Paolo Gentiloni atiende a los medios en el Consejo Europeo, el 17 de enero.Virginia Mayo (AP)
La campaña del Partido Popular para sembrar dudas sobre la gestión que hace el Gobierno de los fondos de recuperación de la UE se ha dado de bruces este martes, por segunda vez, con el muro de la Comisión Europea: ante una pregunta de la eurodiputada popular Isabel Benjumea, durante una sesión en la Eurocámara, tanto el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, como el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, han cerrado filas y replicado que España, hasta la fecha, ha cumplido con los objetivos pactados, motivo por el cual se convirtió en el único Estado miembro en obtener antes de que acabara 2021 un primer desembolso, de 10.000 millones. Esta decisión “se tomó de manera muy rápida” porque el Gobierno español “ya había ejecutado” muchos de los hitos, ha señalado Gentiloni. Fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PAÍS han valorado que las instituciones comunitarias “hayan vuelto a constatar el cumplimiento de los requisitos y criterios de distribución” de los fondos y que estos no discriminan las autonomías gobernadas por los conservadores.
Esta es la primera vez que el PP de Pablo Casado lleva las dudas y sospechas sobre la gestión del plan español hasta las instituciones europeas, a través de una pregunta en una sesión oficial en el Parlamento Europeo. Pero el asunto lleva días sobrevolando Bruselas. Un portavoz de la Comisión ya había respondido la semana pasada sobre la polémica española, ante preguntas de la prensa. El Ejecutivo comunitario, a través de este representante, desoyó la cuestión al asegurar que es competencia de cada Estado miembro “distribuir los fondos de acuerdo con las reglas fijadas”.
Benjumea ha aprovechado la comparecencia de Gentiloni y Dombrovskis este martes en la Comisión conjunta de Asuntos Económicos y de Empleo de la Eurocámara para cuestionar la puesta en marcha de las reformas por parte del Gobierno y ha reclamado mayor control por parte de Bruselas. “¿Qué medidas concretas va a poner en marcha la Comisión para garantizar que se dé una ejecución real?”, ha interrogado en su intervención. “Ejecución real significa que el dinero llegue a las pymes, a los ciudadanos, a la economía del día a día”, ha señalado, en línea con las críticas habituales de Génova al plan de recuperación español, un paquete de 140.000 millones de euros, repartido a partes iguales entre subvenciones y préstamos. Para su desembolso, hasta 2026, España ha de ir demostrando que va cumpliendo con todas las reformas e inversiones a las que se ha comprometido.
“Es un instrumento basado en los resultados”, ha enfatizado Dombrovskis en su réplica, aportando luz sobre el funcionamiento y supervisión de los planes de recuperación europeos. “Ese dinero se desembolsa cuando se cumplen una serie de objetivos, es decir, cuando los países llevan a cabo la ejecución, la implementación de las inversiones y de las reformas que se han previsto en los planes”. El vicepresidente de la Comisión Europea ha añadido que es al Ejecutivo comunitario a quien corresponde verificar si estos compromisos se han ido cumpliendo correctamente. “Y, si es así, entonces el dinero se pone a disposición”.
Bruselas seguirá de cerca la aplicación de los planes
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Gentiloni ha añadido que Bruselas tiene intención de “seguir de cerca y evaluar” la aplicación de los planes nacionales. “Es fundamental de cara a que se produzca el impacto que tienen que tener […] en la recuperación de nuestra economía”. Y sobre el primer desembolso a España ha especificado que muchos de los objetivos “tenían que ver con decisiones e iniciativas que ya habían ejecutado las autoridades españolas”, algo “que era legal y que también otros Estados miembros han estado haciendo”. Ahora, Bruselas acaba de arrancar “la evaluación de las nuevas reformas y de los nuevos objetivos e hitos, como el mercado laboral y la reforma de las pensiones”, ha mencionado, sin entrar en el contenido. “Pero por supuesto les digo que apoyamos los acuerdos que existen entre los agentes sociales y los distintos actores involucrados”, ha zanjado el comisario de Economía.
Bruselas avaló a principios de diciembre del año pasado la aprobación del primer pago de 10.000 millones de euros a España tras constatar el cumplimiento de 52 compromisos contemplados en el plan de recuperación español, según anunció entonces la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de Next Generation”, dijo Von der Leyen, quedando el desembolso sujeto a la espera de la autorización final por parte de los Estados miembros; esta decisión llegó a finales de diciembre.
Ajeno al poco impacto que sus quejas están recibiendo en Bruselas, el PP insistió este martes en Madrid en hacer de la crítica al reparto de los fondos europeos el argumento central de su labor de oposición al Gobierno. En la reunión de la Diputación Permanente, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pidió que el Congreso fiscalice los fondos a través de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Los populares elevarán un escrito a este órgano de control presupuestario solicitando toda la información sobre la ejecución efectiva de las ayudas en 2021. Gamarra afirmó que la gestión de los fondos es un ejemplo del “peronismo sanchista” y criticó la “instrumentalización oscurantista, arbitraria y partidista” de los mismos. “El presidente del Gobierno utiliza el dinero europeo como si fueran fondos reservados de distribución personalista y discrecional y no un patrimonio nacional que pertenece a todos los españoles y que debe ser repartido de manera objetiva”, denunció la portavoz, informa Elsa García de Blas.
Madrid, con 1.213 millones, insiste en un reparto “ideológico”
El PP no corrige de estrategia pese a los reveses que ha recibido de las instituciones europeas. Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este martes en que el reparto de los fondos por comunidades autónomas es “absolutamente vergonzoso”. El representante de la Comunidad de Madrid ha aludido a “criterios ideológicos”, obviando que Madrid es la tercera autonomía más beneficiadas por el reparto realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto le ha asignado 1.213 millones de euros, lo que representa el 12% de todos los fondos del plan asignados a las comunidades. Madrid denunció en los tribunales el reparto de una partida de 9 millones de fondos en proyectos piloto de empleo juvenil a Euskadi, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que comparecerá a petición propia en el Congreso para informar sobre el proceso de reparto y ejecución de los fondos, tildó el lunes las acusaciones del PP de trato diferente como “una campaña que no tiene ni pies ni cabeza”. Tras acusar al PP de “boicotear” los fondos a España al sembrar dudas sobre el supuesto partidismo con que estaría actuando el Gobierno, Calviño recordó que cuatro de las seis comunidades que más dinero han recibido “son del PP y solo una es socialista”. A 31 de diciembre de 2021 se han asignado a las comunidades 11.151 millones que se destinarán a políticas públicas vinculadas a la transición verde, la digitalización, la ciencia, la cultura, la protección social, el turismo sostenible, el empleo, la educación y formación profesional. Andalucía (PP) encabeza la lista con 1.916 millones. Cataluña (ERC y Junts) es la destinataria de 1.579 millones. La Comunidad Valenciana (PSOE) es la cuarta tras Madrid (1.055 millones). Castilla y León (PP), con 742 millones, y Galicia (PP), con 681, son las siguientes mejor tratadas.
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