Luz roja de la Comisión Europea al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el Poder Judicial es vulnerable a una politización. El Ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen reclama a Sánchez que consulte con todas las partes implicadas y que pida la evaluación de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales y el mismo que ha dictaminado en otras ocasiones contra los cambios emprendidos en países como Polonia.
“Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, señala Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea. “Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que no se pone en peligro la independencia judicial”, añade el mismo portavoz. La referencia a la Comisión de Venecia denota el alcance de la alarma de Bruselas, pues ese organismo suele lidiar con reformas judiciales en países con escasos credenciales democráticos. En 2020, sus dictámentes sobre reformas judiciales se han referido a Polonia, Turquía, Ucrania, Moldavia o Georgia.
Fuentes del organismo comunitario reconocen una “profunda preocupación” por la reforma planteada en España, que pretende rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para el nombramiento de los miembros del llamado gobierno de los jueces. La creciente fragmentación del Parlamento ha hecho que la mayoría actual (3/5) parezca inalcanzable desde hace dos años, por lo que el Ejecutivo de Sánchez plantea dejarla en mayoría absoluta.
El cambio ha provocado la indignación del Partido Popular y la inquietud manifiesta de una buena parte de la judicatura española. Las alarmas saltan ahora también en Bruselas, donde la reforma española recuerda peligrosamente a las acometidas por países como Hungría o Polonia, expedientados en repetidas ocasiones por vulnerar la independencia judicial.
Wigand señala, en relación con la reforma española, que “es importante que garantizar que el Consejo [CGPJ] no es percibido como vulnerable a la politización”. El grave toque de atención de la Comisión llega solo unas semanas semana después de que España superase con holgura el primer examen realizado por Bruselas sobre la situación del respeto al Estado de derecho en todos los socios comunitarios. El informe lamentaba la tardanza en la renovación de los miembros del CGPJ, bloqueada por falta de mayoría parlamentaria, y pedía mayor transparencia en la relación de la Fiscalía General con el Ministerio de Justicia.
“Nos preocupaba la falta de renovación del Consejo, pero eso no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera y saltándose todos los procesos”, apunta una fuente comunitaria. La inquietud de la Comisión Europea coincide también con la negociación en Bruselas sobre un mecanismo de vigilancia del Estado de derecho que permitiría suspender ciertos fondos comunitarios a los países que vulneren los valores fundamentales de la Unión. Hungría y Polonia, que se resisten a la aprobación del mecanismo, parecían los principales amenazados por posibles recortes.
El gobierno polaco ya se había aferrado a la reforma del CGPJ de Sánchez para acusar a Bruselas de doble rasero por no actuar contra España. El serio toque de atención de este jueves probablemente contrarrestará el argumento de Varsovia al tiempo que pone a España en la peligrosa lista de países sospechosos de violar la independencia judicial.
El varapalo coincide con la llegada de Sánchez a Bruselas para asistir a una cumbre europea que, durante dos días, debatirá sobre las negociaciones con Reino Unido tras el Brexit. En la capital comunitaria también se encuentra el líder de la oposición, Pablo Casado, para asistir a la reunión que el Partido Popular Europeo celebra con motivo de la cumbre europea.
Casado ha advertido que removerá todo lo que sea necesario, a nivel nacional o europeo, para frenar los cambios del CGPJ. “Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ”, ha señalado. El líder de los populares amenaza con llegar “hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones”. Casado ha negado que su partido haya bloqueado un acuerdo y ha recordado que se sentó dos veces a negociar con los socialistas “pero sin fuerzas radicales” para garantizar la despolitización de la justicia.
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