La Comisión Europea ha rechazado este miércoles el órdago del Gobierno de Boris Johnson, que ha amenazado con suspender unilateralmente los acuerdos del Brexit que afectan a Irlanda del Norte si Bruselas no se aviene a renegociar lo pactado sobre esa isla. Bruselas ha tardado poco más de una hora en descartar cualquier renegociación del Protocolo sobre Irlanda del Norte pactado con Londres en el marco del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE (Brexit). El Ejecutivo comunitario ha recordado en un comunicado que aquel acuerdo fue aceptado y firmado a finales de 2019 por Johnson y su negociador jefe, David Frost, las dos personas que ahora firman el documento de Downing Street que considera inviable el protocolo.
“El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte es la solución conjunta que la UE encontró con el primer ministro Boris Johnson y lord David Frost, y que fue ratificada por el Parlamento británico, para resolver los desafíos que suponía para la isla irlandesa el Brexit y el tipo de Brexit elegido por el Gobierno británico”, ha señalado en un comunicado Maros Sefcovic, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del seguimiento de los acuerdos del Brexit.
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Sefcovic asegura: “Estamos dispuestos a seguir buscando soluciones creativas, dentro del marco del protocolo, en beneficio de las comunidades de Irlanda del Norte”. Pero el vicepresidente de la Comisión añade tajante que no aceptarán una renegociación del mismo.
La Comisión recuerda al Ejecutivo británico que el protocolo fue la solución pactada para evitar el establecimiento de una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda (socio de la UE) que podría haber puesto en peligro los acuerdos de paz en la isla suscritos en 1998 y garantizar, al mismo tiempo, que tampoco se ponía en peligro la integridad del mercado europeo. “Para conseguir esos objetivos, debe aplicarse el protocolo”, señala Sefcovic en un comunicado.
Sefcovic recuerda también que “respetar las obligaciones internacionales es de vital importancia”, en evidente alusión a las decisiones unilaterales que ya adoptó Londres a principios de año para retrasar la aplicación del protocolo y que llevaron a la Comisión Europea a abrir un expediente de infracción que puede acabar ante el Tribunal de Justicia europeo y en multas millonaria contra Reino Unido.
El documento del Gobierno británico presenta ahora el protocolo como el fruto de “un contexto extraordinariamente difícil por los tres años previos de negociación”, es decir, desde el referéndum del Brexit en junio de 2016 hasta la firma del acuerdo de salida a finales de 2019. El Ejecutivo de Johnson describe el protocolo como la vía de escape, aunque no deseada, para sortear a un Parlamento británico reacio a aprobar el acuerdo del Brexit y lograr el visto bueno de los socios de la UE que habían cerrado filas con Irlanda.
Johnson lanza un órdago a la UE para reescribir el acuerdo del Brexit
En realidad, Johnson era uno de los principales artífices de la hostilidad en el Parlamento británico contra los acuerdos negociados por la anterior primera ministra, Theresa May. Y los Veintisiete siempre estuvieron abiertos a escuchar cualquier propuesta que garantizara los dos objetivos: la unidad de la isla irlandesa y la integridad del mercado único europeo.
Johnson se desdice ahora de lo que pactó con la UE una vez que desalojó a May de Downing Street y se puso al frente del Gobierno. El Ejecutivo británico reclama una renegociación para eximir de controles fronterizos a las mercancías británicas que tengan como destino Irlanda del Norte y se ofrece a colaborar para intentar garantizar que no entrarán en el mercado europeo a través de Irlanda. Londres plantea, además, un punto que previsiblemente resultará mucho más inaceptable para la UE, como es el cambio de la gobernanza del acuerdo para librarse de la jurisdicción del tribunal europeo, último árbitro en caso de disputas entre Bruselas y Londres sobre la aplicación del derecho europeo.
La Comisión ya ha descartado este mismo miércoles cualquier renegociación. El portazo de Bruselas coloca al Ejecutivo de Johnson en la difícil tesitura de cumplir su amenaza de suspensión unilateral de los acuerdos o reanudar las negociaciones con Bruselas basadas en un protocolo que es políticamente explosivo para la opinión pública británica, en particular la norirlandesa.
El protocolo, en vigor desde el día del Brexit (1 de febrero de 2020), supone en la práctica que la provincia británica norirlandesa sigue integrada en el mercado europeo a efectos de controles de mercancías procedentes del resto del Reino Unido. La inusual medida se pactó para evitar los controles fronterizos entre las dos partes de Irlanda.
Las implicaciones prácticas del protocolo, que han provocado el descuelgue de Irlanda del Norte del mercado británico, pasaron desapercibidas en 2020 porque el período transitorio del acuerdo del Brexit mantuvo la libre circulación de bienes y servicios vigentes dentro de la UE.
Pero el espejismo de normalidad se rompió a partir del 1 de enero de este año, cuando Reino Unido pasó a ser un país tercero a efectos de la UE y el tráfico de mercancías o animales hacia Irlanda del Norte pasó a estar sometido a controles aduaneros y fitosanitarios.
El cambio ha provocado un estallido de protestas en Irlanda del Norte, sobre todo, entre los grupos protestantes unionistas que temen verse abandonados por Londres y abocados a una reunificación de la isla bajo el Gobierno de Dublín y como parte de la UE. En solo seis meses de pos-Brexit, los síntomas de la integración de Irlanda del Norte en el mercado comunitario y su alejamiento del británico son tan evidentes como alarmantes, según el Ejecutivo de Johnson. El 30% de las empresas norirlandesas aseguran que sus ventas en el resto de Reino Unido han caído mientras que las importaciones en el Úlster procedentes de Irlanda están en máximos históricos y han aumentado más de un 50% este año respecto al ejercicio de 2018 (previo a la pandemia).
El Gobierno británico considera que esa evolución justificaría la activación del artículo 16 del protocolo, que permite a ambas partes establecer medidas de salvaguarda en caso de graves perturbaciones económicas o sociales. Pero esa cláusula podría provocar una nueva disputa judicial con Bruselas y la posible introducción de represalias comerciales por parte de la UE. Y poner en peligro, en definitiva, la convivencia entre el Reino Unido y la UE en una era pos-Brexit que apenas acaba de comenzar y ya presenta todos los síntomas de una amarga separación.
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