Dos días después de las elecciones húngaras que otorgaron otra rotunda victoria a Viktor Orbán, la Comisión Europea anuncia su intención de activar el llamado mecanismo de condicionalidad para sancionar a Budapest por violar los valores básicos de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario da por primera vez el paso de poner en marcha el reglamento comunitario que permite, desde el 1 de enero de 2021, suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada.
Hace tiempo que Bruselas aguardaba el momento, con la munición cargada. Estaba a la espera del dictamen sobre el mecanismo del Tribunal de Justicia de la UE, que le dio su aval en febrero de este año, y también de las repuestas de Budapest a un intercambio de comunicaciones iniciado a finales del año pasado. Las respuestas no han sido satisfactorias, según ha explicado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha anunciado la puesta en marcha del mecanismo en una intervención en el Parlamento Europeo.
Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro Orbán, ha reaccionado al anuncio acusando a la Comisión Europea de “cantar la misma melodía que la izquierda húngara” y le ha reclamado “que no castigue a los votantes húngaros por no expresar una opinión a gusto de Bruselas en las elecciones del domingo”.
La presidenta de la Comisión ha indicado que las autoridades húngaras han sido informadas de la decisión. “Hemos estudiado con cuidado las respuestas”, ha detallado durante una sesión de preguntas de los europarlamentarios. “Nuestra conclusión es que tenemos que seguir adelante, pasar al siguiente paso”, ha añadido. Ahora se enviará a Budapest la carta de notificación formal para iniciar el mecanismo de condicionalidad. “El proceso está en marcha ahora”, ha zanjado ante el Parlamento Europeo, una institución que llegó incluso a amenazar el año pasado con llevar a la Comisión ante la justicia europea por no activar el mecanismo.
Una espera obligada
La espera del brazo ejecutivo de la UE era, en cualquier caso, obligada. O al menos un compromiso político. La herramienta fue aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los multimillonarios fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. Pero la Comisión Europea se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el TJUE diera su visto bueno, algo que tardó más de un año.
Estos dos países impugnaron el caso ante la justicia europea nada más ser aprobado, quedando en una especie de limbo jurídico. La vista, celebrada en octubre, fue una cita de alto voltaje político, con repercusión extraordinaria y celebrada ante el plenario de jueces: Hungría y Polonia acusaban al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo de haber aprobado un reglamento sin base legal con el único objeto de castigar a ciertos países con la excusa de la protección del presupuesto comunitario.
Para Budapest y Varsovia, Bruselas se había extralimitado y buscaba castigar a ambos países esquivando el proceloso procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE, que requiere la unanimidad de todos los socios comunitarios para sancionar a los países que vulneren los valores fundamentales de la UE. Y cuyas consecuencias son mucho más radicales: puede llegar a suponer la suspensión del derecho de voto de los Estados miembro sancionados.
Bruselas da ahora el paso después de cerciorarse de que hay una base sólida para presentar un caso. Siempre ha sostenido que, antes de pulsar el botón, se aseguraría de que tendría posibilidades reales de sacarlo adelante, para minimizar las posibilidades de errar el tiro.
El uso de esta herramienta supone un salto cuántico en la forma en que la Comisión puede presionar económicamente a países donde se desciende por la pendiente iliberal, como Hungría y Polonia. Bruselas acumula con ambos un largo historial de enfrentamientos a cuenta del Estado de derecho, con múltiples frentes que van desde el respeto al colectivo LGTB al control político del poder judicial o la corrupción vinculada a las élites y cuyas actuaciones podrían drenar los fondos europeos. Hungría y Polonia son también de los escasos países que aún no han recibido el visto bueno del Ejecutivo de la UE a sus planes de recuperación.
“Hemos sido muy claros, el asunto es la corrupción”, ha detallado Von der Leyen ante los europarlamentarios. El mecanismo exige demostrar que los hechos impugnados afectan directamente o amenazan con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o de los intereses financieros de la Unión.
“¡Más vale tarde que nunca!”, ha celebrado la familia socialdemócrata en la Eurocámara. “Después de meses de demora, la Comisión finalmente activará el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho contra Hungría. Es un recordatorio tardío, pero importante para Orbán de que ninguna cantidad de votos legitimará jamás la violación del Estado de derecho en la UE”.
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