La Comisión Europea ha aprobado este martes un régimen de sanciones destinado específicamente a castigar a las empresas que, intencionadamente o no, participen en la creación artificial de crisis migratorias junto a las fronteras de la UE. La novedosa lista negra nace como respuesta al traslado de migrantes orquestado por el dirigente bielorruso, Alexandr Lukashenko, para desestabilizar a Polonia, Lituania y Letonia. Y llega después de los sucesivos intentos de provocar crisis migratorias de manera deliberada por parte de vecinos como Turquía, Libia o Marruecos.
“Podremos hacer mucho con esta nueva norma, pero esperemos que no tengamos que utilizarla”, señala la comisaria europea de Interior, Ilva Johansson, durante un encuentro con EL PAÍS y un reducido grupo de medios europeos. “Esta nueva base legal es la respuesta a un nuevo método de tráfico de personas”. El objetivo de la norma es evitar que las líneas aéreas u otros medios de transporte faciliten la llegada de migrantes hasta un país vecino que solo busca presionar a la UE, pero no atañe a las personas u organizaciones que socorren o rescatan a los potenciales refugiados.
A diferencia de otros regímenes sancionadores de Bruselas, el nuevo no requiere un vínculo directo entre la empresa sancionada y su intención de agredir a la UE. Bastará con que los servicios de una compañía sean usados por un régimen agresor para que pueda ser sancionada, incluso si simplemente se limita a mantener sus operaciones habituales. Las compañías de transporte empleadas para poner en marcha ese tráfico de personas se expondrá, una vez que el nuevo régimen entre en vigor, a ver prohibidas sus actividades en el mercado comunitario.
El mecanismo se articula a través de un Reglamento que establecerá una lista negra de las compañías que, a juicio de la UE, participan en un tráfico ilegal de personas. La inclusión en esa lista acarrerará graves sanciones hasta el punto de perder acceso al mercado comunitario.
En el caso de las aerolíneas, el veto les impedirá aterrizar o despegar en los aeropuertos de la UE, ni siquiera para hacer escala o repostar. También tendrán prohibido sobrevolar el espacio aéreo europeo. El conjunto de prohibiciones hace prácticamente imposible que alguna compañía aérea internacional se preste a ser utilizadas por regímenes como el del dirigente bielorruso Alexandr Lukashenko, dado que perderían acceso a un mercado y un espacio aéreo tan crucial como el europeo.
Por primera vez, además, Bruselas sigue la estela de Washington y se arroga el poder de sancionar a empresas de países ajenos a los conflictos de la UE con otros Estados. La UE llevaba años quejándose de la extraterritorialidad de las sanciones impuestas por EE UU contra Irán o Cuba, que han obligado a empresas a europeas a renunciar a negocios en esos países para no exponerse a ser castigadas.
Pero el nuevo régimen europeo también podrá golpear a compañías de terceros países aunque no sean cómplices del tráfico de personas y simplemente se limiten a mantener sus servicios de transporte habituales. Aerolíneas, navieras o compañías de ferrocarril podrían estar en el punto de mira porque la base legal del nuevo régimen son los artículos del Tratado (90 y 100.2) relativos a la política común de transportes.
Bruselas pasa así a intentar distinguir entre crisis migratorias a raíz de fenómenos naturales (como un terremoto o inundaciones) o políticos (guerras o limpiezas étnicas) y flujos artificialmente alimentados para desestabilizar la frontera exterior de la UE.
Ese tipo de ataque híbrido no es nuevo. Desde que se firmó la Convención internacional sobre refugiados en 1951 y hasta 2016 se registraron a nivel mundial 75 intentos de explotar los desplazamientos de población como un arma política, según el recuento de la profesora Kelly M. Greenhill recogido en un estudio colectivo del ECFR (European Council on Foreign Relations). Pero en los últimos dos años, la frecuencia de los embates contra la UE parece haber aumentado.
En febrero de 2020, Turquía amagó con desencadenar un torrente de refugiados sirios hacia las fronteras griegas como medida de presión en diversas negociaciones con Bruselas. La contundente respuesta de la UE, que ayudó a Atenas a blindar las fronteras, y la llegada de la pandemia despejaron la amenaza de Ankara. En mayo de este año, fue el turno de Marruecos que permitió o alentó la entrada de más de 8.000 personas, muchas menores de edad, en el territorio español de Ceuta. La UE cerró filas con España y contribuyó a neutralizar una crisis migratoria provocada en respuesta a diversos rifirrafes de Rabat con Madrid, entre ellos, los relativos al Sáhara y el Frente Polisario.
Y desde el mes de junio, Lukashenko ha convertido a su país en un destino prioritario para las personas de terceros países que aspiran a llegar a la UE. “El que ha sido descrito como el último dictador de Europa no solo se ha dedicado a reprimir a su propio pueblo, sino que también ha empezado a vender billetes que supuestamente daban derecho a entrar en la UE”, lamenta Johansson. “Bielorrusia es un país del que huir no al que nadie quiera volar”, señala la comisaria europea como prueba de que el país de Lukashenko no estaba soportando una presión migratoria exterior de forma espontánea sino alentada por las autoridades de Minsk.
Johansson asegura que el engaño de Lukashenko ha costado a los potenciales migrantes “entre 10.000 y 20.000 euros por viaje” y que, una vez en Bielorrusia, “han soportado incluso amenazas de muerte [por parte de las fuerzas de seguridad bielorrusas] para forzarles a intentar cruzar la frontera de la UE”.
La Comisión Europea se movilizó de inmediato para cortar el flujo de ciudadanos afganos, sirios, iraquíes y de otras nacionalidades que estaba acarreando Lukashenko. En una gira relámpago, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, persuadió a los países de origen y tránsito de que frenasen las salidas. Una tras otra, las líneas aéreas fueron aplicando la prohibición de embarcar hacia Bielorrusia a los ciudadanos procedentes de los países utilizados por Lukashenko como fuente de su munición humana.
El nuevo régimen sancionador permitirá una respuesta aún más expeditiva ante futuras crisis migratorias porque se podrá sancionar a las compañías que se muestren renuentes a cortar el tráfico de personas. La UE se blinda así frente a un tipo de crisis migratorias provocadas que en las últimas siete décadas, según el recuento de la profesora Greenhill, han permitido a sus incitadores alcanzar parte de sus objetivos políticos el 75% de los casos y o una victoria casi completa en más de la mitad. Un riesgo demasiado alto de extorsión que Bruselas no parece dispuesta a seguir asumiendo.
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