, que acusan a Vale de enredar el proceso para atrasar el momento de las condenas.
Así lo cree Andresa Rodrigues, portavoz de la asociación de familiares y víctimas (Avabrum). Perdió a su único hijo, de 26 años, que aquel fatídico día de enero acababa de salir del comedor donde murió la mayoría de los trabajadores de la mina. “Nos sentimos como si el crimen hubiese ocurrido ayer, seguimos presos en este barro de sangre y de dolor, y hasta ahora no hay responsables. Nadie fue condenado, eso nos paraliza”, lamenta por teléfono poco antes de participar en un simposio sobre la tragedia.
El monumental proceso contra los dirigentes de Vale y contra la propia empresa y Tüv Süd, la consultora alemana que atestó la supuesta seguridad de la balsa de residuos, iba arrastrándose lentamente en la justicia regional, hasta que en diciembre de 2022 el caso dio un vuelco. Un tribunal de apelación dio la razón a la defensa del presidente de Vale cuando ocurrió la tragedia, Fabio Schvartsman. Sus abogados alegaron que el derrame de lodo afectó a unos yacimientos arqueológicos que estaban bajo tutela del Estado brasileño, por lo que el proceso debería juzgarse en la justicia federal, normalmente más lenta y garantista. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo, y entre los familiares sonaron las alarmas. Temían que todo acabara en nada.
“Claramente fue una maniobra para ganar tiempo, porque los certificados de defunción son de Brumadinho. No pueden ser de otro lugar, los asesinaron aquí”, comenta Rodrigues. Al final, el temor a que todo desembocara en la anulación de la instrucción y que todo empezara desde cero no se confirmó. La presidenta del Supremo, Rosa Weber, pidió que la Fiscalía se diese prisa en presentar una nueva denuncia, sobre todo para evitar que los responsables escapasen de pagar por los delitos ambientales, que prescriben a los cuatro años. Al final, esa denuncia llegó in extremis (prácticamente calcada a la que se presentó hace cuatro años) y la Justicia la aceptó rápidamente. Schvartsman y compañía vuelven a estar imputados.
La defensa de Vale manifestó cierto malestar por la rapidez de la Justicia en esta ocasión: “Considerando que el principal objetivo era recibir la denuncia para evitar la prescripción de los delitos ambientales nos sorprende que una denuncia (…) de más de 24.000 páginas haya sido aceptada en menos de 24 horas”, criticó en un comunicado el abogado David Rechulski, que representa a la multinacional.
Ninguno de los dirigentes de Vale está preso, pero la empresa asegura que desde que se produjo el accidente hasta diciembre del año pasado desembolsó 37.200 millones de reales (unos 7.200 millones de dólares, más de 6.600 millones de euros,) entre indemnizaciones, acuerdos judiciales de reparación y acciones de restauración ambiental, y que 13.500 personas firmaron acuerdos de indemnización. Además, apunta que desde 2019, para reforzar la seguridad, desmanteló 12 de los depósitos de residuos más peligrosos. Aun así, falta cumplir el 60% de lo proyectado.
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A lo largo de los últimos años, los familiares han recibido diversas compensaciones económicas. Primero, Vale pagó durante un año una especie de renta básica a todos los habitantes de Brumadinho. Después, se acordó con la Justicia pagar hasta 1,5 millones de reales (290.000 dólares, 268.000 euros) por cada víctima. Algunos aceptaron rápidamente, otros están batallando por una cuantía mayor. Rodrigues dice que cada decisión es individual y que su lucha colectiva es para ver a los responsables entre rejas, sobre todo a Schvartsman, cuya falta de sensibilidad hirió profundamente a los familiares.
En una comisión parlamentaria no se levantó de su sillón durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas, y acto seguido dijo que Vale es “una joya brasileña” que no podía ser condenada por el accidente. Desde entonces, los familiares de las víctimas llaman ‘joyas’ a los seres queridos que perdieron en Brumadinho. Las tareas de búsqueda sólo pararon unos meses por la pandemia y continúan en busca de los últimos tres desaparecidos.
El expresidente de Vale llegó a la empresa prometiendo que la tragedia de Mariana no se repetiría. En 2015, la rotura de otra balsa de residuos causó en esta otra ciudad de Minas Gerais la muerte de 19 personas, además de una catástrofe ambiental sin precedentes. De ese accidente no salió, de momento, ningún culpable por la vía penal, de ahí los temores de los familiares a que la historia se repita en Brumadinho.
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